Alfonso Cabello: “El Gobierno de España solo muestra esa sensibilidad hacia Canarias cuando depende de los votos de los diputados de Coalición Canaria”
Alfonso Cabello. Viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias
La vivienda es uno de los principales desafíos de Canarias. Abordamos la propuesta del Gobierno autonómico para limitar la compra por parte de personas no residentes. Alfonso, ¿en qué consiste esta iniciativa y cómo se ha trabajado? Una medida que lleva tiempo preparándose, al margen de la actualidad política y las recientes movilizaciones sociales.
Desde marzo de 2025 contamos con informes y un sólido trabajo técnico, elaborado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y expertos en Derecho Administrativo y europeo. Hemos estudiado el marco normativo para sustentar una propuesta clara: limitar la compra de viviendas por parte de personas no residentes en Canarias.
Estamos en un mercado libre y europeo, por lo que la medida podría aplicarse por fases. Una primera opción sería limitar las compras de personas de fuera de la Unión Europea, como rusos o británicos, que adquieren habitualmente viviendas en el archipiélago.
Consideramos que la propuesta tiene encaje en el marco jurídico europeo y español. Además, la realidad varía entre islas y municipios, mientras algunos sufren un fuerte crecimiento poblacional y una elevada presión sobre la vivienda, otros pierden población y envejecen. Por eso, Canarias necesita medidas específicas, y hemos trabajado técnicamente esta propuesta con solvencia.
Hablamos de una propuesta que exige diez años de residencia en Canarias, y quince si no son continuados.
Consideramos que esta medida es importante, pero forma parte de un conjunto de iniciativas que ya estamos impulsando. Hemos planteado cuatro modificaciones legislativas para reducir de dos años y medio a seis meses el plazo para obtener una licencia de construcción, algo que ya es posible en Canarias.
A ello se suma una inversión de casi 200 millones de euros y la adjudicación de las 4.000 viviendas de protección oficial o asequibles que están en construcción a personas que lleven más de diez años residiendo en las islas. Este requisito ya se aplica a las viviendas asequibles. Ahora proponemos extenderlo a quienes quieran comprar una vivienda en Canarias.
El objetivo es que las viviendas sean para quienes quieren vivir aquí, contribuir al desarrollo de las islas y construir su proyecto de vida, no para quienes vienen temporalmente, especulan o mantienen sus propiedades cerradas durante gran parte del año. Si se destinan a un negocio turístico, debe regularse y gravarse mediante tasas e impuestos acordes con esa actividad, diferenciándola del alquiler residencial de larga duración.
¿Qué respuesta han recibido en Canarias durante los primeros días?
En los primeros días, la respuesta fue muy positiva y existe un amplio consenso sobre la necesidad de actuar en materia de vivienda. Estamos trabajando en la simplificación administrativa, aumentando la inversión pública, impulsando la hipoteca joven y los bonos de alquiler, y construyendo 4.000 viviendas. Creemos que esta propuesta puede marcar un antes y un después, al exigir diez años de residencia a quienes quieran comprar una vivienda en Canarias.
También consideramos razonable que quien destine una vivienda a un negocio turístico, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, tenga una tributación diferente de quien la utiliza como residencia. Las viviendas vacacionales constituyen una actividad económica que debe contar con las autorizaciones y las cargas fiscales correspondientes.
Sin embargo, no es una propuesta definitiva y seguimos dialogando, aunque la acogida está siendo positiva y seguimos dialogando con el resto de las formaciones políticas para avanzar en esta cuestión.
Además, ¿les preocupa que Bruselas invoque las reglas del libre mercado y que el Gobierno central frene la propuesta? ¿Confían en su viabilidad jurídica, dado el trabajo realizado con especialistas?
La propuesta cuenta con una base técnica sólida, aunque su aplicación se plantea por fases. Una de las vías sería modificar la Ley de Bases del Régimen Local, para que los ayuntamientos tengan competencias para incidir en el mercado de vivienda en su territorio, con medidas específicas a su realidad
Desde el punto de vista jurídico, resulta más sencillo limitar las compras de personas de fuera de la Unión Europea, como rusos y británicos. Para los ciudadanos comunitarios, el Gobierno de Canarias trabaja con la Comisión Europea en una estrategia de vivienda que contempla las particularidades de las regiones ultraperiféricas, lo que podría abrir la puerta a medidas específicas.
Estas medidas no serían permanentes, sino que se mantendrían mientras persista el problema de acceso a la vivienda. Canarias ha crecido en casi 20.000 personas al año durante los últimos quince o veinte años, mientras la construcción se frenó tras la crisis de 2008, la vivienda vacacional retiró casi 60.000 inmuebles del mercado y la incertidumbre normativa ha llevado a algunos propietarios a mantener sus viviendas vacías.
Esta situación exige actuar en distintos ámbitos: legislación, simplificación administrativa, inversión pública, regulación de las compras y construcción de vivienda protegida y asequible.
