Eliezer Santana: “Una buena regulación no limita la actividad de influencia, la ordena”
Eliezer Santana Sánchez. Coordinador de APRI Canarias y socio de Parábola
Eliezer Santana Sánchez lleva años moviéndose entre la comunicación institucional y los asuntos públicos en Canarias. Coordina en el archipiélago la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y es socio de Parábola, consultora de comunicación y asuntos públicos con sede en Gran Canaria. Con él repasamos la actualidad de la regulación del lobby en España, el pulso institucional en Canarias y también, de fondo, su propio momento profesional.
Después de varios años como director de asuntos corporativos en una agencia canaria, ahora estás al frente de un proyecto propio, Parábola. ¿Qué es y en qué se diferencia de lo que ya había en el mercado canario?
Parábola es una consultora de comunicación y asuntos públicos que pusimos en marcha hace relativamente poco, junto a Javier Amador, con una idea clara: en Canarias hace falta un espacio especializado en relaciones institucionales, no solo en comunicación al uso. Hay muy buenas consultoras de comunicación en las islas, y muy buenas agencias de marketing, pero los asuntos públicos como disciplina específica, con metodología propia, siguen siendo un terreno poco explorado aquí. Nosotros venimos de ese mundo, no llegamos a él después de hacer otras cosas, y eso cambia el enfoque de cada proyecto: entendemos cómo se mueven las decisiones públicas porque las hemos visto formarse desde dentro.
Vayamos a lo que nos ocupa hoy. Llevas tiempo defendiendo la profesionalización de los asuntos públicos en España. ¿Por qué es importante que exista una regulación del sector?
Porque ahora mismo la actividad de influencia sobre las decisiones públicas existe, se ejerce todos los días, pero en gran parte permanece invisible. Sin una regulación, el problema no es que desaparezca esa actividad, es que se vuelve opaca: nadie sabe con certeza quién ha hablado con quién, sobre qué asunto y con qué información sobre la mesa. Una buena regulación no limita la actividad de influencia, la ordena: deja constancia de esas conversaciones y de su contenido. Eso protege tanto a la ciudadanía, que puede saber cómo se han formado las decisiones que le afectan, como a los propios profesionales que hacemos esto de forma seria y no tenemos nada que ocultar.
¿Qué le dirías a un empresario que todavía ve los asuntos públicos como algo prescindible, o incluso un poco oscuro? ¿Por qué le interesa profesionalizar su relación con las administraciones?
Le diría que esa relación ya existe, la profesionalice o no: cada vez que pide una reunión, presenta alegaciones a una norma o participa en una consulta pública, está haciendo asuntos públicos, solo que de forma improvisada. La diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal no es solo de ética, es de eficacia. Recuerdo un caso, en mi anterior etapa, de una empresa que llevaba meses intentando que la administración entendiera el impacto de un cambio normativo sobre su actividad, y no conseguía que nadie le hiciera caso, básicamente porque no sabía a quién dirigirse ni cómo traducir su problema al lenguaje con el que se toman las decisiones públicas. En cuanto ordenamos el mensaje, identificamos al interlocutor correcto y documentamos bien el impacto, esa misma información, que llevaba meses sin moverse, se abrió camino en semanas. No cambió el fondo del argumento, cambió la forma de plantearlo. Eso es lo que gana un empresario con la profesionalización: no un atajo, sino que sus razones lleguen a quien tiene que valorarlas, en el momento y con el formato adecuados.
El Gobierno aprobó en agosto el Real Decreto-ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, y el Congreso lo ha derogado apenas unas semanas después. ¿Qué consecuencias tiene esa caída?
La principal consecuencia es que España vuelve a quedarse sin marco estatal, después de haber estado a un paso de tenerlo. No es un asunto menor: hablamos de una recomendación que arrastra Bruselas desde hace años, del GRECO, y que estaba vinculada además al cumplimiento de un hito del Plan de Recuperación. Que decaiga por no haberse tramitado como proyecto de ley, sino por decreto, y que además no logre la convalidación parlamentaria, es un golpe para la credibilidad del proceso. Volvemos a un escenario de regulación fragmentada: algunas comunidades autónomas con normativa propia, un registro voluntario en la CNMC desde 2016, y nada de alcance general para la Administración General del Estado.
Entonces, ¿defiendes que aquella norma, aunque contuviese errores, era buena?
Sí, lo defiendo. Ninguna norma que regula algo tan sensible en nuestro país sale perfecta a la primera, y esta tenía margen de mejora, sin duda: había cuestiones técnicas de definición de quién queda sujeto al régimen, del alcance de los sindicatos y las organizaciones empresariales, que merecían un debate más fino. Pero el error no puede convertirse en excusa para no legislar. Lo razonable habría sido tramitarla, enmendarla, ajustar esos puntos conflictivos con quienes tenían objeciones legítimas. Tirar la norma entera por esos flecos nos deja peor de lo que estábamos antes, porque ahora ni siquiera hay un texto vivo sobre el que seguir trabajando.
¿Una de las críticas más repetidas venía de la CEOE y de los sindicatos, que no querían verse encajados en la definición de "grupo de interés". ¿Entiendes esa posición?
La entiendo, aunque no la comparto del todo. Los sindicatos y las patronales tienen un papel constitucional de representación de intereses que es distinto al de una consultora o una empresa que defiende un interés particular ante la Administración. Que pidan que ese papel se reconozca de forma diferenciada en la norma, con su propio tratamiento, me parece razonable y es materia de negociación técnica. Lo que no comparto es que ese desacuerdo, que se podía haber resuelto con una redacción distinta de un artículo, haya terminado tumbando todo el edificio normativo. Ahí es donde creo que se debió buscar otra vía, no dejar caer el conjunto.
¿Cómo ves el debate en Canarias? ¿Hay avances en la regulación autonómica, como la futura Ley de Gobierno Abierto?
En Canarias llevamos tiempo hablando de una Ley de Gobierno Abierto que sustituiría a las actuales leyes de transparencia y de participación ciudadana, y que en su día se planteó como una norma transformadora. Ahora mismo sigue en fase de anteproyecto, dentro de ese paquete largo de leyes pendientes que mantiene esta legislatura, sin haber llegado todavía al Parlamento de Canarias. Ha recuperado algo de actividad este año, pero el ritmo sigue siendo lento. Y en esa futura ley el capítulo de grupos de interés y huella normativa es clave: sería una oportunidad para que Canarias se adelantara, en lugar de esperar a que el debate estatal se resuelva.
Para terminar, ¿eres optimista respecto al futuro de esta regulación, a nivel nacional y canario?
Soy optimista a medio plazo, aunque no lo sea tanto con los plazos concretos. La presión europea y los compromisos vinculados a fondos no van a desaparecer, así que tarde o temprano habrá una norma estatal de grupos de interés, espero que tramitada esta vez con el sosiego de una ley y no con la urgencia de un decreto. Y en Canarias creo que la Ley de Gobierno Abierto acabará saliendo adelante, porque hay un consenso de fondo sobre que hace falta. Lo que me preocupa es el tiempo que perdemos mientras tanto, porque cada año sin regulación es un año más en el que esta actividad sigue existiendo, pero sin las reglas claras que la harían más confiable para todos: para quien la ejerce y para quien la recibe.
