La intervención de los mercados es la única forma de controlar los precios de la energía (electricidad y combustibles). Una intervención que ha de concretarse en medidas como desacoplar el gas del cálculo de la factura eléctrica, establecer un tope para los precios energéticos o incluso gravar impositivamente a las grandes multinacionales productoras de electricidad.
Una reducción de los impuestos que gravan la electricidad y el combustible en Canarias, por el contrario, no tendría impacto en el precio final que el consumidor paga por tales productos y sí repercutirá en los ingresos que la Comunidad Autónoma destina luego a la atención de la sanidad, la educación y los servicios sociales, y a ayudas a sectores productivos.
El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, recordó hoy en diferentes comparecencias ante los medios que la fiscalidad de estos productos es muy baja o inexistente en Canarias y que, en todo caso, el problema viene determinado por el precio de las materias primas y tácticas especulativas, no por el importe del impuesto.
“Por tanto, debemos enfocarnos en la raíz del problema -añadió- en lugar de adoptar decisiones irresponsables que lo único que harían es minar la capacidad de la administración pública para atender los servicios públicos fundamentales y dar cobertura a aquellos que ahora precisamente peor lo están pasando por culpa de la inflación”.
El vicepresidente explicó que, en consecuencia, hay que ir al origen del problema y en esa dirección son el Gobierno de España y la Unión Europea quienes tienen capacidad para adoptar medidas que amortigüen la escalada de precios. De ahí que considere decisivo el Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25 en el que se tomarán decisiones para combatir la inflación que han de pasar por la intervención de los mercados, y la apuesta por otros mercados y energías renovables.
Simultáneamente, el Gobierno de España está diseñando un Plan de Respuesta que se aprobará en el Consejo de Ministros del día 29 y en el que se prevén actuaciones como un pacto de rentas que limite los beneficios empresariales y los salarios, además de medidas fiscales y económicas.
Rodríguez precisó que en Canarias se pagan 26,5 céntimos de euros por litro de gasolina en el impuesto especial de carburantes -cuando en la Península son 47,4 céntimos-. Además, en la Península se añade un 21% de IVA, cuando en Canarias hay un tipo 0 del IGIC.
Otra particularidad del mercado canario es que el Gobierno devuelve el 68% de esa cantidad que se cobra por el impuesto a los transportistas profesionales y agricultores.
En todo caso, el vicepresidente se mostró partidario de mantener el diferencial fiscal entre Canarias y la Península en el caso de que el Gobierno de España decida rebajar su Impuesto Especial de Hidrocarburos.
En relación con la electricidad, Canarias aplica el tipo 0 del IGIC a aquellos consumidores que tienen contratados menos de 10Kw, que son el 96% de los usuarios. Para el resto, el tipo es del 3%.
A este respecto, Rodríguez recordó que en la Península había un 21% de IVA y bajo a un 10%, “cosa que no ha servido de nada para contener la escalada de precios de la electricidad, que tiene otro origen, y sí para engordar la cuenta de resultados de las compañías eléctricas”.
El vicepresidente insistió en que el Gobierno de Canarias ayudará a los sectores más afectados por estas subidas de precios, pero no a través de una bajada de impuestos, “que siempre acaban beneficiando a los grandes patrimonios y minando la capacidad de la Administración para atender a los vulnerables”, sino con medidas específicas.
Descuadre de cuentas
Las consecuencias de la escalada de precios de los últimos meses afectan también a las administraciones públicas, de modo que en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias el Gobierno habrá de realizar ya un ajuste presupuestario de 400 millones de euros para afrontar los pagos a sus distintos proveedores, según dijo Rodríguez.
Esa circunstancia invalida, por “irresponsable y demagógica”, cualquier propuesta de rebaja fiscal, puesto que recortaría aún más los ingresos públicos, “que son imprescindibles para atender, precisamente, las necesidades de los más afectados por la inflación”, sentenció.