Ya se aprecian algunos resultados: actualmente hay 6.000 viviendas más en el mercado del alquiler que hace un año, gracias a una ley que delimita la actividad turística. Si una vivienda se destina a un negocio turístico, debe considerarse una actividad económica.
La vivienda no es un problema exclusivo de Canarias, sino de ámbito nacional, y todos buscan soluciones. Esta medida es valiente, Alfonso. Algunos la cuestionan y otros la aplauden, pero ante una crisis tan grave hacen falta respuestas urgentes y valientes.
Debemos partir de una premisa: existe un problema de vivienda que solo podremos resolver mediante la colaboración entre propietarios, inquilinos y administraciones públicas.
Limitar la compra por parte de personas no residentes es una medida que debemos abordar cuanto antes, dentro de la legalidad. Ojalá no fuera necesaria, pero en Santa Cruz de Tenerife resulta difícil encontrar un piso de una habitación por menos de 800 o 900 euros, mientras el salario mínimo ronda los 1.400 euros.
En Canarias, casi el 30 % de las viviendas son adquiridas por extranjeros. Limitar estas compras podría contribuir a cambiar la situación, y los ayuntamientos podrían decidir en qué zonas aplicar restricciones y en cuáles mantener un modelo turístico.
Un ejemplo es San Andrés, donde la expansión de las viviendas vacacionales ha atraído visitantes, pero también ha dificultado el acceso a la vivienda para sus residentes. Una zona antes más asequible se ha transformado y cada vez resulta más complicado encontrar casa.
Debemos reconocer el problema y actuar para garantizar el acceso a la vivienda a quienes viven y trabajan en Canarias y quieren formar aquí una familia.
“Necesitamos que las viviendas sean para quienes viven aquí y quieren construir su futuro en las islas”
Además de la vivienda, ¿qué otros asuntos preocupan al Gobierno de Canarias y en cuáles está centrando sus esfuerzos estos meses?
Pedro Sánchez convocó elecciones hace unas semanas, algo que muchos esperaban. Me atrevería a decir que me parecía imposible avanzar en el actual clima de tensión y ante la debilidad del propio Gobierno. Sin embargo, hay una realidad: hasta el próximo 29 de noviembre, los ministros tienen plenas competencias para seguir tomando decisiones.
Hasta esa fecha, necesitamos que salgan adelante asuntos pendientes para Canarias. No podemos bajar los brazos ni limitarnos a criticarnos unos a otros. Esto no va de estar a favor o en contra de Pedro Sánchez, que probablemente tomará otro camino el 29 de noviembre, sino de cómo seguimos viviendo en Canarias durante las próximas semanas y meses.
Por ejemplo, necesitamos que, antes del 29 de noviembre, el Consejo de Ministros se pronuncie sobre la gratuidad del transporte público en Canarias. Esta medida ha supuesto una ayuda muy importante y ha sido una de las mejores iniciativas para potenciar el transporte público. ¿De qué depende que las guaguas y los tranvías sigan siendo gratuitos en 2027? De que se prorroguen las medidas, algo que el Consejo de Ministros puede hacer antes del 29 de noviembre. No hacerlo sería una irresponsabilidad por parte del Partido Socialista.
Me preocupa que los ministros y sus equipos estén más pendientes de otros asuntos. Lo mismo ocurre con los 200 millones de euros para La Palma, la bonificación del 60 % del IRPF y los fondos pendientes para infraestructuras educativas y turísticas. Tenemos muchos temas sobre la mesa y me preocupa que no avancemos en ellos.
¿Les preocupa que estos asuntos queden pendientes y se conviertan en objeto de negociación de cara a una posible investidura?
Claro que nos preocupa. Imaginemos que, tras las elecciones del 29 de noviembre, se alcanza rápidamente un acuerdo parlamentario. ¿Cuánto tardarían los nuevos ministros en incorporarse a sus despachos? Probablemente unos dos meses, hasta después de Navidad.
La prórroga de la gratuidad del transporte público debe aprobarse antes del 31 de diciembre. De lo contrario, el 1 de enero habría que volver a pagar las guaguas. Por eso, el Partido Socialista debe llevar esta medida al Consejo de Ministros antes del 29 de noviembre, después podría ser demasiado tarde, ya que un nuevo Gobierno necesitaría estudiar y tramitar la propuesta.
Lo mismo sucede con la bonificación del 60 % del IRPF para La Palma, que debe aprobarse este año. De lo contrario, la declaración de la renta correspondiente tendría que presentarse en esas condiciones y habría que recurrir a alegaciones o reclamaciones, generando inseguridad.
Son decisiones que, me atrevería a decir, ya están tomadas y solo necesitan materializarse. Me preocupa que, en medio de la confrontación política, estos asuntos queden desatendidos. Desde el Gobierno de Canarias insistimos constantemente: los consejeros envían cartas a los ministerios y trasladan sus peticiones, pero parece que cada uno está centrado en cuestiones distintas y en otras polémicas.
