Noelia, ¿diría que las administraciones públicas de Canarias están avanzando realmente en materia de transparencia y en el cumplimiento de estándares de calidad? ¿Cómo se logra garantizar esos niveles en un territorio tan fragmentado y con administraciones tan diversas como el canario?
La verdad es que cuando hablamos de la administración pública canaria estamos hablando, como dices, de instituciones muy distintas entre sí. No es lo mismo una institución que gestiona un volumen elevado de población y servicios, con una estructura administrativa más amplia, que otra cuya escala es mucho más reducida y opera con recursos y equipos más limitados. Cada una afronta retos distintos y proporcionales a su tamaño y capacidad.. Aun así, si miramos el conjunto y hacemos balance, hay que recordar que el Comisionado de Transparencia tiene dos funciones principales.
Por un lado, evaluamos los portales de transparencia, es decir, comprobamos que las instituciones públicas cumplan con sus obligaciones de publicar información para que cualquier ciudadano pueda consultarla. Y por otro, garantizamos el derecho de acceso a la información: si un ciudadano pide datos a un ayuntamiento, a un cabildo, a quien sea, y no le responden en 30 días, puede reclamar al Comisionado.
Entonces, ¿somos más transparentes que hace diez años? Yo diría que sí, y los datos lo demuestran. ¿Somos tan transparentes como nos gustaría? Probablemente no. En lo que tiene que ver con los portales de transparencia, las instituciones han hecho un esfuerzo enorme: al principio la mayoría suspendía y ahora casi todas aprueban; de hecho, solo un ayuntamiento, muy pequeño, sigue sin cumplir del todo.
Pero también es cierto que seguimos teniendo un déficit en el derecho de acceso a la información. Todavía a muchas entidades les cuesta responder a las solicitudes que hace la ciudadanía, y por eso recibimos las reclamaciones
que recibimos.
Es interesante, Noelia, porque el derecho de acceso a la información sigue siendo un gran desconocido para mucha gente. Al final, es una herramienta que funciona casi como un servicio para la ciudadanía, una manera de defender su derecho a saber qué está pasando en cada administración y de acompañarlo en ese proceso.
Sí. Es verdad que cada vez las instituciones tienen portales de transparencia más completos, con toda la información obligatoria. Pero también es cierto que todavía nos falta dar un paso importante —y ese es uno de nuestros grandes retos—: que la ciudadanía conozca realmente toda la información que ya está ahí. Desde presupuestos hasta proyectos, convenios… En definitiva, que cuando alguien tenga una duda sobre una administración, lo primero que haga sea entrar en su portal de transparencia. Esa cultura todavía no está del todo asentada.
Aun así, garantizar el derecho de acceso a la información es clave. Hablamos de cosas muy concretas que a la gente le interesan en su día a día: qué se va a hacer en su calle, cuánto ha costado una fiesta, cuánto ha costado un proyecto, cuántas modificaciones de crédito ha habido… Preguntas que todos hacemos en conversaciones con amigos o en un bar.
Este año, por ejemplo, empezamos a evaluar a sindicatos, partidos políticos y patronales. Y algunos sindicatos nos decían: «Pero si nosotros no recibimos subvenciones públicas». Y justamente eso es lo importante: que la ciudadanía sepa que la mayoría de los sindicatos no viven de subvenciones, sino de
las cuotas de sus afiliados. Esa información es clave para opinar con fundamento, sobre todo en un momento en el que cada día circulan tantas informaciones incorrectas. Tener una fuente fiable es más importante que nunca.
¿Influye el tamaño de un ayuntamiento o de una institución en su capacidad para cumplir con las obligaciones de transparencia, o no necesariamente?
No, no necesariamente. No siempre el tamaño de una institución está relacionado con su nivel de transparencia. De hecho, el jueves pasado entregábamos los premios por los diez años del Comisionado y vimos ejemplos muy claros: ayuntamientos como Santiago del Teide o Breña Baja, que no cuentan con una estructura especialmente amplia, recibieron un premio de plata. En cambio, otros ayuntamientos con más recursos y más organización no obtuvieron ningún reconocimiento. O el caso del Ayuntamiento de Los Realejos, que se llevó el oro porque tanto el ayuntamiento como sus empresas públicas han sacado un 10 durante cinco o seis años seguidos.
