M.ª del Pino de León: “Queremos que los jóvenes se queden en Canarias y construyan aquí su proyecto de vida”
Mª del Pino de León. Directora del Instituto Canario de la Vivienda
Canarias continúa afrontando una importante emergencia habitacional y usted asumió la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda en un momento especialmente complejo. ¿Cuáles han sido las primeras prioridades que se ha marcado para acelerar la construcción de vivienda pública y ofrecer respuestas reales a las miles de familias que esperan una solución?
La situación que estamos viviendo es compleja y afecta al acceso de los ciudadanos de Canarias al derecho a la vivienda, entendida como un elemento esencial para proyectar la vida y el futuro. La emergencia habitacional ha sido declarada por el Gobierno de Canarias mediante el Decreto-ley 1/2024, ya convalidado por el Parlamento de Canarias. Es una situación que también se produce en el conjunto de España y Europa, pero eso no debe servirnos de consuelo, sino para trabajar con mayor profundidad.
Estamos ante un problema estructural, con muchas aristas que confluyen y generan una situación especialmente complicada.
Lo primero que debe hacer una administración pública cuando pretende abordar un problema es conocerlo bien para poder solucionarlo y, a partir de ahí, establecer las medidas correspondientes. Cuando el presidente y el consejero me plantearon asumir esta responsabilidad, lo hice con orgullo y con el objetivo fundamental de hacer más vivienda.
Si no hay vivienda, o la que existe tiene un precio demasiado elevado, tenemos un problema de acceso. Por tanto, tenemos que incrementar el parque de viviendas. El Instituto Canario de la Vivienda ya venía desarrollando una actuación importante desde que el Gobierno asumió su responsabilidad en 2023, y yo he asumido ese testigo, continuando con los proyectos que estaban en marcha, tanto los que ya se encuentran en ejecución como aquellos que tienen que salir a licitación.
Además, estamos elaborando el Plan Canario de Vivienda, que establecerá para los próximos cuatro años, hasta 2030, la planificación de las políticas de vivienda en Canarias. La planificación de una política tan estratégica como esta no es solo una necesidad, sino una obligación.
El Gobierno de Canarias está impulsando nuevas promociones de vivienda protegida en municipios como Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario o Arrecife. ¿Qué criterios se siguen para decidir dónde se construyen estas viviendas y cómo se garantiza que lleguen a los municipios con mayor necesidad?
Estamos desarrollando actuaciones en muchos municipios de Canarias. En el orden de 2.500 viviendas están siendo promovidas por el propio Instituto Canario de la Vivienda y más de 1.500 a través de Visocan. En total, estamos poniendo en marcha alrededor de 4.000 viviendas desde 2023.
Estas viviendas se encuentran en diferentes fases: algunas están en ejecución, otras en redacción de proyecto, otras en licitación y otras a punto de ser licitadas. Evidentemente, esas 4.000 viviendas no resuelven la totalidad de la demanda, pero sí permiten atender una parte importante y generar una dinámica de incremento del parque público.
Estamos haciendo vivienda en municipios como Yaiza, Valle Seco, Agüimes, Granadilla, Arrecife, Santa Brígida, Tijarafe, Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, Corralejo, Puerto del Rosario, Tazacorte, Arona, Adeje, La Orotava, Gáldar, Santa Lucía, Telde, Los Realejos, San Miguel de Abona o El Rosario, entre otros.
El criterio fundamental es disponer de información y datos. Tenemos un Registro Público de Demandantes de Vivienda que nos permite conocer cuál es la demanda existente en Canarias, tanto a nivel insular como municipal. Las decisiones públicas deben tomarse con datos y con información.
Otro elemento fundamental es la disponibilidad de suelo. Para producir vivienda necesitamos suelo. Los ayuntamientos ceden suelo al Instituto Canario de la Vivienda y, a partir de ahí, podemos comenzar a redactar proyectos y ejecutar las obras, siempre que esos terrenos tengan la condición urbanística necesaria para ello.
Además, Visocan tiene un programa de compra de vivienda inacabada, mediante el cual adquiere edificios sin terminar para completarlos y ponerlos posteriormente a disposición de los ciudadanos.
Por tanto, seguiremos incrementando el parque público, buscando también edificios de vivienda inacabados que puedan adquirirse y terminarse, y solicitando a los ayuntamientos que cedan los suelos disponibles que puedan destinarse a vivienda pública.
Uno de los grandes debates en Canarias gira en torno al impacto de la vivienda vacacional sobre el mercado residencial. ¿Considera que es posible encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y el derecho de los canarios a acceder a una vivienda asequible, y qué papel debe desempeñar el Instituto Canario de la Vivienda en ese equilibrio?
Yo creo en el equilibrio y en el consenso. Cuando se está en una responsabilidad pública, el equilibrio es esencial, especialmente cuando se gestionan materias tan complejas e importantes como el acceso a la vivienda.
