El Pleno de la Cámara regional ha rechazado este martes [26] una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para adoptar medidas en relación con la práctica de la reduflación, es decir, vender menos cantidad de un producto por el mismo precio.
El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Manuel Hernández, ha defendido la iniciativa y ha asegurado que dicha práctica “es una auténtica estafa que menoscaba la confianza de los consumidores, atenta contra sus derechos y acaba con la transparencia que debe regir en las relaciones de consumo”. “Es un ataque directo a nuestro poder adquisitivo y a la transparencia en el mercado”, ha añadido.
El objetivo de la Proposición No de Ley socialista es “contribuir a erradicar dicha práctica”, razón por la que, “proponemos que se dé más información a los consumidores para que sepan detectar este tipo de prácticas y que se obligue a las empresas a informar de forma clara y transparente de estos cambios en sus productos».
En este sentido, la propuesta incluye que se inste al Gobierno de Canarias a realizar, con la colaboración de las asociaciones de consumidores y usuarios, campañas de información con objeto de que las personas consumidoras puedan reconocer las prácticas de reduflación y cómo pueden protegerse de ellas.
También se pide realizar un estudio específico del fenómeno conocido como reduflación y las consecuencias que puede estar teniendo en Canarias y un seguimiento especial sobre este tipo de estrategias comerciales, además de la constitución del Consejo Canario de Defensa de la Competencia, y dotarlo de los medios humanos y materiales para su correcto desempeño.
Asimismo, se solicita reforzar, dentro de las campañas de vigilancia del mercado, el control sobre la presentación de los productos que pueda inducir a error sobre la cantidad que contienen sus envases.
Hernández alertó que el fenómeno de la reduflación, que afecta mayoritaria y principalmente a productos de primera necesidad que se compran cotidianamente, cuando el consumidor no está informado, constituye una maniobra fraudulenta y censurable basada en los hábitos de compra, ya que el fabricante es consciente que el precio es determinante a la hora de decidir comprar un producto para la mayoría de los consumidores.
“Y su principal víctima es la economía de muchos hogares, porque impacta en los ingresos familiares y en las finanzas personales, y afecta sobre todo a productos de consumo muy frecuente, como los alimentos envasados”, añadió.
