El pasado viernes los trabajadores se concentraron frente al Hospital de La Candelaria en Tenerife. ¿Qué balance hacen desde USO de esa jornada de huelga y cuál fue la respuesta tanto de los trabajadores como de las administraciones?
Es nuestra segunda jornada de huelga. En la primera concentración hubo menos participación de la que se esperaba, ya que a los compañeros les cuesta salir a la calle después de tantas dificultades, incluso para llegar a final de mes.
Sin embargo, ya en la segunda convocatoria hemos visto una aceptación muy positiva por parte de la plantilla a pesar de los servicios mínimos del 100% impuestos por la administración.
Aun así, hemos notado el respaldo de la ciudadanía porque los ciudadanos también ven lo que está pasando con el servicio.
Después de más de un año con el convenio colectivo bloqueado, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que siguen sin atenderse por parte de las patronales ACEA y ARTS?
La negociación nos está siendo complicada, ya que hay varias organizaciones sindicales. Lo primero que pedimos es un reconocimiento de nuestra categoría. El título de técnico en emergencias sanitarias es obligatorio desde 2007, con una formación de 2.000 horas.
Han pasado diecinueve años y todavía no tenemos el reconocimiento retributivo ni en la Seguridad Social. Nos siguen llamando camilleros, cuando somos técnicos en emergencias sanitarias titulados.
Después de todo ello, necesitamos una actualización salarial justa.
Hemos perdido entre el 19 y el 25% del poder debido al incremento de vida, más el IPC, y el acumulativo de los SMI. Asimismo, necesitamos una reducción y mejora de la jornada laboral y una reestructuración del convenio colectivo en sus 17 categorías.
“Nos siguen llamando camilleros, cuando somos técnicos en emergencias sanitarias titulados”
Han denunciado que los salarios llevan congelados desde finales de 2024 y que incluso las tablas salariales están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. ¿Cómo está afectando esta situación a los profesionales del transporte sanitario en Canarias?
La situación nos afecta gravemente. Hay trabajadores abandonados en este trabajo porque no llegamos a fin de mes. Con los salarios congelados desde el 31 de diciembre de 2024, se ha hecho una reestructuración y hay categorías cuyo salario base más plus eran 1.117 euros, quedando por debajo del SMI. Se tuvo que incrementar 16,40 euros para ajustarlo al mínimo legal exigido.
Además, después de la sentencia del 30 de abril en la que perdemos un 2%, tras varios meses, nos reclaman entre 2.500 y 4.000 euros por trabajador, alegando pagos indebidos. Consideramos un abuso que una patronal con tal volumen de trabajadores y capacidad jurídica nos reclame estas cantidades tras haber gestionado pagos y atrasos. Estamos en una situación muy complicada que está provocando el abandono de profesionales del sector.
Uno de los puntos clave de la negociación es el reconocimiento profesional de los técnicos en emergencias sanitarias. ¿Por qué consideran que este reconocimiento es imprescindible para dignificar la profesión y mejorar el servicio?
Aunque los recursos sanitarios nos exigen una titulación, a día de hoy, la cualificación y la responsabilidad no se reflejan. Esto es algo que debe quedar reflejado en el convenio colectivo, incluso el Congreso aprobó, que un partido político llevara una PNL, la cual salió aprobada por una unanimidad para el reconocimiento de técnico en emergencia sanitaria que a día de hoy no se ve reflejada. Entonces, entendemos que eso tiene que seguir hacia adelante.
No podemos seguir dejando a los profesionales de transporte sanitario en la cola del sistema. Para dignificar nuestra profesión, lo mínimo que pedimos es que se nos reconozca como técnicos de emergencia sanitaria.
“Necesitamos el mismo apoyo que recibimos en la pandemia”
El Gobierno de Canarias ha decretado unos servicios mínimos del 100%, algo que ustedes consideran un impedimento para ejercer el derecho a huelga. ¿Por qué creen que esta medida vulnera ese derecho y qué valoración hacen de esa decisión?
Entendemos que el transporte sanitario es un servicio vital que la ciudadanía debe tener garantizado. Sin embargo, unos servicios mínimos del 100% vacían de contenido el derecho fundamental a la huelga. Una cosa es garantizar la asistencia urgente y no urgente, y otra muy distinta impedir cualquier efecto práctico de nuestra movilización.
Entonces, cuando la totalidad de los recursos debe mantenerse operativa, el derecho constitucional a la huelga se ve coartado. Por ello, desde el comité, hemos denunciado estos servicios mínimos abusivos del 100%.
Llevamos años aguantando que las patronales se beneficien a costa de nuestro esfuerzo y dedicación y estas medidas nos resultan abusivas y desproporcionadas para nuestro sector.
Desde el sindicato también han comparado estos servicios mínimos con otras situaciones en las que sí se han suspendido o aplazado servicios sanitarios, como ocurrió durante la visita del Papa.
Es algo curioso. Ante un evento de tal magnitud, donde se destinaron millones de euros, se nos pidió acudir voluntariamente. Nosotros no estamos en contra de la visita del Papa, pero es cierto que, para eventos así, se reestructuraron las citas de pacientes de diálisis, pasando sus servicios del viernes al sábado. Ahí sí hubo capacidad de gestión.
Sin embargo, para nuestras reivindicaciones laborales nos imponen el 100% de servicios mínimos, alegando siempre que el paciente es lo primordial. Entendemos perfectamente que los pacientes son la prioridad, pero creemos que debe haber capacidad reestructurativa. Si para un evento se pudo hacer, nuestras reivindicaciones también deberían permitir una reestructuración.
Si en los próximos días no se producen avances en la negociación del convenio, ¿cuáles serán los siguientes pasos de USO y qué solución esperan tanto de las patronales como del Gobierno de Canarias para poner fin al conflicto?
Nuestra prioridad siempre ha sido el diálogo y la negociación, pero si no hay avances reales, continuaremos con las movilizaciones y medidas de presión aprobadas.
Nos parece aberrante que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, diga que este problema no es competencia suya. Sí creemos que lo es, y están intentando sacar un concurso público a la baja, por debajo del coste real del servicio, lo que solo busca precarizarlo.
Si la consejera no es capaz de mediar, debe delegar, porque entendemos que es su competencia. Exigimos que asuma su responsabilidad y dote al concurso de la partida económica necesaria para garantizar un servicio decente al pueblo canario.
Nosotros seguiremos con las manifestaciones y las huelgas cada viernes hasta que alguien nos escuche. Pedimos apoyo a la ciudadanía, no solo por el salario, sino por unas condiciones dignas.
Es lamentable, después de tantos años, que no entiendan que nuestro convenio está obsoleto. Somos los primeros intervinientes y un servicio esencial que debe ser apoyado. Al igual que salieron a los balcones y calles a aplaudirnos, ahora necesitamos el mismo apoyo que recibimos en la pandemia.