Las causas de la situación actual son múltiples. Una de ellas es que parte de la vivienda de uso residencial está saliendo de ese uso para dedicarse a la actividad turística. Yo creo en la actividad económica y también en la actividad turística. Por tanto, la virtud está en buscar ese equilibrio.
El papel del Instituto Canario de la Vivienda debe ser participar en las mesas y foros donde se analice esta cuestión y donde se busque ese equilibrio, poniendo sobre la mesa la situación de emergencia habitacional que vivimos.
Cuando se tomen decisiones sobre la vivienda y sobre la actividad turística, tenemos que garantizar que la actividad turística se desarrolle de forma ordenada y con una regulación que responda a las necesidades del sector, pero sin olvidar que la vivienda tiene una función esencial: satisfacer el derecho a la vivienda de los ciudadanos de Canarias y permitirles desarrollar un proyecto de vida adecuado.
Cada vez más jóvenes y familias trabajadoras encuentran dificultades para acceder a su primera vivienda, incluso teniendo empleo estable. ¿Qué nuevas medidas o programas está estudiando el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda a estos colectivos y evitar que tengan que abandonar las islas o retrasar sus proyectos de vida?
Los jóvenes son un sector de la población que debe recibir una atención especial porque son el futuro de la sociedad canaria. Tenemos generaciones de jóvenes muy preparadas, con un talento importante, y no podemos perderlo como sociedad.
La vivienda es un elemento esencial para consolidar sus proyectos de vida y de futuro. Por eso, la política de vivienda y la estrategia del Gobierno de Canarias tienen a los jóvenes como un sector esencial. En este momento estamos preparando la convocatoria del Bono Alquiler Joven, que contempla una ayuda de 250 euros al mes durante dos años para minimizar el esfuerzo que deben realizar los jóvenes para pagar el alquiler. Ya se está abonando el primer semestre de 2026 correspondiente a la convocatoria de 2025 y estamos preparando la convocatoria de 2026. Esta línea supone casi 16 millones de euros en dos años. En la convocatoria anterior colaboró el Cabildo de Lanzarote y en la de 2026 también colaborará el Cabildo de Tenerife, con una aportación de 900.000 euros por ejercicio, en 2026 y 2027.
También contamos con ayudas para la adquisición de la primera vivienda. Los jóvenes de hasta 40 años que hayan adquirido su primera vivienda pueden recibir hasta 11.000 euros de ayuda. Esta convocatoria ha supuesto unos tres millones de euros y ha permitido ayudar a más de 300 familias jóvenes.
Además, ya está aprobado y publicado el decreto que regula la Hipoteca Joven Canaria. Los jóvenes de hasta 40 años y las familias con hijos a cargo podrán acceder a una vivienda con una financiación de hasta el 95 % del valor de adquisición, frente al 80 % que habitualmente financian las entidades financieras.
A partir de septiembre comenzaremos a firmar convenios con las entidades financieras interesadas para que puedan ofrecer estos créditos hipotecarios de hasta el 95 %.
La colaboración entre el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos será clave para aumentar el parque público de viviendas. ¿Qué importancia tiene esa coordinación institucional y qué municipios están mostrando una mayor implicación para agilizar suelo, licencias y nuevos proyectos?
Las administraciones públicas tienen que trabajar desde la colaboración, la cooperación y la lealtad institucional. La discrepancia es buena porque enriquece, pero cuando existe una responsabilidad pública, la política debe servir para resolver los problemas de los ciudadanos. En materia de vivienda, además, intervienen diferentes niveles administrativos, cada uno con sus competencias: la comunidad autónoma, el Estado, los cabildos y los ayuntamientos.
“Facilitamos hasta el 95 % de financiación para que más jóvenes puedan comprar su primera vivienda”
En este contexto, el Gobierno de Canarias ha dado nuevas competencias en materia de vivienda a cabildos y ayuntamientos. Los ayuntamientos son esenciales porque son la primera administración a la que acude el ciudadano, mientras que los cabildos desempeñan también un papel fundamental como gobiernos de cada isla. Por eso, tenemos que ejercer esas competencias de manera planificada y coordinada, y el Gobierno debe liderar esa cooperación para poder afrontar mejor la situación de emergencia habitacional.
Los ayuntamientos están cediendo suelo, aunque no todo el que necesitamos. Hay que distinguir entre que un ayuntamiento no quiera ceder suelo y que no disponga de él. Los que tienen suelo disponible lo están cediendo. A esto se suman ejemplos de colaboración por parte de los cabildos. El Cabildo de Tenerife está desarrollando actuaciones junto al Gobierno de Canarias y participa en ayudas al alquiler, mientras que el Cabildo de Lanzarote está comprando promociones de vivienda y cediéndolas al Gobierno para ponerlas posteriormente a disposición de los demandantes.
