La sostenibilidad en el sistema alimentario se ha convertido en uno de los grandes ejes de la política económica y regulatoria europea. Sin embargo, para que este objetivo sea alcanzable y eficaz, es imprescindible abordarlo desde un enfoque equilibrado que integre tres dimensiones inseparables: la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la viabilidad económica de la cadena de valor.
Desde la distribución alimentaria, y en particular desde ASUICAN, defendemos que la sostenibilidad no puede analizarse de forma aislada ni aplicarse mediante medidas uniformes que ignoren la realidad operativa del sector y los hábitos de consumo. Un ejemplo claro lo encontramos en el RD 1055/2022 de 27 de diciembre de 2022 normativa de envases y residuos de envases, que introduce entre otras restricciones la definida en el Artículo 7 apartado 4 a), como la prohibición de comercializar frutas y hortalizas envasadas en formatos inferiores a 1,5 kilos. Aunque el objetivo medioambiental es comprensible, su aplicación estricta plantea disfunciones evidentes.
Productos altamente perecederos, como las fresas, se comercializan tradicionalmente en formatos de 250 gramos o medio kilo por una razón de prevención del desperdicio alimentario: requieren protección para mantener su calidad, reducir mermas y evitar pérdidas a lo largo de la cadena. Prescindir del envase en estos casos no solo incrementa el riesgo de deterioro, sino que puede provocar un aumento del desperdicio alimentario, con el consiguiente impacto económico y medio ambiental. La sostenibilidad, por tanto, debe evaluarse también en términos de eficiencia y seguridad.
A esta realidad se suma el impacto directo que muchas medidas medioambientales tienen sobre los costes empresariales. La sustitución de materiales convencionales por alternativas biodegradables, compostables o recicladas afecta al precio, a la resistencia del envase y a la logística diaria de los supermercados.
Estos sobrecostes, en muchos casos inevitables, terminan impactando en la estructura de precios del sector, lo que obliga a reflexionar sobre la sostenibilidad económica del modelo y su incidencia en la evolución de los precios de los alimentos.
Conviene recordar que el desperdicio alimentario no se concentra en la distribución, tal y como se expresa en el preámbulo de la ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Las cifras disponibles es que en la Unión Europea se calcula que un 40 % del desperdicio se concentra en el consumidor y otro tanto en la transformación y fabricación, siendo del 15 % en la restauración y del 5 % en la distribución. Aun así, el sector ha realizado importantes inversiones en tecnología e innovación para minimizar pérdidas: sistemas de previsión de demanda, control de stocks, gestión de fechas de consumo y herramientas basadas en Big Data e inteligencia artificial permiten ajustar la oferta y mejorar la eficiencia operativa.
El marco regulatorio en general ha avanzado con rapidez y exceso en los últimos años, en el año 2025 hemos padecido un total de 1.411 nuevas normas o modificaciones (lo que supone una media de 3,8 normas diarias) incorporando multitud de obligaciones como pueden ser la diligencia debida en las cadenas de suministro, la reducción del uso de plásticos o la generalización de bolsas biodegradables.
¿Pero de donde viene tanta legislación? las 1.411 normas o modificaciones provienen de Europa 453 – CCAA 547 – Ayuntamientos principales 85 – Estado Central 326; de este total un tercio corresponden a normativa medioambiental, siendo con diferencia la que más legislación genera.
No obstante, la eficacia de estas medidas depende en gran medida de que existan infraestructuras adecuadas. Sin estos elementos, el riesgo es generar costes adicionales sin alcanzar plenamente los objetivos ambientales perseguidos.
La transformación del sector de la distribución es, en cualquier caso, un hecho. Los supermercados actuales poco tienen que ver con los de hace una década: mobiliario más eficiente energéticamente, etiquetas electrónicas, automatización de procesos y análisis avanzado de datos permiten una gestión más precisa de los recursos, reducen mermas y mejoran la experiencia del consumidor, manteniendo elevados estándares de calidad y seguridad alimentaria.
En definitiva, avanzar hacia un sistema alimentario sostenible exige combinar ambición ambiental con realismo económico. La regulación debe fomentar la reducción del impacto ambiental y del desperdicio sin comprometer la seguridad de los alimentos ni la competitividad de un sector estratégico para la economía. Solo desde ese equilibrio será posible consolidar un modelo sostenible, eficiente y socialmente responsable.
