22/05/2024

Contratación pública autocentrada en Canarias: economía social
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Durante los días 11 y 12 de abril tuvieron lugar las jornadas para el fomento de la contratación pública responsable y, concretamente, sobre contratos reservados y criterios sociales y medioambientales, organizadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Consorcio Maspalomas – Gran Canaria, de la mano del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias.

Si bien considero que este tipo de iniciativas le correspondería llevarlas a cabo, en todo caso, al Gobierno de Canarias o al conjunto de los Cabildos Insulares, teniendo en cuenta que no se circunscriben al ámbito municipal y que, por tanto, su alcance debería ser mayor, agradezco que se vaya tomando conciencia pública acerca de estas cuestiones tan fundamentales para nuestro archipiélago.

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Lo paradójico es que se estuviesen organizando unas jornadas relacionadas con la contratación responsable y, sin embargo, no hubiese aclimatación en una sala con cientos de personas, cuando hacía alrededor de 35 grados y estábamos en mitad de un episodio duro de calima, debido a que el proveedor había dejado de prestar el servicio, ya que no le estaban abonando las facturas, según comentó personal de la institución. Responsable es pagar a tiempo y reducir los periodos medios de pago, que perjudican especialmente a pymes y autónomas.

Dicho lo anterior, de las jornadas podría rescatar numerosos contenidos, pero lo primero que destaco es que, según personas expertas que se encontraban presentes, Canarias se sitúa en el liderazgo a nivel estatal en esta materia, habiendo sido pionera en la ejecución de temáticas relacionadas con la contratación pública responsable. Muestra de ello fue que durante el evento hubo personal traductor de lengua de signos, que debería generalizarse con el ánimo de incluir social y profesionalmente a las personas con discapacidades auditivas.

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Otra de las cuestiones que más me llamó la atención fue el talento, potencial y capacidad técnica, económica, organizativa y productiva que existe en el conjunto de las Islas Canarias, en relación con los centros especiales de empleo de iniciativa social y de las empresas de inserción, que según iban relatando, abarcan ámbitos tan diferentes como la agricultura y ganadería ecológica, impresiones publicitarias, diseños gráficos, marketing digital, multiservicios, controles de acceso, limpieza o seguridad, con un enfoque de inclusión para personas con (o en situación de) discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Para poder entender bien esta problemática hemos de tener en cuenta que, en el ejercicio de 2022, las Islas Canarias tuvieron la menor tasa de actividad laboral de las personas con discapacidad de todo el Estado, con un porcentaje del 27%, que resulta a todas luces insuficiente si se tiene en cuenta que en otros territorios, como La Rioja, roza el 45%.

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Y si nos adentramos aún más en estas cifras que nos facilita el Observatorio de Empleo de Canarias (OBECAN), se muestra cómo, de las más de 8.100 personas con discapacidad y en desempleo que hay en Canarias, más de la mitad son mujeres (55%), la mayor parte es paro de larga duración (54%), la mayoría de los contratos son temporales (68%) y afecta especialmente, por orden decreciente, a los siguientes sectores productivos: administración pública (20%), actividades administrativas y servicios auxiliares (17%), sin actividad económica (12%), comercio al por mayor y por menor (10%) y hostelería (9%).

Más allá de las escandalosas cifras de desempleo en el ámbito de las Administraciones Públicas, que merecen una atención aparte en posteriores artículos, la Ley de Contratos del Sector Público pone a disposición del conjunto de las instituciones públicas, a través de su Disposición Adicional Cuarta, una herramienta fundamental para la reducción del paro de las personas con discapacidad o en situación de exclusión social, esto es, la reserva de contratos para entidades de la economía social (los centros especiales de empleo y las empresas de inserción que se refirieron con anterioridad), de forma que las empresas de carácter general no puedan competir contra ellas y puedan participar de la tarta de la compra pública satisfaciendo intereses sociales.

Además, como bien saben, se pueden introducir criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución de carácter social, relativas a la contratación de personas con discapacidad o en situación de exclusión, que aliviaría enormemente esas preocupantes cifras de desempleo en sectores de la población sujetos a tanta vulnerabilidad.

Una de las demandas de los colectivos que convocaron las manifestaciones del 20A fue, precisamente, la democratización de la economía generada por el turismo, debido a que cada vez es más evidente que la riqueza que se produce en dicho sector no se queda en las Islas Canarias —extractivismo por personas que no son residentes, turoperación, cadenas hoteleras extranjeras, especulación bancaria o fondos buitres, entre tantos otros agentes que participan del expolio— sino que se va a Europa, o que, si lo hace, se concentra en las manos de unos pocos hoteleros y caciques locales —menos del 1 % de la población canaria acumula una riqueza equivalente a la mitad de nuestro PIB—.

Y si esto es grave para el común de la población canaria, imagínense para todas aquellas personas que, por encontrarse en situación de discapacidad o de exclusión, derivadas estas últimas de violencias sociales, económicas, culturales o institucionales de todo tipo, no les dejan participar en condiciones de igualdad en los sectores productivos de nuestro archipiélago, viéndose exponencialmente mucho más afectadas por el desempleo, pobreza, precariedad y desigualdad.

Una vez más, y con esto finalizo la serie que hemos denominado como “Contratación Pública Autocentrada en Canarias”, las Administraciones Públicas no pueden limitarse al cumplimiento genérico de las normativas, sino que han de guiarse por objetivos y actuaciones de carácter estratégico. En este caso, para asegurar condiciones materiales de vida dignas para personas con discapacidad o en exclusión social, porque si el modelo productivo no es inclusivo es injusto; y si es injusto desde Drago Canarias nunca lo avalaremos.

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