Este mes hay muchos temas para poder tratar en esta columna mensual.
Tenemos que comenzar por la Ley del Sí es Sí, que ya fue tratada hace unos meses cuando se tramitaba como proyecto de ley y todavía no había sido publicado en el BOE. Salvo error por mi parte, lo que expuse en aquella columna es que no se modificaban la cuestión del consentimiento pero que existían unas cuestiones técnicas difíciles de explicar. Pues de aquellas lluvias, estos lodos; o, dicho de otra manera, de aquellas cuestiones técnicas difíciles de explicar, estas consecuencias de revisiones de penas.
No me cabe ningún género de duda que todo el mundo tiene su opinión jurídica bien porque la habrá leído o bien porque escuchó diferentes opiniones. Bien de gente que sabe bien o de gente que da opinión sin criterio jurídico alguno.
La realidad es que la ley fue votada a favor por todos los partidos menos PP y Vox, que votaron en contra; y la CUP, que votó abstención.
Lo que se supo después es que había informes de varios organismos consultivos que desaconsejaban la redacción y no he leído que se ocultaron a las comisiones correspondientes, pero esto es más especulación que información. La realidad es que los informes existían con expresa advertencia de las consecuencias de revisión de las condenas en determinadas circunstancias.
La realidad es que las audiencias están revisando las penas conforme a la ley y eso, aunque se modifique la ley, ya no va a poder cambiar por el principio de retroactividad de norma más favorable. No dudo que haya una Sala de una Audiencia que vaya por libre, que en igualdad de circunstancias jurídicas mantenga la pena impuesta y no revise de conformidad con la nueva norma. Sin duda que se aprovecharía por los canales de comunicación habituales para explicar que todos los demás resuelven mal y que es posible otra interpretación. Es como el conductor que va en dirección contraria y llama al teléfono de emergencias diciendo que todo el mundo conduce al revés.
Por otro lado, tenemos la modificación del delito de sedición que se ha colado en las votaciones de esta semana y que implica que si hubiese unos mismo hechos como los que dieron origen al llamado “juicio del proces” los responsables no tendrían las mismas consecuencias penales. Es decir, podrían montar otro show como aquel sin consecuencias. La votación de la reforma del código penal para reformar la sedición es digna de ver. Se le- vantaron todos en pie votando al grito de: ¡sin fisuras!, mientras aplaudían con gran alborozo.
También tenemos en capilla, que diría un taurino, una ley de familia y una ley de maltrato animal. Ésta, con penas desproporcionadas en el marco de derecho comparado europeo. Más madera a la hoguera.
Todas estas cuestiones que vemos a diario en la televisión junto a otras muchas que no trascienden tiene como consecuencia la amenaza más peligrosa para un estado de derecho: la inseguridad jurídica y la arbitrariedad.
De un tiempo a esta parte vemos como se regulan cuestiones con muy mala técnica jurídica de cuyas consecuencias se culpan a los jueces por su interpretación. En caso de la ley del sí es sí, hubo unanimidad de todas las asociaciones de jueces para llegar a la misma conclusión. Es muy bueno que las conclusiones a que llegan todos los jueces sean las mismas. Es muy malo que desde un poder del estado: el ejecutivo, se ataque al poder judicial, por algo que aprobó el poder legislativo. La separación de poderes en España no existe. Esta es una realidad. No hay una democracia plena.
Hay dos poderes: el legislativo/ejecutivo y el judicial. No voy a escribir enfrentados, pero sí posicionados en una dura batalla dialéctica a vida o muerte. No me refiero al Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por los caprichos del legislativo, sino de los jueces de trinchera que están soportando, como si fuera Atlas, el peso de los cielos. El poder judicial es la última trinchera, la última residencia que nos queda del estado de derecho.
La gravedad de la realidad que trasciende al papel, que todo lo aguanta, es que esta semana llevaron a una jueza a un programa de televisión, manipularon sus palabras a través de un corta y pega en un video y lo expandieron por los canales mediáticos a sabiendas que era una manipulación. Da igual. No pasa nada. No existen consecuencias en el mundo de las fake news. No hay moral, decencia ni responsabilidad por las acciones.
Esta es la situación actual: el poder ejecutivo distorsiona la realidad y defiende una ley que fue aprobada en el parlamento por una mayoría amplísima que hoy se esconde. ¿Dónde empieza el Congreso y el Senado y donde acaba el Gobierno? ¿Por qué las críticas se focalizan en la Ministra de Igualdad cuando la norma fue aprobada por una mayoría parlamentaria que solo dejó fuera a PP y VOX.? ¿Es posible diferenciar con nitidez los tres poderes teóricos hoy en día?
En fin, esta columna de actualidad jurídica mensual se tiñe de luto porque el panorama es aciago. Mientras, los concursos de acreedores alcanzan máximos de 2013 y rozan el récord histórico.
