El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó hoy en la inauguración de la Conferencia autonómica ‘La reforma laboral. Apoyo a las empresas, protección del empleo y mejora de las condiciones de trabajo’ que la modificación normativa aprobada el pasado mes de diciembre será “especialmente beneficiosa para Canarias, donde ya en los primeros meses del año se ha elevado sustancialmente el porcentaje de contratos indefinidos, y además se integran los ERTE en la normativa ordinaria, siendo el Archipiélago una de las comunidades más afectadas por ambos aspectos”.
De hecho, ya en el primer mes de vigencia de la reforma, enero de 2022, el porcentaje de contratos indefinidos firmados en las Islas fue del 19%, cuando lo habitual era que la contratación indefinida estuviese en torno al 10% mensual y, en febrero, ese porcentaje se elevó por encima del 27% de todos los contratos firmados.
Canarias es una de las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de temporalidad en las contrataciones. Según la última Encuesta de Población Activa, la tasa de temporalidad en el último trimestre de 2021 fue del 25,31% en España y de seis puntos más en Canarias, hasta alcanzar el 31,51%. Una situación que incide especialmente en el caso de las personas menores de 25 años, para las que el año pasado se cerró con el 69,04 de temporalidad estatal y el 73,62, en Canarias.
Torres destacó además la gran importancia de que la reforma saliese adelante con el consenso de patronal y sindicatos y, en este sentido, la consejera de Economía, conocimiento y Empleo, Elena Máñez, recordó que, “en lo que va de legislatura, se han alcanzado en el Estado 16 acuerdos en materia laboral y, de ellos, 12 se han aprobado con el apoyo de patronal y sindicatos, con una unidad que es lo que necesitamos en estos momentos de incertidumbre”.
Máñez explicó también cómo la consideración de todos los contratos como indefinidos, por defecto, con excepciones tasadas para la contratación más temporal, redundará en que las canarias y canarios “tengan muchas más oportunidades para desarrollar una carrera profesional, formarse y progresar a partir de contratos indefinidos, en especial para nuestra juventud”.
Sin embargo, la aplicación de la norma, que entra plenamente en vigor el próximo viernes, 1 de abril, incluye muchas otras variaciones en toda la normativa de contratación, formación para el empleo y las propias sanciones, “que hacen necesario un estudio mucho más profundo de su contenido”, según afirmó el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, como titular del centro directivo responsable directo de la organización de la Conferencia.
“La prueba de esa necesidad” -continuó Ramos- “es que contamos con más de 600 personas inscritas a los dos días de la Conferencia, que se repite el martes en Santa Cruz de Tenerife, y refleja además que acertamos con las personas escogidas para las ponencias”.
En concreto, y después de una exposición en video a cargo del Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, el programa incluyó cuatro ponencias a cargo de sendos catedráticos y catedráticas de Derecho del Trabajo. Así, Gloria Rojas, de la Universidad de La Laguna, analizó las nuevas formas de contratación temporal; Amparo Merino, de la Universidad de Castilla La Mancha y miembro del CES estatal, la aplicación de los convenios colectivos en el caso de subcontrataciones; Jesús Cruz, de la Universidad de Sevilla y presidente de la Comisión consultiva nacional de Convenios Colectivos, la negociación colectiva; y Margarita Ramos, de la Universidad de La Laguna, los nuevos ERTE y el Mecanismo RED.
La jornada se completó con una mesa redonda en la que participaron representantes de las organizaciones estatales firmantes de la reforma, como son la CEOE, Cepyme, UGT y CC.OO, junto con el director general de Trabajo y el director territorial en Canarias de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, Francisco Guindín. El moderador de la mesa fue el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, quien resaltó “el consenso alcanzado a través del diálogo social, con una visión de país en la que todas las partes renunciaron a parte de sus exigencias, con tal de hacer progresar nuestro mercado laboral”.
