¿Cómo ha evolucionado la situación laboral de los docentes en Canarias durante los últimos años, y qué retos considera que siguen siendo prioritarios para mejorar las condiciones de trabajo en el sector educativo?
Resulta innegable que el ejercicio de la docencia ha cambiado sustancialmente en los últimos años. A la jornada laboral tradicional se ha añadido una importante carga de tareas no docentes, entre las que destaca el aumento de la burocracia. El profesorado debe aplicar numerosos protocolos —relativos al acoso, la gestión de conflictos, el ciberacoso, las altas temperaturas o la prevención del suicidio—, algunos de ellos de gran sensibilidad y que requieren la intervención de profesionales especializados. Sin embargo, la formación recibida en estos ámbitos resulta claramente insuficiente para asumir una responsabilidad de tal magnitud.
A ello se suman los planes de digitalización, la recepción habitual de comunicaciones fuera del horario laboral y la exigencia de manejar procedimientos administrativos complejos, como los relacionados con reclamaciones. Estas obligaciones, inexistentes en etapas anteriores, generan una sobrecarga que reduce de forma significativa el tiempo disponible para preparar e impartir una enseñanza de calidad.
Asimismo, el clima en las aulas ha experimentado un notable deterioro, normalizándose conductas como las faltas de respeto reiteradas, las interrupciones constantes, las amenazas y, en algunos casos, las agresiones verbales o físicas. Esta situación, vinculada al cuestionamiento continuo de la autoridad docente, provoca que una parte sustancial del tiempo lectivo se destine a la gestión de conflictos en detrimento de la labor educativa.
Dadas estás situaciones en el aula, ¿qué iniciativas considera prioritarias para mejorar la salud laboral y el bienestar emocional de los docentes en Canarias, y cómo puede el sindicato influir en estas políticas?
La salud laboral y el bienestar emocional del profesorado en Canarias se han convertido en una cuestión prioritaria y urgente. En los últimos años hemos asistido a un aumento claro del desgaste profesional y del estrés, que derivan en problemas de salud mental. Esto se debe a la sobrecarga de trabajo, la burocratización, la inestabilidad laboral —especialmente con los procesos de estabilización de interinos— y la falta de reconocimiento social e institucional.
Muchas veces el bienestar emocional del docente se da por sentado porque es una profesión vocacional, pero la realidad es que debe haber condiciones dignas. Si no hay una reducción real de ratios, será complicado dar clases como se debe, el desgaste personal no es el mismo con 30 alumnos que con 18. Por último, habría que reforzar los servicios de prevención de riesgos laborales incorporando una dimensión psicosocial, permitiendo que los docentes accedan a apoyo psicológico especializado dentro de su horario laboral.
Por otro lado, ¿cuál es su visión sobre la formación continua en Canarias y cómo puede el sistema educativo y el sindicato colaborar para garantizar que los docentes tengan acceso a capacitaciones actualizadas y significativas?
La formación continua es un pilar esencial para la mejora del sistema educativo público. La visión es clara: la formación permanente del profesorado es un derecho y una responsabilidad de la Administración, y no puede convertirse en una carga añadida que dependa del tiempo personal ni del esfuerzo individual de los docentes.
Para garantizar una formación verdaderamente significativa, resulta imprescindible que esté vinculada a la práctica docente, al trabajo diario en el aula y a la diversidad del alumnado. Esto implica apostar por itinerarios formativos flexibles, con reconocimiento profesional, que aborden cuestiones como la atención a la diversidad, la inclusión, la competencia digital crítica —fundamental ante las fake news— y la salud emocional. Asimismo, la planificación debe ser participativa, dando voz al profesorado en la definición de prioridades. Invertir en formación continua de calidad no es un gasto, sino una apuesta estratégica.
Desde su experiencia en STEC, ¿cómo evalúa la incorporación de la tecnología en las aulas canarias y qué medidas considera necesarias para que esta digitalización sea realmente inclusiva y útil para los docentes y el alumnado?
