En el 2008, aquellos que nacimos en 1990, fuimos por primera vez a la universidad. Algunos de nosotros íbamos y veníamos en coche cada día o haciendo uso del transporte público, sin embargo, recuerdo perfectamente que muchos de mis compañeros prefirieron compartir piso. 150€ por persona, en plena ciudad universitaria, era algo realmente
factible, casi salía más rentable este formato que pagar la gasolina de todo un mes. Pocos años más tarde, al terminar la universidad, era una realidad alquilar tu primera vivienda por menos de 400€ en muchas ciudades y pueblos, si subías solo un poco aspirabas incluso a un chalé con jardín.
Poco más de diez años han pasado de ese momento, me atrevería a decir que allá por 2015 los precios no eran aún muy diferentes y hoy la realidad es radicalmente opuesta. Si navegan un poco a través de las páginas web de alquiler de inmuebles pueden ver cómo un piso de dos habitaciones, en cualquier pueblo, puede colocarse en torno a los 900 euros, y mejor no esperar una reforma con los mejores materiales.
Según los últimos informes, el alquiler medio de España roza los 1.000 euros, lo que supone casi la mitad del sueldo de una persona de entre 25 y 34 años. Pero no nos engañemos, todos sabemos que no todos los jóvenes cobran ese salario, pues el salario mínimo sigue siendo el pan de cada día para muchos de ellos. En estos casos, hablamos de que la totalidad de su nómina iría destinada al alquiler de un piso. Inasumible. Estas cifras crecen aún más si nos colocamos en las grandes ciudades. Frente a esto, conviene recordar la recomendación de que no más del 30% del salario de una persona vaya destinado al pago de la vivienda. Sencillamente, las cuentas no salen.
Las consecuencias de esta situación son sencillas de intuir: los jóvenes no pueden emanciparse y, lo que con suerte pueden, lo hacen en su mayoría para compartir piso. Concretamente, hablamos de que la edad media de emancipación de España se sitúa en 30,4 años, y hablamos de la media, no de todos los casos. Sobra decir que, en esta situación, es materialmente plantearse tener descendencia, con lo que la crisis de la natalidad es difícil que pueda mejorar a corto plazo.
En este país, en prácticamente todas las Comunidades Autónomas, tenemos una emergencia habitacional sin precedentes. La irrupción de la vivienda vacacional, la recurrente compra de viviendas como inversión, el alza de los precios de manera generalizada y la falta de vivienda pública han convertido la situación en insostenible. Una urgencia que tiene que ver con un derecho constitucional y que parece que no nos preocupa y nos ocupa como debería. Es un problema transversal, no solo de un ministerio o consejería concreta, un asunto de Estado incluso.
Los jóvenes, y no tan jóvenes, tienen todo el derecho a emanciparse, sin arruinarse por el camino, tienen derecho a vivir su vida con dignidad, porque luego les exigimos que tengan los hijos que pagarán nuestras pensiones, pero ¿cómo lo van a hacer si no pueden pagar ni un estudio?
La emergencia habitacional requiere de medidas urgentes y transformadoras, requieren de vivienda pública, de acuerdo entre promotores y parte pública, necesita de regulación de vivienda vacacional y necesita de soluciones estructurales que reformen por completo esta problemática que nos debe ocupar a todos los estamentos de la sociedad.
No es un capricho, es un derecho.
