Mauricio Roque: “Queremos convertir 11 parcelas municipales en hasta 2.000 viviendas protegidas”
Mauricio Aureli Roque. Concejal de Gobierno del Área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Limpieza, Vías y Obras y Alumbrado del Ayuntamiento de Las Palmas
El Ayuntamiento ha puesto suelo municipal para impulsar hasta 2.000 viviendas protegidas. ¿Cuál es el calendario real para que ese suelo se convierta en viviendas y qué papel tendrá el sector promotor y constructor?
Somos conscientes de la preocupación por el horizonte temporal para disponer de vivienda protegida. El Pleno aprobó el cambio de uso de 11 parcelas municipales, antes calificadas como dotacionales, para destinarlas a vivienda protegida de promoción pública. Según las estimaciones técnicas, permitirán desarrollar más de 1.800 viviendas, una cifra que podría alcanzar las 2.000.
Para ejecutar las obras todavía hay que redactar los proyectos, determinar sus costes, definir la financiación, licitar y finalmente construir. Por ello, no sería adecuado establecer en este momento un calendario, ni siquiera estimativo, para las 11 parcelas. Nuestro objetivo es avanzar con rigor en cada una de estas fases para que el suelo disponible pueda convertirse cuanto antes en promociones concretas.
Actualmente están en construcción más de 300 viviendas y está previsto iniciar de forma inmediata otras 115, financiadas con fondos municipales.
Además, con el Gobierno de Canarias se ejecutan dos edificios, de 27 y 74 viviendas, aunque no se han materializado compromisos de financiación para otros tres edificios, que suman 251 viviendas. Con el Cabildo de Gran Canaria hemos suscrito un convenio para financiar 240 viviendas que ejecutará el Ayuntamiento, además de las 63 que ya está construyendo el Cabildo.
Nuestra estrategia también incluye la rehabilitación y reposición de viviendas, con actuaciones en Sanz Orrio, Jinámar, Las Rehoyas y Tamaraceite.
Ante la falta de vivienda asequible en Canarias, ¿qué fórmulas de colaboración público-privada está dispuesto a impulsar el Ayuntamiento?
Desde el inicio del mandato hemos apostado por la colaboración público-privada. Hemos impulsado propuestas como la planteada a ORION Rental Socimi, orientada a promover viviendas protegidas de alquiler asequible a largo plazo mediante fondos de la RIC.
También estudiamos el modelo de vivienda colaborativa, con iniciativas como la de la Asociación Cohousing Semilla del Norte. Este modelo combina viviendas privadas con zonas comunes y participación en la vida del barrio.
Para desarrollarlo son necesarias medidas como líneas de financiación o avales específicos, cesión de suelo público, posibles exenciones de tasas y ajustes urbanísticos que faciliten su implantación.
Asimismo, hemos trabajado con la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas para analizar cómo incrementar la oferta, con el objetivo de construir más de 1.000 viviendas en alquiler durante el mandato y continuar impulsando la rehabilitación.
La vivienda protegida también tiene espacio en la promoción privada. En el ámbito UZR-02 Casa Ayala, por ejemplo, se mantiene la construcción de 420 viviendas, de las que el 25 % deberán destinarse a modalidades de protección.
El aumento del coste de construcción y de la financiación está afectando a muchas promociones. ¿Estudia el Ayuntamiento medidas para hacer viable la vivienda protegida?
El incremento de los costes de materias primas, materiales, energía y transporte está afectando directamente a la ejecución de obras. Desde el Gobierno municipal adaptamos las políticas fiscales y urbanísticas para tratar de atenuar estos efectos.
Ya existen deducciones autonómicas en tributos como el IGIC y el ITP, líneas de garantía de suelo y bonificaciones locales en el ICIO para promociones protegidas. Además, la RIC puede destinarse a la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas para alquiler habitual.
