21/06/2025

Gerardo Rodríguez: “La educación pública es nuestro ascensor social, y los docentes somos sus principales artífices”
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Portavoz del STEC, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias

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El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) se ha convertido en un referente en la defensa de los derechos y condiciones laborales de los docentes canarios. En un contexto donde la educación pública enfrenta retos significativos, el STEC ha levantado la voz para abordar las preocupaciones más apremiantes de los trabajadores de la enseñanza. Desde altas ratios en las aulas hasta la falta de infraestructuras adecuadas, el sindicato se encuentra en la primera línea de la lucha por mejorar el sistema educativo en el archipiélago. ¿Qué balance hace del año 2024? ¿Se pudo avanzar en algún aspecto?

Desde su fundación en 1977, el STEC ha sido un sindicato independiente y combativo, siempre al servicio de los intereses de los docentes canarios. Su larga trayectoria lo ha convertido en un referente sindical en el ámbito educativo, destacando por su capacidad para defender los derechos de los trabajadores y exigir mejoras en las condiciones laborales y educativas.

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En estos últimos años las reivindicaciones sindicales se han centrado en la necesidad de mejorar las condiciones laborales y educativas. Sin embargo, los recortes presupuestarios aprobados para 2024 y 2025 han obstaculizado el avance en este sentido.

A pesar de nuestras reivindicaciones, tanto con la consejería saliente como con la actual, observamos que persisten déficits importantes en el sistema educativo. La disminución del presupuesto destinado a educación, tanto en 2024 como en 2025, ha agravado esta situación. Al pasar de un 4,6% del PIB en 2023 a un 4,2% en 2024 y a un 4% en 2025, se incumple la Ley Canaria de Educación, que establece un mínimo del 5%. Esta reducción presupuestaria impide abordar problemas estructurales como la ampliación de la plantilla docente, lo que se traduce en ratios alumno-profesor excesivamente altas y una calidad educativa comprometida.

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La Consejería ha decidido reducir los presupuestos en aquellos cursos donde ha habido una disminución de la natalidad, como Infantil y los primeros cursos de Primaria. Cursos en los que, al haber menos alumnos, las ratios se ajustan automáticamente, por lo que no se requieren esfuerzos adicionales para reducirlas.

Además, la falta de infraestructuras adecuadas es una preocupación recurrente. ¿Podría detallar cómo afecta esto a la enseñanza y el aprendizaje en los centros educativos de Canarias, especialmente en el sur de islas como Tenerife?

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Consideramos que la Consejería debería invertir más en infraestructuras educativas adaptadas al cambio climático. Las olas de calor cada vez más frecuentes, especialmente en el sur de las islas, demandan centros escolares con sistemas de climatización eficientes y energías renovables. La transición hacia energías limpias, como la solar fotovoltaica, es fundamental para que los centros educativos puedan autoabastecerse y reducir su huella de carbono, tal como establece la Ley del Cambio Climático.

Asimismo, la sobrecarga en los centros educativos del sur de Tenerife está comprometiendo la calidad de la enseñanza. La instalación de aulas prefabricadas en espacios reducidos, como los patios, limita las actividades extraescolares y reduce el espacio disponible por alumno. Para garantizar una educación adecuada, es imprescindible construir nuevos centros educativos que puedan atender la creciente demanda y reducir las ratios por aula.

Como mencionaba, los centros educativos del sur de Tenerife se encuentran al límite de su capa- cidad. Esta situación evidencia la urgente necesidad de construir al menos diez o doce nuevos centros educativos en el sur de las islas, especialmente en Tenerife.

El proceso de estabilización del profesorado por concurso de méritos ha generado preocupación entre los interinos. ¿Qué aspectos específicos de este proceso están causando inquietud y cómo planea el STEC abordar estas preocupaciones?

