La distribución alimentaria ha sido uno de los grandes protagonistas de la compleja coyuntura económica de los últimos años. Los conflictos bélicos, la sequía, las olas de calor, están provocando graves tensiones en la producción alimentaria lo que, sumado a la crisis energética, ha disparado la inflación a nivel mundial. La inflación y la creciente preocupación por el medio ambiente han puesto a prueba la capacidad de adaptación y resiliencia de las empresas del sector. En este artículo, analizaremos los principales desafíos que ha enfrentado la distribución alimentaria en los primeros meses del año, a través de la perspectiva de ASUICAN, y exploraremos las estrategias que se están implementando para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de los consumidores.
La contención de precios ante la inflación
El principal desafío al que nos enfrentamos desde hace varios años es contener al máximo los precios para nuestros consumidores, es decir, para todos nosotros. Trabajamos intensamente para contener la escalada de precios y evitar que la inflación se dispare, y este esfuerzo ha sido reconocido tanto por los sucesivos informes del Banco de España en sus informes sobre el observatorio de márgenes comerciales, como por el gobierno del Estado en sus comunicaciones a la Unión Europea.
Las empresas de distribución alimentaria buscan la máxima eficiencia, cuando no la excelencia, para poder asumir reducciones de sus márgenes ya de por si lastrados tras años de continuas crisis y un exponencial crecimiento de normativas regulatorias , con el fin de proteger el poder adquisitivo de los consumidores. A través de la búsqueda de nuevos productos, la implementación de promociones y la optimización de la cadena de suministro, se ha logrado mitigar el impacto de la inflación en los precios finales. Lo que ha puesto de manifiesto la importancia del papel que en la cadena global de suministro tienen cada uno de los eslabones, desempeñando un papel fundamental en el abastecimiento de alimentos a la población incluso cuando las circunstancias son tan adversas como las actuales.
La sostenibilidad como eje estratégico
La sostenibilidad se ha convertido en un imperativo para el sector de la distribución alimentaria.
La creciente conciencia ambiental de la sociedad avala y refuerza las medidas encaminadas establecidas por las cadenas de supermercados a continuar implementando prácticas más sostenibles en toda la cadena de valor por parte de las empresas. La reducción de residuos, la optimización energética y la promoción de productos locales y de temporada son algunas de las medidas que se están implementando para minimizar el impacto ambiental de la actividad.
ASUICAN desempeña un papel fundamental en la promoción de la sostenibilidad en el sector. De hecho, en 2006 ya publicamos una guía con un código de buenas prácticas ambientales para reducir el impacto de nuestra actividad. Nuestros asociados han sido y son pioneros en economía circular, disminuyendo significativamente el uso de materiales no reutilizables e introduciendo nuevos materiales reciclables, medidas todas ellas que contribuyen notablemente a mejorar el medio ambiente en nuestras islas.
El desafío de la regulación
En cuanto a la regulación normativa, llevamos varios años enfrentándonos a una continua avalancha legislativa. Durante la pandemia, se aprobaron una media de ocho normas diarias que afectaban a nuestro sector. Aunque la situación ha mejorado ligeramente, seguimos recibiendo alrededor de cinco normas diarias, lo cual es insostenible.
Esta sobrecarga normativa dificulta enormemente la implementación de las medidas, tanto para las empresas como para las administraciones encargadas de supervisar su cumplimiento. Además, genera incertidumbre y costes adicionales tanto para las empresas como para la economía en general.
En nuestro país, la situación se agrava por la existencia de cuatro niveles de administración (europea, estatal, autonómica y municipal) que emiten normativas de forma continua. Esta multiplicidad de fuentes legislativas dificulta enormemente la adaptación de las empresas a los nuevos requisitos.
Por ello, solicitamos una reducción en el ritmo de aprobación de nuevas normas. En particular, nos dirigimos a la administración autonómica para que, en colaboración con otras entidades económicas, se establezcan mecanismos que limiten la capacidad legislativa y permitan a todos los actores adaptarse a los cambios de forma gradual.
