El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, anunció el pasado jueves, en el muelle de La Restinga, la declaración de emergencia social como consecuencia de la crisis migratoria que sufren las islas. El repunte en la llegada de cayucos ha supuesto la llegada de más de 15.000 personas desde que comenzó el año, de las cuales más de 2.900 han sido menores no acompañados que fueron atendidos, en exclusiva, por el Ejecutivo regional con sus propios recursos.
Domínguez manifestó que la declaración de emergencia social está a expensas de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y que esta herramienta “posibilitará que podamos utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance con mayor celeridad, en cuanto a menores se refiere, para poder atenderlos con mayor prontitud”.
Del mismo modo, el vicepresidente lamentó el drama humano vivido por los migrantes y, en especial, remarcó que desde agosto “han llegado ya más de 3.000 personas a El Hierro, entre ellos 497 menores de los que 301 ya han sido derivados a Tenerife y Gran Canaria. Mañana volveremos a desviar al resto de los que quedan, quedando un cupo máximo de 40 aquí en el Hierro”.
“Necesitamos –prosiguió el vicepresidente– que se nos escuche desde el Gobierno central. Exigimos la creación de un mando único porque no es posible que el Gobierno de Canarias tenga que negociar, en este asunto, hasta con seis ministerios distintos. Especialmente porque no se coordinan entre ellos y nos dicen cosas diferentes. El Gobierno estatal está dejando de hacer sus funciones y trata a estas islas como a ciudadanos de segunda. Somos una comunidad autónoma alejada en los kilómetros y la distancia geográfica, pero también en las políticas que, desde Madrid, se ejercen con los que aquí residimos”, explicó.
Domínguez remarcó que “este debe ser un asunto de Estado y Pedro Sánchez, concretamente, debería hacerse a la idea de que lo que hoy vivimos aquí en El Hierro está sucediendo en Cataluña para ver si así nos trata de manera distinta”.
El vicepresidente agregó que la crisis migratoria “ha dejado desasistida a la población de El Hierro, ya que han llegado 1.200 personas en apenas dos días a El Pinar. Esa cifra supone algo más del 10 por ciento de la población de toda la isla y ha supuesto que el centro de salud deje de tener a sus médicos atendiendo a la ciudadanía y que las ambulancias sean desviadas hasta el lugar en el que ahora nos encontramos para poder atender a las personas que llegan a nuestras costas de manera desesperada”.
“Si esta situación fuese entendida, de una vez por todas, como un problema de Estado, seguro que los migrantes estarían atendidos aquí en este puerto de La Restinga por personal sanitario que dependiese del propio Estado a través, por ejemplo, de Cruz Roja. Nosotros nos prestamos a ceder estas instalaciones para que, de esa manera, sean atendidos y no dejemos desasistida a la población canaria”, agregó.
Por último, Domínguez también hizo referencia al asunto de las derivaciones. “Es un asunto de Estado que debe ser coordinado por el Gobierno central a través de un mando único para, de esta forma, poder llevarlas a cabo. Celebro profundamente este inicio de acuerdo con la Unión Europea, a través de ese pacto por la inmigración y el asilo, pero también exigimos celeridad en el cumplimiento de este porque Canarias no aguanta esta presión migratoria. Hablamos de un territorio pequeño y fragmentado, en islas como El Hierro, en la que solo durante la jornada de ayer arribaron a este muelle más personas que la población que reside en el municipio de El Pinar”, concluyó.
