Los expertos advierten de que la regulación europea del tabaco sigue alejada de la ciencia y de la realidad social
La 9ª Cumbre Científica sobre Reducción del Daño del Tabaco reúne a expertos que reclaman adaptar la regulación a la transformación del consumo, sin descuidar la prevención ni la protección de los menores
El consumo de tabaco y nicotina ha cambiado y las políticas públicas empiezan a enfrentarse a una realidad diferente. La introducción en el mercado de nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina, mantiene abierto un debate sobre la manera más efectiva de regularlos a la vez que se potencia la caída del consumo de cigarrillos.
Esta transformación fue uno de los ejes de la 9ª Summit SCOHRE, celebrada esta semana en Grecia, donde investigadores y expertos analizaron los nuevos patrones de consumo, especialmente entre los jóvenes, y sus implicaciones para la prevención y la regulación.
El mercado ya no es homogéneo
Según los expertos participantes en la cumbre, la revisión del marco europeo pasa por determinar si productos con características y perfiles de riesgo diferentes deben estar sujetos a las mismas reglas en aspectos como la comercialización, los aromas, los límites de nicotina o la fiscalidad.
En 2025, la propuesta de la Comisión Europea para revisar la Directiva de Fiscalidad del Tabaco incorpora los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina, y plantea armonizar su tratamiento fiscal.
El economista Panagiotis Liargovas, presidente del Centro de Planificación e Investigación Económica (KEPE) griego y docente en la Universidad del Peloponeso, advirtió de que establecer un tipo mínimo común puede producir efectos muy diferentes entre los Estados miembros. “No basta con mirar cuánto suben los impuestos, sino analizar qué efectos tienen en cada país y en cada tipo de producto”, señaló. Y añadió una distinción que, a su juicio, resulta clave: “armonización fiscal y equivalencia económica no son lo mismo”, especialmente ante las diferencias entre categorías de productos.
Proteger a los menores sin olvidar a los fumadores
La regulación se enfrenta también a una cuestión difícil de separar: cómo evitar el inicio del consumo entre los menores y, al mismo tiempo, qué hacer con los adultos que ya fuman.
El médico Mark Tyndall, exdirector del Centro para el Control de Enfermedades de Columbia Británica, consideró que el debate regulatorio está poniendo demasiado énfasis en evitar que las nuevas generaciones comiencen a consumir nicotina y presta menos atención a los fumadores adultos. Centrar los esfuerzos exclusivamente en impedir nuevos consumidores, afirmó,“podría llevar 30 o 40 años. Es un objetivo completamente equivocado”.
Los expertos plantearon así la necesidad de diferenciar entre prevención del inicio, abandono del tabaquismo y regulación de productos destinados exclusivamente a adultos, teniendo en cuenta además que, en muchos casos, el consumo de las alternativas sin humo entre jóvenes es esporádico –por ejemplo, la prevalencia de consumo de bolsas de nicotina no llega al 2% en Estados Unidos y en su mayor parte es ocasional–. También reclamaron revisar la eficacia de medidas coercitivas como las políticas Tobacco 21, que elevan hasta los 21 años la edad mínima para comprar productos de tabaco y que, según los datos expuestos por Raymond Niaura, psicólogo experto en adicciones y docente de la Universidad de Nueva York, habrían tenido un impacto en el tabaquismo juvenil de apenas el 1%.
En España, la última edición del informe ESTUDES 2025 refleja también distintos patrones de consumo entre los jóvenes. Canarias es la comunidad autónoma con menor prevalencia de tabaquismo juvenil entre los 14 y 18 años donde el 22,8% afirma haber fumado alguna vez, el 15,6% durante los últimos doce meses y e 10,7% durante el último mes. Por el contrario, un 45,2% reconoció haber probado el vapeo y el 35,9% haberlo consumido en el último año.
El coste del tabaquismo va más allá de la sanidad
La dimensión económica apareció como otro de los elementos del debate. El tabaquismo genera gasto sanitario, pero también tiene consecuencias sobre la productividad, el absentismo, la discapacidad y otros costes sociales.
El economista Witold Orłowski resumió esta perspectiva al apuntar que “cuando se habla de prevención, se sigue viendo como un coste y no como una inversión”. El caso de Polonia sirvió para plantear que los ingresos obtenidos mediante la fiscalidad del tabaco deben analizarse junto al coste económico y social asociado al consumo. La Comisión Europea cifra hasta en 130.000 millones de euros la carga económica del tabaquismo en los Estados miembros, incluidos los costes sanitarios directos y las pérdidas de productividad.
Suecia aportó otro de los ejemplos utilizados durante la cumbre. En 2025, el país registró una tasa de tabaquismo inferior al 5% y una incidencia anual de cáncer de pulmón de 39 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 95 casos de media en la Unión Europea. Para el cardiólogo Konstantinos Farsalinos, estos datos deberían formar parte del debate europeo sobre reducción del tabaquismo: “están intentando combatir el cáncer ignorando al país que prácticamente ha conseguido hacerlo, y que, casualmente, también es miembro de la Unión Europea”, señaló en referencia al Comité SANT y al Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.
La revisión de las normas llega en un momento de cambio y transformación social en el que, además de la dimensión económica, cobra importancia otro factor: el territorial. En el caso de Canarias, las decisiones europeas estarán condicionadas además por las particularidades de un régimen económico y fiscal propio, y por el proceso regulatorio en el que actualmente se encuentra inmersa España. El nuevo marco normativo que resulte de la reforma de la Ley del Tabaco, puede incidir directamente sobre sectores económicos cruciales para el archipiélago y afectar a la competitividad turística o la viabilidad operativa de la hostelería y del ocio.
La Unión Europea mantiene el objetivo de alcanzar una generación libre de humo para 2040. La cuestión que queda abierta es cómo encajar esa nueva realidad en una regulación que distinga los productos según sus características y riesgos, y combinar la protección de los menores con soluciones útiles para los adultos que ya fuman.