El proceso de estabilización del profesorado, basado en méritos en lugar de oposiciones, ha generado una gran controversia. Cerca del 50% de las plazas ofertadas fueron adjudicadas a docentes procedentes de otras comunidades, lo que perjudicó significativamente las oportunidades del profesorado canario. Esta situación, que contrasta con lo ocurrido en otros sectores como sanidad o ayuntamientos, ha generado un gran descontento entre el sector docente. A pesar de nuestros esfuerzos por revertir esta situación, ahora debemos trabajar para mejorar las condiciones del nuevo profesorado y garantizar que los próximos procesos de estabilización prioricen a los docentes canarios.

“Los recortes presupuestarios aprobados para 2024 y 2025 han obstaculizado el avance”

Respecto a las oposiciones de 2025, nos preocupa especialmente la convocatoria del cuerpo de maestros. Consideramos que esta decisión perjudicará al profesorado canario, ya que solo se convocará en cuatro comunidades. Esto atraerá a un gran número de docentes de otras regiones, lo que dificultará el acceso a las plazas para los docentes locales. Proponemos retomar el sistema de rotación anterior, donde cada año se convocaban diferentes cuerpos docentes en todas las comunidades, lo que evitaba este tipo de situaciones y garantizaba una mayor equidad.

A pesar de nuestras advertencias, la Consejería persiste en convocar oposiciones para el cuerpo de maestros en 2025. Esta decisión tendrá un impacto negativo considerable en el profesorado canario, al favorecer a docentes de otras comunidades. Esta situación se ha discutido ampliamente a lo largo de 2024, y hemos expresado nuestra firme oposición a esta medida.

Imagino que los docentes interinos deben sentirse muy inseguros ante el proceso de estabilización. ¿Qué medidas concretas están tomando para apoyarlos y garantizar su futuro laboral?

La estabilización del profesorado ha generado una gran incertidumbre para aquellos docentes que llevan años trabajando como interinos en Canarias. Al finalizar el curso, muchos de estos profesionales podrían perder su puesto de trabajo, ya que los docentes procedentes de otras comunidades ocuparán las plazas vacantes. Esta situación es injusta para aquellos que han dedicado años a la educación canaria.

Después, también quería comentar algunas otras cosas, por ejemplo, el protocolo en caso de suicidios. La Consejería de Educación, de alguna manera, responsabiliza al profesorado de la detección de problemas de salud en el alumnado, en particular en niños y adolescentes. Esto significa que se les hace responsables de identificar síntomas que puedan indicar que un joven está en riesgo de suicidio. El aumento del porcentaje de suicidio en los jóvenes es preocupante y, lamentablemente, esta decisión no ha sido acordada de manera conjunta con nosotros, ya que la vice- consejería lo ha emitido de forma unilateral.

El comunicado pone la carga de la detección de estos síntomas sobre el profesorado, lo cual es inadecuado. Además, se mencionan diferentes escalas de riesgo: una en la que los síntomas son visibles pero no hay un riesgo inmediato, otra en la que el riesgo es más fuerte, y una más en la que el riesgo es inmediato. Sin embargo, es importante destacar que el profesorado no debe asumir estas funciones, ya que la responsabilidad es demasiado grande y complicada.

Rechazamos este tipo de cuestiones, ya que los profesores deben centrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es fundamental que existan otros especialistas que evalúen la salud mental de los adolescentes, ya que esa responsabilidad es excesiva para el profesorado. Por lo tanto, hemos solicitado a la Consejería que retire el protocolo de suicidio.

Para finalizar, me gustaría preguntarle qué mensaje le gustaría transmitir a los docentes y a toda la comunidad educativa sobre la relevancia de abordar las preocupaciones que hemos discutido a lo largo de esta entrevista.

Quiero transmitirles que la educación pública es un bien común que debemos defender con uñas y dientes. Solo a través de la organización, la movilización y la reivindicación lograremos mejorar su calidad y garantizar el derecho a una educación de calidad para todos. La lucha que hemos llevado a cabo en FP es un claro ejemplo de lo que podemos conseguir cuando nos unimos. La educación pública es nuestro ascensor social, y los docentes somos sus principales artífices. Es hora de reivindicar nuestro papel y garantizar un futuro mejor para nuestros estudiantes y para nuestra sociedad.

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