La mejora de la financiación autonómica debe traducirse en una nueva bajada del IGIC
La patronal valoró positivamente las expectativas que abre la futura reforma del sistema de financiación autonómica, siempre que se materialice en los términos planteados por el Gobierno de Canarias
CEOE Tenerife ha presentado este viernes el Informe de Coyuntura Económica de Canarias correspondiente al segundo trimestre de 2026, en un acto que contó con la participación del presidente de la Confederación, Pedro Alfonso, y el director de Consultoría y Gestión Comercial de Corporación 5, José Miguel González.
La patronal valoró positivamente las expectativas que abre la futura reforma del sistema de financiación autonómica, siempre que se materialice en los términos planteados por el Gobierno de Canarias. No obstante, advirtió de la incertidumbre que rodea a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma para 2027, en un contexto marcado por una desaceleración económica, con previsiones de crecimiento cercanas al 1 %, y por la finalización progresiva de los fondos europeos.
Uno de los asuntos que más preocupa a la Confederación es el incremento del coste que supone para las empresas la incapacidad temporal. Según los datos expuestos durante la presentación, las empresas canarias asumen cada año entre 190 y 200 millones de euros derivados de los complementos salariales pactados en convenio y del mantenimiento de las cotizaciones sociales durante todo el periodo de baja laboral.
Pedro Alfonso subrayó que este constituye "el reverso económico del absentismo", una realidad que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas y repercute directamente en su competitividad, productividad y capacidad para generar empleo.
La patronal tinerfeña también mostró su preocupación por el descenso de la inversión pública y las dificultades administrativas que están ralentizando la ejecución de infraestructuras. Según los datos trasladados por el sector de la construcción, actualmente existen 322 obras públicas declaradas desiertas, con un presupuesto conjunto de 457 millones de euros, una situación que refleja las dificultades para ejecutar inversiones estratégicas. El propio Informe de Coyuntura confirma esta tendencia al constatar que la licitación oficial de obra pública registra una caída interanual del 33,2 %, porcentaje que alcanza el 48,7 % en el mes de abril de 2026.
En este sentido, el presidente de CEOE Tenerife advirtió de que "la eficiencia presupuestaria funciona hoy muy por debajo de sus posibilidades. La absorción contable de fondos no equivale necesariamente a crecimiento económico si esos recursos no llegan a ejecutarse y transformarse en inversión real".
Entre otros indicadores, el Informe pone de manifiesto que la afiliación a la Seguridad Social continúa creciendo y alcanzó en junio de 2026 las 453.831 personas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, CEOE Tenerife advirtió de que el verdadero indicador de la calidad del mercado laboral es la elevada rotación existente. Solo durante ese mes se contabilizaron cerca de 48.000 altas y 55.000 bajas en la Seguridad Social.
Según explicó José Miguel González, la reforma del contrato fijo-discontinuo ha modificado la modalidad contractual, pero no ha reducido la elevada rotación efectiva del empleo, circunstancia que sigue afectando negativamente a la productividad. Como consecuencia, el crecimiento del empleo no está siendo suficiente para impulsar la convergencia económica del Archipiélago con Europa. Canarias mantiene un PIB per cápita equivalente al 72,2 % de la media de la Unión Europea, un nivel prácticamente estancado desde 2019.
Con la mirada puesta en el efecto de la inflación sobre la fiscalidad y la renta de las familias, la organización empresarial considera que la mejora de los recursos financieros de la Comunidad Autónoma debe tener un reflejo directo sobre la ciudadanía mediante una nueva reducción del IGIC.
"La inflación no puede convertirse en un impuesto silencioso", señaló Pedro Alfonso, quien recordó que el incremento de los precios eleva automáticamente la recaudación tributaria al aumentar las bases imponibles de bienes y servicios.
"Si a ello se suma la mejora de la financiación autonómica prevista para 2027, existe margen suficiente para avanzar en una nueva rebaja del IGIC comprometida con los agentes sociales, permitiendo que las familias recuperen capacidad adquisitiva. Lo que la inflación aporta de más a las arcas públicas debe regresar a los hogares", concluyó.
