Establecer un marco jurídico estable y confiable es fundamental para el desarrollo económico y el bienestar social, siendo esta necesidad más patente en los contextos de incertidumbre política como el actual. Para el conjunto de la sociedad, en general, y para el tejido empresarial, en particular, adaptarse y mantenerse al día con la legislación vigente supone una dedicación considerable de recursos y esfuerzos, lo que puede impactar negativamente en su competitividad, poniendo en peligro la supervivencia de un agente determinante en la creación de empleo y de riqueza.
Según los datos obtenidos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), en lo que respecta a las páginas del BOE, en 2023 se editaron un total de 238.705 páginas, lo que supone un descenso del 6,3% respecto a 2022, año en el que se alcanzó la cifra de 254.757 páginas. Asimismo, se aprobaron 683 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone una disminución de casi el 20% con respecto al año anterior, en el que se adoptaron 850 normas.
Estas 683 normas aprobadas en 2023 suponen una media de 2 novedades legislativas (las nuevas normas como las modificaciones de las ya existentes) por día natural; lo que supondría que, para estar completamente al corriente de las actualizaciones, una persona lea, aproximadamente, 654 páginas diarias.
Durante 2023, la producción normativa en España mantuvo cifras importantes, a pesar de que el Gobierno se mantuvo en funciones durante meses, con las limitaciones que esto supone. En este sentido, si se compara el número de normas publicadas por mes, teniendo en consideración los meses en los que existió un Gobierno y Cortes Generales plenamente funcionales, nos encontramos con que, en 2022, se promulgaron un promedio de 70 nuevas normas mensuales, en contraste con el año 2023, donde este número aumentó hasta las 113 normas por mes.
Por su parte, las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas alcanzaron la cifra de 291 en 2023, un 14,4% menos que en 2022. Si consideramos el conjunto de la producción normativa en España, es decir, la estatal más la de las Comunidades Autónomas, las normas aprobadas en 2023 ascendieron a 945, lo que equivale a casi 3 novedades normativas por día natural. Las Comunidades Autónomas son responsables del 80% de las páginas publicadas en los boletines oficiales, lo que afecta significativamente a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica, como ya se ha señalado en anteriores informes. Si es cierto que los distintos boletines oficiales de las Comunidades Autónomas registraron en sus publicaciones un total de 1.036.760 páginas en 2023, lo que supone un 4% menos que las páginas editadas el año anterior (1.075.108 páginas); sin embargo, el Boletín Oficial de Canarias aumentaron un 14% (de 57.670 en 2022 a 65.589 en 2023), resultando una cifra anual más elevada que durante la época Covid.
En este contexto, y bajo el prisma del análisis cuantitativo de la producción normativa, en esta ocasión del ámbito europeo, se constata que el número de actos jurídicos adoptados en 2023 ascendió a 2.180, distribuidos en 1.099 Reglamentos, 21 Directivas y 1.060 Decisiones. Es importante señalar que los reglamentos son de aplicación directa, por lo que se suman a las cifras nacionales de forma automática.
Vistos los datos, si tenemos en cuenta el reducido tamaño de la empresa canaria, es prácticamente imposible que una organización pueda estar permanentemente actualizada, no digamos adaptada a los cambios, aun con los excesivos esfuerzos realizados por las mismas para estarlo. Esta incesante producción normativa supone una merma de los recursos productivos, generadores de riqueza y progreso. Por ello, se insta a los legisladores a tener en cuenta la realidad económica y territorial de Canarias. En ningún caso se sugiere eliminar la regulación necesaria para el mantenimiento del orden social y la sostenibilidad; más bien, prudencia, pues es tan peligrosa la falta de normativa como el exceso de ella.
