Como secretario general de Asuican, he tenido la oportunidad de observar de cerca la evolución del sector de la distribución alimentaria en Canarias. No cabe duda de que hemos demostrado una notable capacidad de adaptación y resistencia ante los desafíos que hemos enfrentado en los últimos años. En un contexto en el que la población de nuestras islas sigue creciendo, me siento optimista respecto a las perspectivas para el año 2025. Este crecimiento no es casual; responde a la evolución natural del mercado, donde el supermercado se ha consolidado como el lugar preferido por los consumidores para realizar sus compras diarias.
Un año de esperanza
Al mirar hacia el futuro, creo que 2025 se perfila como un año de mayor tranquilidad en términos económicos. El IPC de los alimentos ha ido descendiendo de forma considerable, lo que se traduce en una moderación de los precios. De hecho, el IPC de alimentos ya se encuentra por debajo del IPC general, lo cual es un indicativo positivo para nuestro sector. Si no surgen situaciones externas que compliquen la actividad económica, tengo la esperanza de que este año sea positivo para todos en las islas.
Desafíos normativos
Sin embargo, no podemos ignorar los obstáculos que se presentan en nuestro camino hacia un crecimiento sostenible. La presión normativa ha aumentado de manera alarmante, creando un entorno burocrático que dificulta la operativa de nuestras empresas. En 2024, se registraron 1.253 nuevas normas o modificaciones, lo que representa un promedio de 3,4 normas al día. Esto es totalmente inasumible. La mayoría de estas regulaciones provienen de la legislación europea y de las comunidades autónomas, y esta proliferación de normativas no solo afecta a las empresas, sino que también repercute directamente en el consumidor final.
Es fundamental que entendamos que esta presión legislativa implica costos que, al final, se trasladan al precio de los productos de alimentación y a la actividad económica en general. La complejidad de la normativa y la falta de recursos para su implementación generan un ambiente en el que tanto las empresas como las administraciones se ven abrumadas.
Un llamado a la acción
Desde Asuican, nuestra acción prioritaria es convencer a los gobiernos, tanto autonómicos como nacionales y europeos, de la necesidad de simplificar el marco normativo. No podemos seguir con este nivel de normativa continua, ya que perjudica a las empresas y, por ende, a la sociedad. Aunque parece que los gobiernos son conscientes de la situación, en la práctica, la presión normativa sigue creciendo.
Desde 2019, hemos visto un aumento notable en los impactos normativos, especialmente en cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Este constante flujo de regulaciones crea una maraña burocrática que ralentiza la operativa empresarial y desincentiva la inversión. Estamos hablando de tres normas nuevas cada día. Imagínese el tiempo y los recursos que tenemos que dedicar a analizarlas e implementarlas.
Un futuro incierto
Con el horizonte claro, no puedo evitar sentir preocupación por la falta de voluntad política para reducir esta carga legislativa. No vemos realmente la intención de los gobiernos en todos los niveles de disminuir la capacidad legislativa o de aprovechar nuevas normativas para derogar las anteriores. Si esta situación no se aborda, podríamos enfrentarnos a un incremento de los costos y a un encarecimiento generalizado de los precios en la actividad económica.
Mientras nos preparamos para enfrentar un nuevo año en el sector de distribución alimentaria en Canarias, creo firmemente que la resiliencia de nuestras empresas y la colaboración con las administraciones serán clave para superar estos desafíos. La esperanza de un 2025 positivo está presente, pero dependerá de nuestra capacidad para trabajar juntos y encontrar un equilibrio que beneficie tanto a las empresas como a los consumidores. Es hora de unir esfuerzos y avanzar hacia un futuro más claro y prometedor para todos.
