CEOE Tenerife insiste en regular el teletrabajo y la eficiencia en los funcionarios públicos, por el impacto que ha tenido en la productividad y competitividad de Canarias, pues se ha evidenciado una correlación significativa entre el trabajo remoto y la disminución de la productividad y la eficiencia en los servicios.
La patronal hace hincapié en que resulta necesario que el gobierno tome medidas para abordar de inmediato este problema “el Gobierno ha sido incapaz de buscar una solución para el teletrabajo después de las amplias críticas que ha recibido por parte de empresarios y usuarios en cuanto a la tardanza y a la falta de cumplimiento de objetivos por parte de los trabajadores públicos en las distintas administraciones y ha dejado el problema para la siguiente legislatura con un debate abierto y sin soluciones”.
El presidente de CEOE Tenerife Pedro Alfonso advierte que esta situación no permite dar continuidad a la mejora de atención de los ciudadanos “no se trata de ponerse en contra de esta modalidad de trabajo, el problema radica en la forma como se está llevando a cabo, pues hasta ahora no ha mostrado eficiencia ya que no cuenta con una medición de productividad, y existen muchas denuncias por la ineficiencia de las plataformas utilizadas”.
Alfonso puntualizó que la gran asignatura pendiente que tiene esta comunidad autónoma es rebajar la carga regulatoria y la mejor manera de hacerlo es mediante procedimiento digitales eficientes. Remarcó que “una vez que eso sea capaz de darse y ponerse en marcha, el siguiente paso podría ser la redistribución de la carga de los trabajadores de una consejería a otra en función del aligeramiento de trabajo que puedan hacer por esa autogestión del administrado y como consecuencia de esto, pudiera una parte de los trabajadores realizar teletrabajo siempre y cuando tuvieran condiciones productivas por un lado, y por otro, tuviera una vinculación en el contrato el cumplimiento de objetivos como parte fundamental del contrato, el cual garantizaría el buen servicio”.
La situación actual resulta preocupante, pues el atasco en las administraciones públicas se ha empeorado en muchos sectores incluyendo el de la construcción, donde las demoras ya están provocando la perdida de inversiones millonarias, y constituye una amenaza para la sostenibilidad de las empresas, y por consiguiente puestos de trabajo que podrían crearse de inmediato si las licencias, autorizaciones o diligencias fueran más adaptadas a la necesidad de su puesta en marcha.
Fruto de esta preocupación CEOE Tenerife, ha encargado un informe de la Normativa Regulatoria en Canarias, el cual puede ver al completo en la página de la confederación, y en el se destacan los siguientes problemas:
• Canarias presenta una carga regulatoria de 9.466,5 millones de euros, situándose por debajo de la media nacional.
• La carga burocrática en Canarias se concentra en micropymes.
• España se caracteriza por ser uno de los países a nivel mundial con mayor producción normativa.
• Durante el 2021 se han aprobado un total de 851 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
• Esta carga normativa ha supuesto un total de 241.803 páginas, la mayor parte de la regulación procede de las administraciones públicas pertenecientes a las Comunidades Autónomas (CCAA).
• En términos de evolución, desde el año 2014 hasta 2021, Canarias se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento en la producción normativa.
• El número de páginas publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha ascendido hasta las 57.858 páginas, alcanzando una cifra nunca vista, más de 11.000 páginas más que el segundo mayor registro en 2018 (46.768 páginas). Así, en los últimos cuatro años, el BOC ha editado más de 190.000 páginas.
• El mal diseño de la producción normativa implicaría una limitación de los efectos positivos de esta, llegando incluso a ser negativos.
• Entre los efectos que se enumeran, se menciona la reducción en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), por medio del impacto del impacto negativo en la Productividad Total de los Factores (PTF). Además, la complejidad normativa afectaría negativamente en la eficacia del sistema judicial.
• En 2019 un 43,9% de los gestores de los establecimientos sitúa la regulación económica como el segundo factor de mayor importancia del entorno empresarial.
• La carga normativa generada a lo largo de los años ha generado una telaraña jurídica que provoca desconcierto y elevados costes al empresariado, especialmente el vinculado a PYMEs, y que estaría obstaculizando el crecimiento del tejido empresarial.
• España necesita, por término medio, 13 procedimientos para llevar a cabo la misma, la cual supone 147 días, y un coste de 4,7% del Ingreso per cápita del país.
• Estas cifras, sitúan a España como uno de los países que tienen peores facilidades para la creación y puesta en marcha de una empresa frente al entorno de los países de la OCDE
• Con respecto a Canarias, la clasificación general le sitúa en la posición 12 de los 19 territorios analizadas, por encima de Melilla (Melilla), Andalucía (Sevilla), Islas Baleares (Palma de Mallorca).
• Si analizamos el número de trámites que supone la apertura del negocio, Canarias (La Palmas de Gran Canaria) se sitúa entre las tres primeras posiciones, presentando una media de 10 procedimientos.
• Si tomamos de referencia el informe realizado por la Comisión Europea16, se desvela que las cargas burocráticas son uno de los obstáculos para la apertura de los negocios vinculados al comercio minorista en los distintos países de Europa
• En términos de actividad económica, los mayores costes regulatorios se sitúan en la agricultura, y la construcción.
Resulta de especial importancia la realización de sondeos a las empresas, en los que se especifique la monetización de la carga administrativa.
Esta metodología permitiría analizar de manera certera la realidad de las dificultades regulatorias a las que se enfrentan las empresas, las cuales se agudizan en las pymes, así como detectar mejor los posibles solapamientos burocráticos. De aquí, que se haga imprescindible seguir avanzando en la simplificación del procedimiento para agilizar la creación de empresas.
