A los espacios políticos que ponemos en jaque el actual modelo turístico de masas, depredador del archipiélago y de las personas que habitamos en él, se nos suelen hacer las mismas preguntas machaconas una y otra vez: ¿pero de qué vamos a vivir? ¿y ustedes qué alternativa proponen para diversificar la economía de Canarias? ¿vamos a volver a las papas y a los tomates?
Hoy, aparte del sacho, les traemos a debate el primero de los artículos de una serie que denominaremos “Contratación pública autocentrada en Canarias”, un asunto crucial para la economía, empresariado, sociedad e institucionalidad de nuestro país. Se calcula que la contratación pública, esto es, la contratación de suministros, servicios y obras, junto con las concesiones de estas dos últimas, realizada por el conjunto del sector público institucional del Estado español, representa alrededor del 20% de su Producto Interior Bruto.
Si bien las normativas anteriores a la actual Ley de Contratos del Sector Público pretendían de forma exclusiva la selección de la oferta económicamente más ventajosa, a día de la fecha se conjugan una multiplicidad de intereses y principios, como lo son la mejor relación calidad precio, la igualdad de acceso de las operadoras económicas, la participación de las pymes en las licitaciones o la introducción de todo tipo de consideraciones ambientales, sociales y de innovación en las prescripciones técnicas, condiciones especiales de ejecución o criterios de adjudicación.
Como se puede observar, la intención del legislador europeo y estatal no estriba en buscar un ahorro generalizado de costes a las administraciones públicas -a pesar de que muchas, lamentablemente, lo pretendan-, sino en hacer de la contratación pública una herramienta de carácter estratégica que impulse un mercado productivo mucho más social, inclusivo, cualitativo, ecologista e innovador.
Teniendo en cuenta que el referido porcentaje del 20 % es un motor fundamental de la economía canaria, potenciador de la actividad de empresas proveedoras de servicios de alto valor añadido, distribuidoras de materiales y suministros o comercializadoras en el ámbito digital, estamos llegando tarde a la aprobación de una Ley Canaria de Contratación Pública que, aparte de recoger los objetivos de la normativa estatal, atienda a las singularidades propias de nuestro archipiélago.
Así, son ya varias las Comunidades Autónomas (como Navarra o Aragón) que cuentan con una normativa propia en esta materia, debido a que han entendido que, más allá de la legislación básica dictada por las Cortes Generales, resulta necesario adaptarse a las particularidades de sus respectivos territorios, para poder responder de forma más eficaz y eficiente a los grandes desafíos que tiene la política pública actual.
A nadie se le escapa que las Islas Canarias tienen unas características geopolíticas muy específicas, derivadas de su lejanía respecto de los centros de poder (económicos, financieros, organizativos, técnicos o logísticos) situados en el continente europeo, así como de sus condiciones semiáridas, subtropicales e interinsulares —que causan mayor impacto en las islas no capitalinas, padeciendo la doble e incluso triple insularidad—.
Esta situación determina enormemente, por un lado, la capacidad del empresariado para poder prestar servicios, disponer suministros o ejecutar obras de manera adecuada y, por otro lado, la efectividad del sector público para plantear de forma correcta la licitación de los contratos públicos, con el último fin de garantizar los derechos y libertades de la población residente en las Islas Canarias.
Un ejemplo de lo anterior lo demuestra que nuestra Comunidad Autónoma está a la cabeza del Estado en licitaciones desiertas en el ámbito de la construcción. Entre otros motivos, debido a que no se contemplan, desglosan y actualizan los precios teniendo en cuenta nuestro marco archipielágico, lejos de ópticas continentales, dado que el material y maquinaria con el que se ejecuta las obras es mucho más costoso por la cadena de su suministro, es decir, el transporte, aduana y logística que conlleva su importación.
Además de los perjuicios que esto genera en el sector secundario —empresas de la construcción, ingenieras, despachos de arquitectura, distribuidoras o cementeras, junto con el personal que presta sus servicios en él—, también han de computarse los costes materiales, técnicos y personales ‘desperdiciados’ por las administraciones públicas, así como los impactos sociales de no tener, en tiempo y forma, las infraestructuras a ejecutar, como viviendas de protección oficial, escuelas infantiles, polideportivos, complejos ambientales o centros sanitarios.
Son numerosos los desafíos que nuestro país tiene por delante en materia de contratación pública. Situarnos en nuestro mapa geopolítico, abandonar el “continentalismo europeo” y autocentrarnos en los procedimientos de licitación de los contratos es el comienzo para diversificar, potenciar y redistribuir buena parte de nuestra economía.