En este sentido, la Junta de Gobierno ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal del ICIO, que incorpora nuevas bonificaciones. Entre ellas destaca una de hasta el 50 % para viviendas de protección oficial, tanto públicas como privadas, así como para determinadas actuaciones de rehabilitación y promociones mixtas con al menos la mitad de viviendas protegidas.
Estas medidas buscan reducir parte de los costes que condicionan la viabilidad de las promociones y favorecer que el incremento de los costes de construcción no termine trasladándose íntegramente al precio final de la vivienda.
Los promotores reclaman más agilidad y seguridad en los procedimientos urbanísticos. ¿Qué medidas se están adoptando?
Recientemente se ha publicado la Ley 7/2026, de 31 de julio, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, que ya está en aplicación.
El Ayuntamiento está adaptando sus procesos administrativos a esta nueva legislación con el objetivo de mejorar la gestión, reducir los tiempos de tramitación y ofrecer mayor seguridad jurídica a los promotores y propietarios.
Además de construir vivienda nueva, ¿qué estrategia tiene el Ayuntamiento para impulsar la rehabilitación y recuperar viviendas?
La rehabilitación es una política de vivienda en sí misma. Las ciudades no pueden resolver sus necesidades residenciales únicamente construyendo nuevos edificios. Tenemos un parque residencial que debemos conservar y adaptar.
Estamos impulsando actuaciones en barrios como La Paterna, La Vega de San José, Tres Palmas o Lomo Apolinario, mejorando accesibilidad, eficiencia energética y habitabilidad.
Próximamente iniciaremos la rehabilitación de más de 600 viviendas en el Grupo Fermín Sanz Orrio, en La Isleta, y en la Fase III del Polígono de Jinámar.
La rehabilitación permite generar y preservar oferta residencial sin consumir nuevo suelo. Queremos combinarla con la construcción de vivienda nueva y con actuaciones de regeneración urbana que mejoren no solo los edificios, sino también los espacios públicos y la calidad de vida de los barrios.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una inversión de 7.000 millones de euros para ampliar el parque público, impulsar la rehabilitación y ofrecer ayudas al alquiler y a colectivos vulnerables. El Gobierno de Canarias ha iniciado su tramitación para las islas.
¿Cómo se está planificando el crecimiento residencial para garantizar servicios, transporte, zonas verdes y equipamientos?
No queremos construir simplemente viviendas, sino construir ciudad. Cualquier crecimiento residencial debe ir acompañado de servicios, equipamientos, espacios libres y buenas conexiones.
Nuestra planificación apuesta por una ciudad policéntrica, en la que los barrios dispongan de vivienda, comercio, servicios, zonas verdes y equipamientos culturales y deportivos, además de buenas conexiones. La planificación debe anticiparse al crecimiento para evitar que las nuevas promociones generen barrios sin los servicios necesarios.
En esta estrategia se enmarcan actuaciones como el corredor verde entre Tamaraceite y Ciudad Alta, la recuperación de equipamientos culturales como el Jesús Arencibia y la mejora de instalaciones deportivas en los barrios.
“Seguiremos reclamando que Las Palmas de Gran Canaria sea declarada zona tensionada”
De cara a los próximos meses, ¿cuáles son los principales retos de su concejalía?
El principal objetivo es conseguir que el suelo municipal puesto a disposición se transforme en viviendas protegidas: pasar del suelo disponible a proyectos concretos y de los proyectos a viviendas.
También seguiremos impulsando la rehabilitación y regeneración urbana, mejorando las viviendas y los barrios existentes, y trabajando para agilizar la gestión urbanística y ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes quieran invertir y construir en la ciudad.
Y seguiremos reclamando al Gobierno de Canarias la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado residencial tensionado. Ya hemos presentado la documentación y reforzado técnicamente nuestra solicitud. Existen razones objetivas para adoptar esta medida y todas las administraciones debemos utilizar las herramientas disponibles para facilitar el acceso a la vivienda.
