17/07/2024

Las familias con propiedades sepultadas por el volcán se sienten “olvidadas” mientras “se favorece” con ayudas al resto de la isla
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La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja se queja de que a día de hoy la “única e insuficiente” ayuda para los sepultados desde que cambió el Gobierno canario en el verano de 2023 es aplicar a todos los palmeros por igual el 60% de reducción del IRPF sin distinción para los afectados

“Incertidumbre cada día más insoportable e injusta”. Este es el sentir que, según denuncia la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, sufren muchas familias damnificadas por la erupción de 2021, sobre la gestión de la reconstrucción, cuando han pasado ya más de 28 meses desde acabó el fenómeno geológico y más de 9 meses del cambio […]

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“Incertidumbre cada día más insoportable e injusta”. Este es el sentir que, según denuncia la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, sufren muchas familias damnificadas por la erupción de 2021, sobre la gestión de la reconstrucción, cuando han pasado ya más de 28 meses desde acabó el fenómeno geológico y más de 9 meses del cambio de gobierno en Canarias y en el Cabildo palmero tras las elecciones de 2023.

Este colectivo de afectados por el volcán critica que la única medida que se ha adoptado en esta nueva legislatura es la bonificación del IRPF en un 60% para toda la isla por igual, medida que CC pidió al Gobierno estatal sin distinguir entre damnificados por la erupción o no, lo cual está resultando “injusto”.

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La asociación también cuestiona que se “se favorezca” a toda la isla en los ERTEs, en la moratoria en el pago de los préstamos y en la ayuda por los costes de retirada de  la ceniza, como si realmente toda La Palma hubiera sufrido por igual los devastadores efectos de la erupción, lo cual no es así.

Mientras eso ocurre, se desconoce cómo se van a invertir (y en el plazo estipulado) los 150 millones de euros previstos para este año 2024 en los presupuestos públicos (50 del Gobierno canario y 100 de aportación estatal) para la recuperación socioeconómica del Valle de Aridane tras esta catástrofe.

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En este sentido, la asociación lamenta que, de esa cantidad, solo hay noticias de una «inaceptable» resolución de ayudas valorada en 10 millones de euros por pérdida de renta del sector platanero en la campaña 2022-2023 y por gastos para la limpieza de cenizas en fincas agrarias.

Un documento de la Consejería  regional de Agricultura aún no publicado en el Boletín Oficial de Canarias pero que ya es conocido de manera extraoficial, y que esta asociación rechaza por “la insuficiencia y el mal reparto” de las cuantías concedidas, y todo ello con «falta de transparencia sobre los criterios» utilizados para distribuir estas compensaciones económicas.

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Se llega el caso de que, con esta resolución, de no corregirse «cobrarían más los propietarios de plataneras del norte de la isla que los propios damnificados por el volcán que vieron sus explotaciones agrarias sepultadas bajo la lava y la ceniza».

Asegura la asociación que con el anterior Gobierno canario los criterios estaban más claros y al menos se sentó a negociar con los afectados, pero el actual Ejecutivo autonómico «está haciendo las cosas a espaldas nuestras y peor».

En este contexto, este colectivo palmero muestra su asombro por que el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, trate ahora de desmarcarse del Gobierno canario que integra su propio partido (CC, en alianza con el PP) al exigir la “rectificación” de este decreto de la Consejería de Agricultura, lo que demuestra  “una inquietante descoordinación política entre dos Administraciones que deberían ir de la mano, máxime si un mismo partido está al frente de ambas”.

A todo ello se une el “lastre” que está suponiendo “la lentitud” de la burocracia de unas Administraciones públicas “incapaces de ir al ritmo que demandan los afectados en una emergencia de este calibre, que ya acumulan un sufrimiento psicológico y económico cada vez más difícil de sobrellevar”, por lo que “ahondar en más retrasos en las soluciones puede tacharse hasta de inmoral”.

Además, la situación de incertidumbre es «total», según esta asociación, sobre el previsto decreto de pagos, es decir, la regulación sobre cómo se va a compensar por el valor total de las propiedades que perdió la población damnificada, qué valoración se dará a las fincas agrícolas por metro cuadrado y a los inmuebles, y qué compensación económica se les dará a los agricultores damnificados quienes prefieran no continuar su actividad.

Este colectivo exige que la normativa que regirá estas ayudas se apruebe cuanto antes, y que se dé participación en este proceso a los afectados, ya que, a su juicio, en esta legislatura se ha producido un “preocupante retroceso en los mecanismos participativos, que siempre han sido insuficientes pero ahora son llamativamente escasos”.

Tampoco se sabe nada de la planificación y los plazos para reconstruir las vías de comunicación destruidas por la lava para dotar de accesos y servicios básicos a las parcelas de los afectados, «convertidas ahora en un negro e inaccesible malpaís, que es también el color con el que muchas personas golpeadas por este volcán ven el futuro si la reconstrucción no empieza a caminar de una vez”.

La misma «falta de información y de certezas» es la que padecen los propietarios de segundas viviendas sepultadas por la lava, quienes poseían apartamentos turísticos y viviendas vacacionales, también destruidos por la erupción, «a quienes se les han prometido ayudas que no han llegado ni se sabe cuándo llegarán». Lo mismo ocurre con las empresas desaparecidas bajo las coladas en esta catástrofe.

Por ello, la asociación exige al Gobierno canario que “siembre certidumbres” y “no prolongue esta lentitud político administrativa”, a pesar de existir una dotación presupuestaria de 150 millones de euros para la reconstrucción. “No hemos cobrado ninguna nueva ayuda, más que las que dejó programadas el anterior Gobierno canario”, lamentan estos afectados.

Pero las críticas de la Asociación Social Cumbre Vieja no se quedan solo en Canarias y en CC y PP, pues también reclaman al PSOE, que gobierna en el Estado, y su comisionado para la Reconstrucción de La Palma, un papel “más activo para ser garante” de que los 100 millones consignados por las arcas estatales se emplean en el plazo y la finalidad con que se anunciaron.

 

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