Ya no es una cuestión de pertenecer a un partido u otro, sino de que todo el mundo está inmerso en esa confrontación.
Exactamente, en ese clima de crispación. Como portavoz del Gobierno de Canarias, me resulta difícil transmitir este mensaje en un contexto marcado por el efectismo y el ruido político constante. Es un mensaje poco llamativo, pero práctico: no se trata de unos u otros, sino de cuestiones concretas, como si en diciembre las guaguas seguirán siendo gratuitas, si la población de La Palma contará con la bonificación del IRPF y si se podrán reparar las aulas de Lanzarote y Fuerteventura con los fondos que nos deben.
Como administración canaria, tengo la obligación de poner esta realidad sobre la mesa.
En materia de inmigración, el presidente ha expresado su preocupación por un posible repunte de llegadas en los próximos meses. ¿Les preocupa también que esta situación haya perdido visibilidad en el ámbito nacional, pese a seguir siendo una cuestión prioritaria para Canarias?
Hace unas semanas vimos como en apenas 40 días llegaron 3.800 migrantes, pero la cuestión ha perdido visibilidad mediática. He escuchado que, como ha llegado menos gente que el año pasado, no hay motivos para preocuparse. Pero ¿quién ha dicho que esas cifras sean aceptables?
Por su condición de territorio fronterizo, Canarias no puede convertirse en un centro de retención de migrantes. Nuestra red de acogida está al límite y seguimos sin abordar adecuadamente el problema. La Delegación del Gobierno no convoca las juntas de seguridad y hemos conocido a través de la prensa un informe del Ministerio del Interior que advertía de un posible repunte. ¿Qué va a pasar con La Restinga, El Hierro, Lanzarote y los efectivos disponibles?
También debemos preguntarnos qué proponen formaciones como Vox cuando afirman que no quieren más migrantes. Si estas personas no son trasladadas a la península, en la práctica permanecerían en los territorios fronterizos mientras se decide su futuro. Eso supondría convertir Canarias en un espacio de retención.
En política se puede jugar con las palabras, pero hay que explicar cómo se pretende gestionar esta realidad. Las decisiones sobre el destino de estas personas no corresponden al Gobierno de Canarias ni se toman en La Restinga, aunque quienes viven allí afrontan directamente las consecuencias. Decir que no vengan más no es suficiente, hay que explicar cómo se va a conseguir. Plantear soluciones durante la campaña electoral sin aclarar cómo se llevarán a cabo es irresponsable, y esta es una de las cuestiones que más me preocupan.
Cuando preparamos esta entrevista, mirábamos a las elecciones autonómicas de mayo, pero la actualidad nos lleva a diciembre, con unas elecciones nacionales polarizadas y una campaña difícil. ¿Cuál es el objetivo irrenunciable del Gobierno de Canarias hasta entonces, teniendo en cuenta que aún queda legislatura y muchas negociaciones por delante?
Es difícil responder, porque tengo unos objetivos que se extienden hasta el 29 de noviembre y otros que comienzan a partir de esa fecha. Hasta entonces, necesito que culminen las cuestiones en las que llevamos tres años trabajando, porque están pactadas, acordadas y en trámite, la gratuidad del transporte, los descuentos del 75 % para residentes, la recuperación de La Palma y las inversiones en planes de empleo para la población y las personas en paro de larga duración. Esos fondos deben llegar y los acuerdos tendrían que pasar por el Consejo de Ministros antes de esa fecha.
A partir de ahí, me preguntas qué espero del próximo Gobierno. Voy a ser sincero y, por un momento, dejaré la gorra de portavoz del Gobierno para ponerme la de miembro de Coalición Canaria. Espero que el próximo Gobierno sea sensible a la realidad de Canarias. Sin embargo, por mi experiencia, el Gobierno de España solo muestra esa sensibilidad hacia el Gobierno de Canarias cuando depende de los votos de los diputados de Coalición Canaria en el Congreso.
“No podemos normalizar la llegada de miles de migrantes mientras nuestra red de acogida está al límite”
Alfonso, quizá debamos retomar esta conversación en enero, cuando los próximos meses de negociación y la formación del Gobierno en Madrid hayan definido el escenario político. Ojalá, gobierne quien gobierne, exista sensibilidad hacia Canarias y podamos abordar la vivienda al margen de los colores políticos, con soluciones centradas en la ciudadanía. La política debe estar al servicio de las personas, no de los sillones ni de los votos. Ese es mi deseo como ciudadana.
En las últimas semanas hablamos más de los partidos, las personas y las formas que, de sus propuestas, y muy poco del fondo. Todavía desconozco qué plantean las distintas formaciones en materia fiscal o sociosanitaria. Creo que estamos desvirtuando el debate y nos cuesta abrir espacio al sentido común.
