El precio de darlo por hecho
Durante años, la alta velocidad española ha sido motivo de orgullo. Una de esas grandes transformaciones que permiten hablar de progreso sin necesidad de recurrir a demasiados discursos. Trenes capaces de conectar ciudades en pocas horas, estaciones convertidas en centros de actividad económica y una red ferroviaria que nos situó entre los países más avanzados del mundo. El pasado 28 de octubre, sin embargo, dos trenes colisionaron en Urda, Toledo, dejando al menos 69 fallecidos. Nueve meses antes, otras 46 personas habían perdido la vida en Adamuz, Córdoba. Dos tragedias en un mismo año que obligan a revisar algunas certezas que hasta hace muy poco parecían incuestionables.
La investigación sobre lo ocurrido en Urda continúa abierta. Los primeros indicios apuntan a un fallo en el sistema de seguridad y a una autorización de circulación que nunca debería haberse producido. Habrá que determinar qué sucedió exactamente, quién tomó cada decisión y por qué los mecanismos previstos no consiguieron evitar la colisión. Pero hay algo que resulta especialmente inquietante: la posibilidad de que una infraestructura diseñada para reducir al mínimo el margen de error termine dependiendo, en un momento crítico, de una decisión equivocada.
La tecnología ha conseguido que confiemos en sistemas cuyo funcionamiento desconocemos casi por completo. Subimos a un avión, atravesamos un túnel o nos sentamos en un tren sin plantearnos cuántas personas, procedimientos y dispositivos intervienen para que lleguemos a nuestro destino. Y así debe ser.
No corresponde al ciudadano conocer los protocolos de circulación ferroviaria ni comprobar si los sistemas de seguridad funcionan correctamente. Esa responsabilidad pertenece a quienes gestionan las infraestructuras y a las administraciones encargadas de supervisarlas.
Por eso resulta tan insuficiente que, después de una tragedia, buena parte del debate público se concentre en establecer quién debe asumir el coste político inmediato. Las responsabilidades tendrán que depurarse, por supuesto, y no únicamente en el ámbito técnico. Pero reducir la discusión a una dimisión, una comparecencia parlamentaria o un intercambio de acusaciones supone quedarse en la superficie de un problema mucho más serio.
En España hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para inaugurar infraestructuras y una bastante menor para explicar cómo se garantiza su funcionamiento a lo largo del tiempo. Los grandes proyectos tienen fotografías, presupuestos millonarios, fechas señaladas y discursos cuidadosamente preparados. El mantenimiento, la supervisión y la actualización de los sistemas rara vez despiertan el mismo entusiasmo. No ofrecen grandes titulares ni suelen proporcionar demasiados réditos electorales. Hasta que algo falla.
Esto no significa que los accidentes sean necesariamente consecuencia de una falta de inversión o de mantenimiento. Sería precipitado establecer esa relación sin conocer las conclusiones de las investigaciones. Significa que la calidad de una infraestructura no puede medirse exclusivamente por su extensión, su velocidad o el volumen de recursos destinados a construirla. También importa cómo se gestiona, qué controles se aplican y hasta qué punto es capaz de responder ante situaciones excepcionales. La seguridad no es una característica que se adquiere el día de la inauguración y permanece intacta para siempre.
Desde Canarias, donde la conectividad condiciona buena parte de nuestra actividad económica y de nuestra vida cotidiana, esta cuestión adquiere una dimensión especialmente reconocible. Las comunicaciones son mucho más que una prestación de transporte. Son una condición necesaria para trabajar, competir, recibir servicios y mantener unido un territorio. Por eso conocemos bien la importancia de disponer de infraestructuras fiables y de administraciones capaces de anticiparse a los problemas. Aunque nuestras necesidades sean diferentes, el principio es exactamente el mismo: la eficacia de un servicio público se demuestra cada día, no solamente cuando se anuncian nuevas inversiones.
Mientras tanto, el accidente de Urda ha vuelto a poner de manifiesto otra debilidad que nada tiene que ver con la ingeniería ferroviaria. La facilidad con la que una tragedia acaba atrapada en la lógica de la confrontación política. Las primeras declaraciones apenas habían terminado cuando comenzaron las interpretaciones, las acusaciones y los intentos de establecer un relato favorable a cada posición. Incluso en circunstancias como estas parece imposible conceder unas horas de ventaja al rigor sobre la conveniencia partidista.
Resulta legítimo exigir explicaciones al Gobierno y al Ministerio de Transportes. También lo es reclamar una investigación independiente, cuestionar los procedimientos de seguridad y pedir responsabilidades a quienes corresponda. De hecho, sería preocupante que no se hiciera. Lo que resulta bastante menos defendible es utilizar una investigación todavía abierta para alcanzar conclusiones previamente decididas. La verdad de lo ocurrido no debería depender de las preferencias políticas de quien la reclame.
Tampoco conviene aceptar que la complejidad de los sistemas sirva para convertir las responsabilidades en algo tan difuso que finalmente nadie deba responder por nada. Las organizaciones modernas funcionan mediante estructuras compartidas, competencias distribuidas y cadenas de decisiones. Precisamente por eso necesitan mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas. Cuando intervienen muchos responsables, la respuesta no puede ser que ninguno lo sea.
Mientras se suceden las explicaciones, las familias de las víctimas atraviesan una realidad que difícilmente cabe en una comparecencia. Algunas han tenido que esperar días para conocer la identificación de sus seres queridos. Otras afrontan la recuperación de los heridos o intentan comprender cómo un desplazamiento ordinario terminó convertido en una tragedia. Merecen respeto, acompañamiento y respuestas. También merecen que su dolor no se convierta en un recurso argumental al servicio de intereses ajenos.
Es probable que dentro de unas semanas la actualidad haya desplazado este accidente de las portadas. Habrá nuevos asuntos urgentes, otras polémicas y nuevas declaraciones que ocuparán nuestra atención. La investigación, sin embargo, necesitará más tiempo. Y será entonces, lejos de la presión de los primeros días, cuando deba demostrarse hasta qué punto existe una voluntad real de aprender de lo sucedido.
Porque una infraestructura moderna puede sufrir una avería. Un sistema sofisticado puede presentar un fallo. Y una organización, por preparada que esté, puede cometer errores. Lo que determina su fiabilidad es la capacidad de detectar esos riesgos, impedir que desencadenen una catástrofe y corregir las deficiencias cuando se descubren.
Durante demasiado tiempo hemos asociado el progreso a construir más, llegar antes y anunciar proyectos cada vez mayores. Quizá convendría prestar una atención equivalente a algo menos espectacular: asegurarnos de que aquello que ya hemos construido funciona como debe.
Después de Adamuz y de Urda, esa exigencia ha dejado de ser una cuestión exclusivamente técnica.
