La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha anunciado una firme apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que priorice la recuperación de viviendas abandonadas y construcciones inacabadas-los conocidos como “cascarones”-frente a la ocupación de nuevo suelo. Una estrategia que responde a la creciente demanda de soluciones habitacionales en la Isla y al compromiso con la protección del entorno.
“Fuerteventura no puede seguir creciendo a costa de su territorio. Tenemos muchos inmuebles en desuso, en suelo urbanizable, que están deteriorándose o a medio hacer, que podrían recuperarse para atender la demanda real de vivienda”, señaló García. A este respecto, la presidenta insular ha subrayado que “el desarrollo debe planificarse pensando en quienes habitan la Isla y no en función de intereses especulativos”.
De este modo, el Cabildo ha iniciado una estrategia integral, habiendo solicitado ya, por escrito, a todos los ayuntamientos de informes detallados sobre la situación jurídica de estos inmuebles, con el fin de elaborar un diagnóstico riguroso.
Con esta información, se coordinarán acciones junto al Gobierno de Canarias para facilitar la recuperación definitiva de estos espacios, ya sea mediante acuerdos con los propietarios, adquisición pública o fórmulas legales que lo permitan.
“Queremos dar una respuesta real a una demanda ciudadana que lleva demasiado tiempo esperando. Estos espacios no pueden seguir siendo símbolo de abandono. Deben transformarse en oportunidades: para viviendas, para equipamientos públicos o para usos que respondan a las necesidades sociales y económicas actuales”, afirmó la presidenta.
Esta iniciativa se enmarca en una política de vivienda basada en la rehabilitación, el uso eficiente del suelo ya urbanizado y la sostenibilidad, en consonancia con un modelo insular adaptado a las características de Fuerteventura. Además, el Cabildo ofrecerá apoyo técnico a los ayuntamientos para la elaboración de los informes y liderará la hoja de ruta que permita devolver estos espacios al uso público.
“El objetivo es claro: responder a las necesidades habitacionales de la población que vive en Fuerteventura, sin fomentar la especulación ni crear un efecto llamada. Apostamos por una isla más habitable, cohesionada y respetuosa con su territorio”, concluyó García.