¿Qué queremos demostrar con esto? Que lo importante es la cultura de la transparencia. Cuando un grupo de gobierno se lo cree de verdad y lo incorpora a su manera de trabajar, se nota. Muchas entidades nos dicen que no tienen personal suficiente, y claro, ese es un problema, pero por eso es clave integrar la transparencia en el día a día. No debe ser un examen al que nos preparamos una vez al año. Si el ayuntamiento hace un contrato, lo lógico es que la persona que lo tramita lo suba directamente al portal de transparencia. No que esperemos a que llegue la evaluación del Comisionado para correr, ponerlo todo patas arriba y publicar de golpe la información que debería estar ahí de forma continua.
“Las
administraciones
públicas de
Canarias avanzan
en transparencia”
Mencionabas antes los premios que se celebraron hace apenas unos días, unos reconocimientos a la trayectoria que han ido construyendo muchas instituciones en materia de transparencia. Fue un acto en el que vimos a numerosas entidades subir orgullosas a recoger su premio, reflejando que cada vez son más las que entienden que la transparencia no es algo opcional, sino un deber con la ciudadanía. ¿Qué destacarías de ese evento y del papel que están jugando estas instituciones en su compromiso con la transparencia?
Sobre todo, lo que vemos es que las instituciones se están dando cuenta de que cumplir con la transparencia no es solo una obligación, sino que también ayuda a reconciliarse con la ciudadanía. Cuando una institución trabaja con las puertas abiertas, cuando la ciudadanía pregunta y obtiene una respuesta, cuando toda la información que debe estar publicada realmente está disponible, desaparecen esas “puertas cerradas” y la relación entre administración y ciudadanía se vuelve mucho más cercana.
Yo valoro especialmente algo que me llamó mucho la atención. Este año celebramos los 10 años del Comisionado de Transparencia y, aunque tuvimos que poner un límite, acabamos entregando más de 70 premios a diferentes entidades. Pero lo más significativo fue que, cuando llamábamos para invitarlas, lo primero que nos preguntaban era cuántas personas podían asistir. No quería venir solo el responsable principal, sino todo el equipo que había trabajado en ello. Eso demuestra que la transparencia no es cosa de una sola persona: es un esfuerzo colectivo, integrado en el día a día.
Y eso es lo que quería poner en valor: el trabajo que supone para las entidades asumir ese compromiso. Y no solo las instituciones públicas; también las privadas estaban muy orgullosas y con muchas ganas de participar.
Precisamente, cada vez vemos más entidades privadas —incluidas asociaciones y organizaciones patronales— que son plenamente conscientes de la importancia de la transparencia.
Sobre todo, porque las entidades privadas que reciben fondos públicos —más de 60.000 euros si vienen de la Comunidad Autónoma o más de 100.000 si proceden de varias administraciones— también están obligadas a cumplir con la transparencia. Y lo cierto es que muchas de ellas están dando un ejemplo magnífico. Ahí están, por ejemplo, la entidad APREME, de Icod de los Vinos, que se llevó el oro, o la Federación de Salud Mental, entre otras. Son organizaciones con mucho trabajo y mucha experiencia detrás.
Y eso es lo que quiero destacar: el esfuerzo que hacen. Para una institución pública ya puede ser complicado cumplir con todas las obligaciones, pero para una pequeña entidad privada que gestiona fondos públicos el reto es aún mayor. Por eso es tan importante reconocer el trabajo de las que recibieron premio, pero también el de aquellas que, aunque no lo obtuvieron, han mejorado muchísimo. Muchas empezaron suspendiendo y hoy tienen notas de 8 o 9 en las evaluaciones del Comisionado.
La intención es seguir consolidando estos premios cada año, porque es una forma de poner en valor el trabajo continuo que se hace en materia de transparencia.
Ya llevamos más de dos años de legislatura contigo al frente del Comisionado de Transparencia. Durante este tiempo, se han consolidado varias iniciativas y avances en materia de transparencia y acceso a la información. De cara a lo que queda de mandato, ¿qué podemos esperar de estos próximos dos años? ¿Cuáles son tus principales líneas de trabajo y objetivos prioritarios?
El Comisionado de Transparencia no funciona con los mismos tiempos que el Gobierno. Nosotros somos elegidos por el Parlamento de Canarias, con el apoyo de tres quintos de sus miembros, y también por instituciones como la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo o la Diputación del Común. Nuestra legislatura dura cinco años y, aunque llevamos apenas un año y medio en este mandato, desde el principio lo que quise fue hacer un diagnóstico: ver dónde estábamos, cómo estábamos trabajando y hacia dónde queríamos ir. Para eso, hemos hecho un trabajo intenso dentro de la institución, pero también con ayuda externa, y hemos elaborado un plan estratégico que en las próximas semanas presentaremos al Parlamento para su aprobación. Ahí queda clara nuestra hoja de ruta.
