El inicio de la década de los veinte del presente siglo ha estado marcado por la incertidumbre derivada de los acontecimientos acaecidos a nivel nacional e internacional. Las distorsiones que estos crearon sobre los mercados y cadenas de suministros aún persisten, lo que afecta de forma directa a la competitividad de nuestro tejido empresarial y al poder adquisitivo de las familias. Es por ello que de los líderes políticos se espera que pongan en marcha medidas transversales que incidan directamente en los problemas que causa estos desajustes, además de impulsar la culminación de proyectos clave para las Islas y la competitividad de las mismas.
En 2023 se inició la recuperación de la economía canaria, impulsada por la actividad turística; sin embargo, ya se aprecia una desaceleración en el ritmo de la misma, y los expertos apuestan por que esta moderación del ritmo de expansión de la actividad continúe, consecuencia de las estrictas condiciones financieras que han imperado en el pasado reciente. En Canarias, además, los retos globales se acentúan debido a los déficits estructurales con los que cuentan las islas: altas tasas de paro, descenso paulatino de la productividad y la evolución del absentismo, entre otros. Sin la inclusión en el articulado de medidas eficientes encaminadas a la simplificación administrativa, al control del absentismo y la mejora de la productividad… la economía no contará con un contexto regulatorio-institucional más favorable para su recuperación del que ha tenido hasta ahora.
Una de las asignaturas pendientes del mercado de trabajo canario sigue siendo la evolución en el número de horas trabajadas, que no corresponde con el crecimiento de la población ocupada, dando como resultado un descenso en la productividad aparente del trabajo entre 2019 y 2022 del 3,99%. Además, se mantienen las dificultades para la contratación de personal para responder a las mayores necesidades operativas. Canarias tiene la oportunidad de seguir avanzando, buscando la excelencia productiva y competitiva centrada en un incremento de la productividad de la población trabajadora, a través de la adecuación de la oferta formativa a las necesidades del mercado y de un mayor control sobre el absentismo laboral. En este contexto se enmarca la elaboración de la Ley de Presupuestos Generales de Canarias 2024, un marco en el que se encaja también la suspensión de las reglas de gasto, en medio de un historial de gestión bastante mejorable de los fondos europeos y nacionales.
El análisis de los recursos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024 reflejan un incremento de un 8,24% respecto de los iniciales consolidados de 2023. Destaca enormemente que los impuestos indirectos se incrementan un 9,94% (unos 179,25 millones de euros más), a pesar de la promesa electoral de reducción del IGIC; asimismo, a pesar del descenso en la partida de los impuestos directos, la Tarifa Autonómica del IRPF aumenta un 5,83% hasta llegar a los 1.870.856.251 euros. Y en cuanto a las transferencias, las corrientes se configuran como la partida con mayor peso respecto al total de ingresos, aumentando un 13,12% respecto al periodo anterior, lo que le hace perder autonomía financiera; las transferencias de capital, por su parte, también se ven incrementadas, en 177,62 millones de euros más respecto al presupuesto anterior, lo cual, si se acompaña de una buena gestión, mejorará el músculo inversor de la administración pública.
Si nos centramos ahora en los gastos, el crédito inicial que fija el Presupuesto del Gobierno autonómico asciende a 11.301.378.054 euros, tras registrar un aumento de un 11,01% respecto al presupuesto inicial ajustado de 2023. En términos absolutos, el mayor incremento lo experimenta el capítulo I, gastos de personal, con un aumento de 336,98 millones de euros, lo que representa un 8,18%, siendo su importe total para 2024 de 4.455,54 millones de euros. Destaca también el incremento de los créditos destinados a las operaciones de capital, experimentando el capítulo VI, de inversiones reales, un incremento del 5,29%, alcanzando la cifra de 1.018,73 millones de euros.
Por secciones, destaca lo siguiente:
- El incremento más destacado se presenta en el presupuesto que se destina a la Deuda Pública, el cual asciende a 48.571.021 euros, con un incremento de un 100,49% respecto a 2023.
- En segundo lugar, se encuentra las partidas correspondientes a Transición Ecológica y Energía, tras crecer en un 57,49%, dejando la cifra final en 107,9 millones de euros.
- Turismo y Empleo menguan su participación, tras decrecer en un 1,16% respecto a 2023, dejando la cuantía presupuestada final para 2024 en 487.732.000 euros.
- La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad dispone en el ejercicio 2024, en términos consolidados, de un crédito total de 659,93 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,65%. Este incremento se sustenta en el aumento del capítulo VI de inversiones reales, que incrementa en 131,33 millones de euros sus créditos, consecuencia, fundamentalmente, del aumento de las partidas presupuestarias destinadas a financiar el Convenio en materia de carreteras 2018-2027, para el que se consignan 355,01 millones euros en el ejercicio 2024. Los créditos del capítulo de transferencias corrientes, con importe de 135,80 millones de euros, vuelve a concentrarse, como en ejercicios anteriores, en los créditos destinados a la financiación del sistema de transporte terrestre público regular de viajeros y en los créditos para la compensación al transporte marítimo interinsular de residentes en Canarias.
- La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria dispone para el ejercicio 2024, en términos consolidados, de un crédito inicial de 144,34 millones de euros, disminuyendo un 14,51% respecto al crédito inicial de 2023.
- El presupuesto de gastos de Economía, Industria, Comercio y Autónomos se concentra en las transferencias de capital (capítulo VII), con un 43,6% del total, equivalente a 34.467.616 euros, lo que supone un descenso del 49,8% respecto del año 2023. A continuación, se sitúan los créditos iniciales de los capítulos I (Gasto de personal) y IV (Transferencias Corrientes), con unas cuantías de 15.490.307 euros y 14.538.259 euros, respectivamente, lo que supone un 19,6% y un 18,4%, respectivamente. Con representaciones similares, se encuentran las partidas presupuestarias de los capítulos VIII (Activos financieros); 7,6%, VI (Inversiones Reales); 6,5%, y II (Gastos corrientes en bienes y servicios); 4,5%.
El proyecto de ley se basa en unas expectativas de crecimiento excesivamente optimistas. Además, se pretende hacer una administración más dimensionada, pero con efectos tractores sobre el resto de la sociedad menos intensos. Esto genera ciertas dudas en materia de gestión, y sobre si la misma se realizará con la agilidad que la economía privada necesita. Es deber de la Administración facilitar, en la medida de lo posible, el desarrollo de la actividad privada como principal generadora de riqueza para las Islas. Esto incluye también cumplir con las promesas hechas a la ciudadanía y al tejido empresarial, lo que generaría confianza y seguridad; como la promesa de bajar el IGIC y combatir decididamente la economía sumergida, medida que estimularía la demanda y el consumo que, junto a una alta ejecución presupuestaria, sobre todo en materia de transferencias de fondos e inversiones, ayudarían a reactivar la necesaria recuperación económica.
