¿Cuáles son los objetivos específicos de su Consejería en materia de desarrollo sostenible de aquí al final de la legislatura?
Nuestro objetivo es consolidar un modelo de desarrollo sostenible que permita a Canarias avanzar hacia un archipiélago más resiliente, descarbonizado y preparado frente a los desafíos ambientales del presente y del futuro. Las islas tienen una realidad muy particular: somos un territorio insular, fragmentado y con una biodiversidad extraordinaria, pero también especialmente frágil. Por eso nuestras políticas deben ser ambiciosas y adaptadas a esa singularidad.
De aquí al final de la legislatura trabajamos en varios hitos estratégicos. En el ámbito energético, estamos reforzando y modernizando el sistema eléctrico canario para garantizar la seguridad del suministro y facilitar una mayor penetración de energías renovables. La instalación de los grupos de emergencia energética y el avance en la renovación del parque de generación convencional con la adjudicación del concurso después de tantos años permitirán cerrar una etapa marcada por la obsolescencia de infraestructuras y el riesgo real de apagones.
Al mismo tiempo, estamos impulsando la transición energética con herramientas como las Zonas de Aceleración de Renovables, el decreto que permitirá la participación ciudadana en proyectos de energías limpias o el desarrollo de nuevas infraestructuras de almacenamiento energético.
En paralelo, avanzamos en el ámbito ambiental con iniciativas como el nuevo Plan Forestal de Canarias, o las futuras Leyes de Montes y de Biodiversidad, proyectos de adaptación al cambio climático en zonas costeras o el despliegue de refugios climáticos frente al aumento de temperaturas y olas de calor.
A ello se suma la culminación del Plan de Acción de Economía Circular, que busca transformar la gestión de residuos en Canarias y convertirlos en una oportunidad económica y ambiental.
En definitiva, hablamos de un conjunto de políticas que persiguen un objetivo común: proteger nuestro patrimonio natural, reforzar nuestra seguridad energética y garantizar que el desarrollo económico de Canarias sea compatible con la sostenibilidad.
¿Cómo está integrando la educación ambiental y la sostenibilidad en el sistema educativo canario más allá de los proyectos puntuales? ¿Se prevé un marco curricular propio para toda la comunidad autónoma?
La educación ambiental es una pieza fundamental de cualquier estrategia de transición ecológica. No se trata únicamente de aprobar normas o impulsar infraestructuras, sino de generar una verdadera cultura de sostenibilidad en la sociedad.
Por eso estamos trabajando de manera estrecha con la Consejería de Educación para integrar estos contenidos desde distintos ámbitos dentro del sistema educativo canario. Lo estamos haciendo, por ejemplo, a través de iniciativas relacionadas con el conocimiento del cambio climático, pero también mediante programas vinculados a la biodiversidad y al medio marino.
En este sentido, una de las herramientas más importantes es la red educativa RedPROMAR, que permite acercar al alumnado la riqueza y fragilidad de los ecosistemas marinos de Canarias, fomentando el conocimiento científico y la conciencia ambiental desde edades tempranas.
Además, estamos impulsando el llamado Plan Formativo Verde, que busca identificar los sectores profesionales vinculados a la economía verde y preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral cada vez más ligado a la sostenibilidad, las energías renovables o la gestión ambiental.
Canarias tiene la oportunidad de convertirse en un laboratorio natural de innovación climática y energética, y para lograrlo necesitamos que nuestros jóvenes comprendan bien los retos que afrontamos como territorio insular.
En relación con el Proyecto IDAFE, ¿qué resultados preliminares han observado tras las primeras formaciones del profesorado y qué indicadores se usarán para medir el impacto en alumnado y centros escolares?
El proyecto IDAFE está demostrando ser una herramienta muy eficaz para acercar el conocimiento científico sobre el cambio climático al sistema educativo.
En su primera fase, el programa se ha centrado en la formación del profesorado y en el desarrollo de materiales didácticos adaptados a la realidad de Canarias. Los resultados iniciales han sido muy positivos, tanto por la participación de los docentes como por el interés que ha despertado entre los centros educativos.
Uno de los aspectos más relevantes es que el proyecto no aborda el cambio climático únicamente desde una perspectiva global, sino desde su impacto directo en nuestro territorio: el aumento de temperaturas, la reducción de las precipitaciones, la presión sobre los ecosistemas o la subida del nivel del mar.
Además, IDAFE se ha convertido en una iniciativa de referencia para explicar cómo un territorio insular puede afrontar los desafíos climáticos. De hecho, fue el proyecto que la Consejería llevó a la COP30, celebrada en Brasil, como ejemplo de buenas prácticas en educación climática aplicada a regiones insulares.
En cuanto a los indicadores de impacto, estamos trabajando con varios parámetros. Por un lado, el número de centros y docentes implicados y la implantación real de los contenidos en las aulas. Por otro, la evaluación del conocimiento adquirido por el alumnado y su capacidad para comprender los retos ambientales del archipiélago.
Nuestro objetivo es que no sea una experiencia aislada, sino un modelo educativo que pueda ampliarse progresivamente a más centros en Canarias.