Para que la digitalización sea inclusiva es imprescindible garantizar una formación permanente, práctica y contextualizada, no basada únicamente en cursos teóricos. Esto está directamente relacionado con la reducción de ratios y de la carga burocrática, ya que la innovación educativa requiere tiempo para planificar y experimentar.
También consideramos vital que haya infraestructuras estables y conectividad viable. Llevamos años sufriendo caídas constantes de los servidores de la Consejería en periodos críticos, como evaluaciones o concursos de traslados. Lo más grave es que esto afecta a la docencia: en la última ola de calor, no se pudo llevar a cabo la docencia online porque los servidores no aguantaron la carga. De poco sirve que el alumnado tenga dispositivos si la infraestructura falla.
No debemos de olvidar que llegar la enseñanza a todo el alumnado es el principal reto, por lo que, ¿qué estrategias cree que son más efectivas especialmente en aquellos con necesidades educativas especiales o procedentes de entornos vulnerables?
Dada la dispersión geográfica de las islas, atender a estos colectivos requiere políticas educativas estructurales, sostenidas en el tiempo y centradas en la equidad, por encima del signo político que gobierne. Es fundamental reforzar la atención a la diversidad con recursos humanos suficientes, aumentando de manera real y estable el número de docentes de apoyo, especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y orientación. Hay un acuerdo firmado antes del verano que todavía no se está cumpliendo.
La inclusión no puede sostenerse cuando un solo docente atiende a grupos masificados. La otra pata es apostar por metodologías flexibles que reconozcan los distintos ritmos de aprendizaje. La tecnología puede ayudar, pero si no se hace con criterios pedagógicos y acceso universal, existe el riesgo de ampliar las desigualdades. Las estrategias más efectivas son las que se construyen desde abajo, escuchando al profesorado y con una clara voluntad política.
“No podemos hablar de bienestar docente con aulas masificadas y plantillas inestables”
Teniendo en cuenta, todos los problemas que hemos hablado, ¿cómo cree que puede fortalecerse el papel de los sindicatos como STEC en la construcción de políticas educativas más justas y efectivas, y qué desafíos enfrenta esta participación en el contexto actual?
Todo pasa por reconocer la legitimidad de los sindicatos como agentes sociales y educativos, no solo como interlocutores laborales. Aportamos la visión que nace de la experiencia cotidiana en las aulas. Para avanzar, es fundamental reforzar los espacios reales de diálogo y negociación; la participación sindical tiene que ser vinculante, no meramente formal. Las políticas educativas deben diseñarse con quienes las aplican para evitar el rechazo y el fracaso de las reformas.
Además, percibimos una tendencia a la deslegitimación del sindicalismo, agravada porque las condiciones laborales de los docentes han empeorado. La defensa de la educación pública y de calidad debe ser un objetivo compartido por toda la sociedad, al margen de las políticas neoliberales que buscan infrafinanciar el sistema público para promover el privado.
De cara a 2026, ¿cuáles son los objetivos prioritarios que STEC se plantea para mejorar la educación en Canarias y qué retos considera más urgentes de afrontar, tanto en lo laboral para el profesorado como en la calidad educativa para el alumnado?
Uno de los retos más urgentes es la reducción de ratios en todas las etapas, especialmente en las de mayor complejidad social. También es prioritario estabilizar las plantillas garantizando procesos de acceso justos, ya que el actual sistema de oposiciones genera mucha interinidad, y reducir la carga burocrática para que el profesorado se centre en la pedagogía.
En el ámbito laboral, persiste una grave pérdida del poder adquisitivo acumulado, superior al 24% en la última década. La última subida pactada a nivel nacional del 11% no compensa esta pérdida ni la falta de actualización de complementos y pagas extras.
En cuanto a la calidad educativa, apostamos por reforzar la atención a la diversidad aumentando plantillas y recursos. Y, finalmente, es inaceptable que sigan existiendo barracones y aulas improvisadas, especialmente en zonas como el sur de Tenerife. La solución pasa por una mayor inversión pública: exigimos que el Gobierno de Canarias cumpla con la Ley Canaria de Educación y destine el 5% del PIB a educación, algo que año tras año se incumple.