Por tanto, la solución a esta emergencia habitacional pasa necesariamente por aunar esfuerzos económicos, de gestión y presupuestarios y por reforzar la colaboración entre todas las administraciones.
Además de construir nuevas promociones, muchos expertos insisten en la necesidad de rehabilitar viviendas ya existentes y recuperar inmuebles vacíos. ¿Qué estrategias está desarrollando el Instituto para combinar obra nueva, rehabilitación y aprovechamiento del parque residencial existente como solución a medio plazo?
La situación actual del mercado de la vivienda responde, entre otras cuestiones, a que desde 2008 no se ha producido suficiente vivienda. Cuando existe mucha demanda y poca oferta, los precios aumentan. En el caso de la vivienda, además, estamos hablando de un derecho que garantiza los proyectos de vida de los ciudadanos. Por eso, uno de nuestros ejes fundamentales es producir vivienda nueva. Pero también es necesario actuar sobre el parque residencial existente.
Sabemos que existe un número importante de viviendas vacías que no están en el mercado por diferentes circunstancias. Para conseguir que parte de esas viviendas salgan al mercado, tenemos que abordar cuestiones como la seguridad jurídica de los propietarios, la garantía del pago de las rentas o los posibles desperfectos en las viviendas.
También hay viviendas que no salen al mercado porque no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias. En esos casos, la ayuda pública puede contribuir a recuperar esas condiciones y ponerlas posteriormente en el mercado a precios asequibles.
Este programa ya se está desarrollando a través de Visocan, mediante un encargo del Gobierno, y estará también incluido en el Plan Canario de Vivienda.
La solución al problema de la vivienda no pasa por una única actuación. La producción de vivienda nueva es una prioridad, pero también hay otras actuaciones necesarias, como esta, que permiten incorporar al mercado viviendas que actualmente están inactivas.
Mirando al futuro, ¿cuáles son los principales objetivos que se ha marcado el Instituto Canario de la Vivienda para lo que resta de 2026 y qué le gustaría que percibieran los ciudadanos como el mayor avance conseguido en materia de vivienda en Canarias antes de finalizar el año?
La estrategia de vivienda del Gobierno de Canarias se articula en tres grandes ejes: normativa, fiscalidad y políticas concretas de vivienda.
En materia normativa, se ha desarrollado un marco destinado a garantizar seguridad y facilitar la política de vivienda. El Decreto-ley 1/2024 declara la emergencia habitacional y establece medidas para reducir plazos y agilizar procedimientos. También ofrece a los ayuntamientos herramientas para facilitar cambios de uso de locales comerciales a residencial, incrementar la edificabilidad en determinados suelos urbanos, siempre que el 50 % se destine a vivienda protegida, y promover vivienda protegida en distintos tipos de suelo. Por su parte, el Decreto-ley 3/2025 incorpora medidas para agilizar los procedimientos de otorgamiento de licencias.
En materia fiscal, se han adoptado medidas para reducir la carga vinculada a la producción y adquisición de vivienda, entre ellas un tipo cero de IGIC para la vivienda protegida. Y el tercer eje es la política concreta de vivienda, que quedará definida en el Plan Canario de Vivienda, actualmente en elaboración, con la previsión de que pueda estar aprobado a finales de este año o principios del próximo.
“Vamos a recuperar viviendas vacías para ponerlas en el mercado a precios asequibles”
Además, el Plan contempla cuatro grandes líneas de actuación. La primera es el incremento del parque público, mediante la producción de vivienda y su puesta en el mercado, tanto en alquiler como en compraventa, a precios asequibles y ajustados a la renta de los ciudadanos de Canarias, garantizando también el derecho a la vivienda de las familias vulnerables.
La segunda es la rehabilitación de viviendas y edificios, tanto en entornos urbanos como en el medio rural, en colaboración con ayuntamientos y cabildos. En el medio rural se destinan cinco millones de euros, actualmente en fase de adjudicación.
La tercera línea busca minimizar el esfuerzo económico de los ciudadanos para acceder a una vivienda mediante ayudas al alquiler joven, al alquiler general y a la adquisición. Además, está prevista una nueva convocatoria de ayuda al alquiler general, con más de 36 millones de euros y destinada a más de 9.000 familias. Y la cuarta línea es el apoyo a los promotores, mediante ayudas públicas que permitan aumentar la producción de vivienda protegida y ponerla en el mercado lo antes posible a precios asequibles, tanto en venta como en alquiler.
En definitiva, la colaboración será fundamental. Además de la coordinación entre las distintas administraciones, es necesario contar con el sector de la promoción para incrementar la producción y conseguir que un mayor número de viviendas estén disponibles a precios asequibles.