Además, ¿cómo contribuirá la futura Ley de Montes a reforzar la resiliencia ambiental y social frente a riesgos como incendios forestales, sequías o presión urbanística, específicamente en un contexto insular como el canario?
La futura Ley de Montes de Canarias será una herramienta fundamental para mejorar la gestión forestal del archipiélago y adaptarla a los desafíos actuales.
A diferencia de otras comunidades autónomas, Canarias no cuenta todavía con una legislación forestal propia plenamente desarrollada. Hasta ahora hemos aplicado la normativa básica estatal, pero nuestra realidad insular exige un marco normativo adaptado a nuestras características ecológicas y territoriales.
Esta ley permitirá reforzar la prevención de incendios forestales, mejorar la planificación del territorio forestal y coordinar de forma más eficaz las competencias entre administraciones. Además, se complementará con el nuevo Plan Forestal de Canarias y con el Decreto de Prevención y Extinción de Incendios Forestales aprobado recientemente, que establece instrumentos de planificación más avanzados y mecanismos de coordinación interadministrativa.
Otro aspecto clave es la integración del medio rural dentro de la estrategia de prevención. La recuperación de cultivos tradicionales o los proyectos agroforestales pueden convertirse en aliados frente al abandono del territorio, que es uno de los factores que incrementa el riesgo de incendios.
En el marco del avance en el refuerzo y modernización de los sistemas eléctricos insulares junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ¿cuáles son los principales retos que percibe para lograr una red eléctrica 100% renovable en las islas antes de 2030?
El principal reto es estructural: partimos de un sistema eléctrico muy dependiente de combustibles fósiles y con un parque de generación convencional obsoleto. Actualmente, alrededor del 80 % de la electricidad que consumimos procede de fuentes fósiles.
Además, nuestros sistemas eléctricos son pequeños y aislados, lo que complica la integración masiva de energías renovables si no contamos con suficientes mecanismos de respaldo y almacenamiento.
Por eso estamos trabajando en varios frentes simultáneamente. Primero, garantizar la seguridad del suministro con medidas urgentes derivadas de la declaración de emergencia energética. Segundo, renovar el parque de generación convencional para hacerlo más flexible y compatible con las renovables.
También es fundamental reforzar las redes eléctricas, desarrollar interconexiones entre islas y desplegar infraestructuras de almacenamiento energético que permitan gestionar mejor la producción renovable.
La transición energética en Canarias no consiste solo en instalar más parques eólicos o fotovoltaicos. Se trata de rediseñar el sistema energético para hacerlo más inteligente, flexible y resiliente.
“La educación
ambiental es clave
para generar una
verdadera cultura
de sostenibilidad en
Canarias”
De la misma manera, ¿qué estrategias específicas se están diseñando para fomentar la integración de renovables en el sistema eléctrico canario y garantizar la seguridad del suministro sin depender de centrales térmicas?
Estamos desarrollando una estrategia integral basada en varios pilares.
En primer lugar, el impulso decidido a las energías renovables en todas sus modalidades, desde grandes instalaciones hasta autoconsumo. Un ejemplo de ello es la apuesta por la energía solar fotovoltaica en espacios antropizados, como cubiertas de edificios, aparcamientos o infraestructuras públicas.
En segundo lugar, el almacenamiento energético, que será clave para gestionar la variabilidad de las energías renovables. En este sentido, se iniciarán los trámites para la futura central de hidrobombeo de Güímar, una infraestructura estratégica que permitirá almacenar energía renovable y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.
También estamos impulsando tecnologías con gran potencial en Canarias, como la geotermia, que puede convertirse en una fuente estable de energía renovable en el archipiélago.
Otro eje importante es el desarrollo de la eólica marina. Canarias reúne condiciones excepcionales para esta tecnología y aspiramos a que el archipiélago sea uno de los territorios pioneros en su implantación en España. Por ello, hemos planteado la posibilidad de contar con un concurso específico para Canarias que tenga en cuenta nuestras particularidades como territorio insular.
Y, finalmente, estamos trabajando en la delimitación de las Zonas de Aceleración de Renovables, que permitirán planificar el despliegue de proyectos energéticos de forma ordenada y compatible con la protección del territorio.
Para terminar, ¿cómo se vinculan los objetivos de la Consejería con planes más amplios como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima?
La transición energética es un proceso que requiere coordinación entre administraciones y una visión estratégica compartida.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece los grandes objetivos de España en materia de descarbonización, eficiencia energética y desarrollo de energías renovables. Desde Canarias trabajamos alineados con esos objetivos, pero adaptándolos a la realidad específica de un territorio insular.
Esto significa avanzar hacia un sistema energético más limpio y sostenible, pero también garantizar la seguridad del suministro en sistemas eléctricos aislados y de pequeño tamaño, como los de las islas.
Las medidas que estamos desarrollando —desde el refuerzo del sistema eléctrico hasta el impulso a las energías renovables, el almacenamiento energético o la planificación territorial de los proyectos— forman parte de ese esfuerzo conjunto para acelerar la descarbonización.
Canarias tiene la oportunidad de convertirse en un referente internacional en transición energética en territorios insulares, y ese es el horizonte hacia el que estamos trabajando.
