La separación de poderes es un principio fundamental que garantiza que ningún poder sea demasiado fuerte y que exista un sistema de control y equilibrio entre ellos, un principio sobre el que se sustenta gran parte de nuestro sistema democrático y que, por lo menos, ha tratado de mantener el poder “a raya”. Ya lo comentaba Montesquieu: “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder”. No cabe duda de que todo ello nos garantiza, o nos ha garantizado, las herramientas necesarias para que, llegado el caso, aquellos que en el ejercicio de su poder se excedan, también fueran hallados culpables. Un mecanismo, si me apuran, contra la corrupción y otros delitos de la clase política.
Sin embargo, y siguiendo la estela indecorosa de la política de estos últimos años, días atrás hemos visto como ciertos individuos han hecho uso de mecanismos políticos para obtener un privilegio, como es el aforamiento de una manera absolutamente oportunista. Un procedimiento que, a pesar de legal, resulta impúdico y desvergonzado. La política ganando la carrera a la justicia. Miguel Ángel Gallardo dimitió como presidente de la Diputación de Badajoz después de incorporarse de forma urgente a la Asamblea de Extremadura como parlamentario. Privilegio conseguido después de obligar a otros compañeros a dimitir. A pesar de ello, Gallardo defiende que el citado aforamiento no busca influir la presente causa, sino que el líder del PSOE de Extremadura pase a formar parte del día a día del debate parlamentario. Y justamente, horas antes de ser sentado en el banquillo por la misma jueza que sentó al hermano del presidente del Gobierno.
En este debate no entramos a debatir acerca de lo justo, o no, que esté siendo el procedimiento judicial en sí, hablamos de la evidente sospecha de una maniobra pensada y orques- tada para evitar al tribunal que venía predeterminado para estas figuras. Un privilegio al que no tenemos acceso el resto de los ciudadanos de a pie porque, si a alguno de nosotros nos cita un juez, no tenemos la alternativa de recurrir a un aforamiento para que nos juzgue otro o, por lo menos, retrasar así la cita donde se valoran nuestras acciones.
¿Se respeta así la separación de poderes? De ninguna manera. ¿Le ha dado el más mínimo reparo o rubor a este señor por tal estrategia? Tampoco. La clase política aprovechando los instrumentos para correr cual liebre campo a través y esquivar las balas. Mecanismos, por cierto, que son cuestionables, tal y como ya han afirmado la mayoría de los partidos, incluso el Partido Socialista Obrero Español hace año, donde incluso se comprometían a eliminar los aforamientos.
Los privilegios políticos y judiciales no son propios de una democracia moderna, debemos limitar o eliminar el acceso a los mismos porque elimina, de raíz, el precepto de “todos los españoles somos iguales ante la ley”. Eliminamos de la ecuación cualquier debate de color político, porque este editorial no trata precisamente de un lado o de otro, se trata del abuso, de los privilegios, y de unos ciudadanos que, a toda vista, tratan de pasar por arriba de otros y ganas la carrera a la justicia.
