El título de esta columna no causará sorpresa a nadie. Tampoco debería sorprender que, detrás del refranero, se esconda una de las verdades más incómodas del momento económico que atravesamos: que España, ese país que tanto esfuerzo cuesta construir desde abajo, se ha convertido en un lugar donde construir desde abajo ya no compensa.
Desde el año 2020 transitamos por una situación que, lo digo desde el despacho, se percibe con absoluta claridad. Desde los clientes que entran con contratos firmados hace diez años y facturas de cotizaciones que han crecido más que su facturación. Desde los expedientes de empresas que funcionaban y que, de repente, ya no saben cuánto van a pagar el año que viene porque nadie lo sabe. Ni ellos. Ni sus asesores. Ni, me temo, quienes deberían saberlo con certeza.
Permítanme empezar por el principio. Montesquieu, que era francés pero tenía más sentido común que varios gobiernos peninsulares juntos, advertía que una cosa no es justa por ser ley. Debe ser ley porque es justa.
Y lo que hoy presenciamos se aleja peligrosamente de ese equilibrio. Llevamos años gobernando mediante decreto-ley como si la extraordinaria y urgente necesidad fuera una condición permanente del ser español. Guerra de Ucrania, pandemia, volcán de La Palma. En nada tendremos un decreto-ley justificando “el Lawfare” como extraordinaria y urgente necesidad. Todo cabe. Todo justifica. Todo habilita al Ejecutivo a legislar a golpe de Boletín Oficial sin que el Congreso haga otra cosa que apretar un botón de convalidación como autómata bien amaestrado.
El problema no es solo técnico. El problema es que el empresario no puede proyectar. Y el que no puede proyectar, no invierte. Y el que no invierte, no contrata. Y el que no contrata, no crece. Es una cadena de consecuencias tan sencilla que debería figurar en cualquier manual de primero de economía, pero que parece haber desaparecido de la agenda de quienes nos gobiernan con la misma facilidad con que desaparecen las promesas electorales después del veinte de noviembre.
A esto hay que añadir la presión fiscal. No me refiero solo a tipos impositivos, que también. Me refiero a esa forma silenciosa y acumulativa de apretar que no aparece en un solo titular, pero que se percibe cada trimestre cuando un empresario liquida sus obligaciones tributarias y descubre que ha trabajado los primeros siete meses del año para el Estado. Las cotizaciones sociales suben. Las bases reguladoras cambian. Los módulos se revisan. El Impuesto de Sociedades tiene más excepciones que una norma canónica. Y cada excepción, cada bonificación, cada incentivo, viene acompañado de su propio trámite, su propio formulario, su propio plazo y su propio riesgo de inspección si alguien interpreta el precepto de forma diferente al día siguiente.
Aquí es donde entra la tecnología. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la digitalización —ese concepto que los políticos pronuncian con la misma reverencia con que otros pronuncian el nombre de Dios— ha cambiado radicalmente el tablero. Un consultor, un desarrollador, un creador de contenidos, un abogado especializado en algo concreto, puede hoy atender a cien clientes en cien países distintos desde una mesa con vistas al Teide. Su producto no pesa. No ocupa espacio en un almacén. No necesita un camión que lo distribuya ni una tienda que lo exponga. Solo necesita una buena conexión a internet y una jurisdicción que no lo trate como si fuera culpable de algo por haber tenido la osadía de ganar dinero.
Y ahí está la trampa. Porque esa misma tecnología que los discursos oficiales celebran como el futuro del empleo es exactamente la herramienta que permite que ese futuro del empleo se instale en Lisboa, en Dubái, en Andorra o en cualquier latitud donde el Estado no confunda la recaudación con la confiscación. No hay drama. No hay declaración pública. No hay titular en la prensa económica. Hay un formulario de cambio de domicilio fiscal, un vuelo de dos horas y un empresario que ya no tributa aquí porque aquí ya no le compensaba quedarse.
Canarias tiene, para su suerte o su desgracia, una particularidad. La Zona Especial Canaria —la ZEC— es uno de los pocos instrumentos de política fiscal que este archipiélago ha sabido defender con cierta coherencia. Un tipo reducido del cuatro por ciento en el Impuesto de Sociedades para empresas que cumplan los requisitos. Un incentivo real, verificable, que ha atraído estructuras empresariales que de otra manera no habrían cruzado el charco. Pero incluso la ZEC vive bajo la amenaza constante de una armonización fiscal europea que, si llega mal planteada, puede arrasar en un Consejo de Ministros lo que tardó décadas en construirse.
El empresario no es un enemigo del sistema. Es el sistema. Es el que paga las nóminas con las que otros pagan sus hipotecas. Es el que asume el riesgo que otros no quieren asumir. Es el que se levanta antes de que amanezca para cuadrar cuentas que no cuadran con normas que cambian antes de que las entiendas.
No es oro todo lo que reluce. Tampoco lo es la retórica del emprendimiento cuando viene acompañada de una presión fiscal que haría palidecer a un recaudador medieval.
El talento, como la luz, viaja a la velocidad de la conexión a internet. Y si no le ofrecemos aquí las condiciones para quedarse, no nos sorprendamos cuando amanezca en otra parte.
Y la IA y los robots que trabajan en cadenas de montaje ya están aquí. No dudo que la única innovación que veamos a corto plazo sea que los propietarios de IA y robots tengan que pagar el impuesto de la renta de la persona robot.
