El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, anunció este miércoles 22 de noviembre que se le ha comunicado al Ayuntamiento la concesión de una subvención directa por parte del Cabildo de Tenerife por importe de 108.626,21 euros para el apoyo y compensación de gran parte de los gastos ocasionados con motivo del gran incendio forestal de este último verano.
“Agradezco personalmente a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a su vicepresidente primero, Lope Afonso, y a su consejera insular de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, pues han mostrado total sensibilidad con las localidades afectadas por este incendio y tras escucharnos han cumplido con su palabra de materializar ayudas económicas directas a través de subvención”, declaró el alcalde.
Añadió el edil realejero que “es la primera vez que se compensa económicamente a los municipios afectados por un suceso de este tipo por parte de la administración insular para hacer frente a gastos derivados de la atención de esta emergencia, por lo que hemos de poner en valor este gesto por parte del Cabildo de Tenerife”.
Señaló el representante realejero “que, desde la transversalidad y coordinación técnica de diferentes áreas municipales, se ha hecho previamente un exhaustivo informe valorando y contabilizando cada uno de los gastos ocasionados con motivo de la referida situación de la emergencia, de los que el Cabildo de Tenerife asume con este compromiso gran parte de ellos, complementándose con otros gastos que directamente cubre el propio Ayuntamiento de Los Realejos”.
Detalló Adolfo González como gastos subvencionables por esta ayuda insular “los concernientes al agua empleada en labores de extinción, los de combustible, los de horas extraordinarias de personal público, gastos de alojamiento y traslado de personas evacuadas, así como su avituallamiento, o por servicios de organización y atención a las personas, además de los gastos derivados de traslado y alimentación de animales, entre otros”.
En este sentido, el alcalde de Los Realejos sentenció “la importancia de la coordinación y cooperación entre administraciones en todas las fases de las emergencias, desde los dispositivos de prevención, pasando por las tareas de atención de la propia emergencia, así como por la cobertura de los servicios y los gastos que se deriven de ella de principio a fin”.
