En nuestro país se está produciendo una compleja situación sobrevenida por los agricultores y ganaderos. Las manifestaciones que hemos ido viendo, no en Canarias, ni tan solo en península, sino en todo el contexto de Europa vienen determinadas por la necesidad que tiene el sector agrícola dentro de dos aspectos complejos:
1. La disminución de la producción.
Desgraciadamente, a nivel general, las grandes sequías que se están produciendo hacen que la disminución en la producción sean importantísima, en algunos productos llegando al 50%. Además, a todo ello se le añade el incremento de costes de los insumos. Afortunadamente, ya comienzan a bajar los costes de determinados insumos como pueden ser los piensos, abonos o fertilizantes. No obstante, las situaciones de guerra siguen vigentes y los costes en origen siguen por encima de lo esperado.
2. La burocracia.
A ello se suma la complejidad burocrática a la que Europa, principalmente en materia medioambiental, nos está “acosando”, no solo al sector agrícola, sino en general a todos los sectores de la actividad económica.
Una burocracia que tiene un impacto negativo en todos los sectores económicos al generar grandes costos adicionales, retrasos en los procesos, ineficiencias y rigidez en la gestión empresarial. Unos efectos cuya solución pasa por la simplificación administrativa, la transparencia y la eficiencia en aras de promover el desarrollo y la competitividad de las empresas.
Las normas a las que se somete toda la cadena de la distribución alimentaria
Incidiendo en el sector de la distribución alimentaria (supermercados) , hemos contabilizado alrededor de 500 normas en materia medioambiental. Pero ya no solo hacemos hincapié en los aspectos medioambientales que nos están afectando como antes indicaba prácticamente a todos los sectores, sino que además incide en la tremenda burocracia y la ingente capacidad de promulgar nuevas normas, de la alta regulación normativa que está teniendo ya no solo el Estado, sino en nuestro caso, en Canarias, la comunidad autónoma.
Se trata de un nivel tan amplio de normati- vas que es inviable atenderlas todas y que, en adición, dificultan el avance de todos y cada uno de los sectores. Estamos viviendo una situación altamente compleja y en ocasiones redundante en materia legislativa.
Como consecuencia de esta situación, recientemente desde ASUICAN hemos alertado al ejecutivo que se generan en torno a 3,5 normas cada día; normas que recibe nuestro sector, el sector de la distribución alimentaria. Llega un momento en el que este hecho es totalmente inasumible y realmente lo único que está produciendo es el encarecimiento de costes, dado la continua y compleja normativa que cada día más nos incluye en todos las materias que lo que único que provoca es ralentizar sinergias y en definitiva lastrar la economía.
Uno de los principales aspectos que hemos trasladado al presidente y al vicepresidente del nuevo Gobierno de Canaria, fue precisamente el altísimo número de normativas con las que contábamos en nuestra comunidad autónoma y la necesidad ir refundiendo esas normativas y reduciendo el número de las mismas para tener la posibilidad de implementarlas a cabo tal como se redactan. Es muy importante concienciar de la necesidad de reducir normativa y de refundir la normativa existente que va avanzando a lo largo de los años, pues se han aprobado nuevas normas sin anularse las anteriores.
Los dirigentes políticos nos han trasmitido que son conscientes de la situación y de que no podemos continuar con esta profusa normativa. Hay que poner orden, estableciendo un número de normas adecuadas a la capacidad económica de las empresas y especialmente atendiendo a nuestro especificidades derivadas de un régimen económico y fiscal diferenciado, y en eso el Gobierno de Canarias está siendo receptivo. Ahora habrá que ver de qué forma comienza a refundir las normas anteriores para establecer un nuevo punto de partida.