Lo más importante para mí es visibilizar aún más la figura del Comisionado de Transparencia. Queremos que la ciudadanía —ya sea un vecino de Morro Jable, alguien de Frontera, de Icod de los Vinos, de Guía de Isora o de la aldea de San Nicolás— sepa quiénes somos y qué derechos tiene a través del Comisionado. Esa es nuestra obsesión.
En estos diez años, la valoración del trabajo realizado es muy positiva. Hemos hecho un esfuerzo interno enorme que ha posicionado al Comisionado de Transparencia como un ejemplo a seguir en España. De hecho, recientemente nos visitaron responsables de órganos garantes de otras comunidades autónomas y el Presidente del Consejo Estatal, interesados en conocer nuestros procedimientos y herramientas. Incluso el País Vasco, que no tiene un órgano garante como tal, nos pidió información sobre cómo trabajamos.
Así que, además de mejorar continuamente nuestro trabajo interno, nuestro objetivo principal sigue siendo acercarnos a la ciudadanía. No queremos ser una institución lejana, encerrada en el Parlamento, sino un recurso real para que la ciudadanía sepa qué ocurre en sus instituciones.
Es la primera vez que el Comisionado de Transparencia tendrá un plan estratégico, ¿no?
Sí, es el primer plan estratégico del Comisionado de Transparencia, y la verdad es que me parece muy útil. Porque en el día a día uno va haciendo cosas, pero tener una hoja de ruta clara, plasmada en un documento y con el visto bueno del Parlamento de Canarias, además de poder incorporar sugerencias de otras entidades, nos ayuda muchísimo. Nos sirve no solo para evaluar lo que tenemos y hacia dónde vamos, sino también para mirar atrás y valorar lo que ya hemos hecho, porque al final, nosotros también tenemos que ser evaluados.
Me imagino que debe ser todo un orgullo que el Comisionado de Transparencia de Canarias sirva de ejemplo para otras comunidades autónomas que no cuentan con un órgano garante, ¿verdad?
La verdad es que sí. El año pasado, yo tomé posesión en mayo de 2024, y ya en septiembre nos invitaron desde el Ayuntamiento de Madrid a participar en una jornada, precisamente por la trayectoria del Comisionado de Canarias. Además, recientemente el Comisionado de Transparencia de Canarias presidió los premios InnovaLoc de la Federación Española de Municipios y Provincias, también en reconocimiento a esa trayectoria.
Creo que Canarias puede sentirse orgullosa de este órgano garante. Y, al mismo tiempo, no perdemos de vista nuestro objetivo de seguir mejorando, de seguir siendo líderes e incluso de mirar más allá, hacia lo internacional. Hay muchas regiones en el mundo donde la falta de transparencia es evidente, África está muy cerca, y podemos ser una especie de punta de lanza, compartiendo nuestra experiencia y ayudando a otros territorios a mejorar en este ámbito.
“Somos más
transparentes que
hace diez años, pero
aún queda camino”
Noelia, me quedo con muchas cosas interesantes de esta entrevista, sobre todo con la defensa del derecho a la información para la ciudadanía. Creo que todos tenemos que contribuir a ello, incluidos los medios de comunicación, para que esta figura trascienda y la ciudadanía sepa que tiene un aliado a su lado.
También destaco la labor de las instituciones canarias, que poco a poco van mejorando y mostrando que la transparencia es una obligación no solo legal, sino también moral y ética frente a los ciudadanos. Y, por supuesto, me impresiona la posibilidad de internacionalización y de que Canarias sea un referente en este ámbito, algo que es un orgullo no solo para este Comisionado, sino para todos los canarios.
Ahora mismo, el Gobierno de Canarias está tramitando la nueva ley de transparencia. Aún no conocemos el borrador, pero esperamos poder revisarlo en breve. Es cierto que se introducirán algunas modificaciones, siempre con el objetivo de seguir mejorando la transparencia, y especialmente reforzando el derecho de los periodistas de acceder a la información, un elemento fundamental para garantizar una comunicación veraz.
Así que, cuando lo necesiten, no duden en usarlo. Y, sobre todo, muchísimas gracias por contribuir a que la figura del Comisionado llegue a toda la ciudadanía.
