Bienestar y Seguridad Jurídica
MIGUEL BORGES PAREJO. DIRECTIVO TURÍSTICO
Habrá sido pura casualidad, pero en las últimas semanas he escuchado a varios pequeños empresarios y a algún buen ahorrador, decir que dados los aparentes vaivenes que perciben, van a aparcar algún proyecto o inversión hasta que tengan la sensación de que nos rodea un entorno más sosegado.
Y la pregunta que me hago a cuenta de esto es: ¿son realmente conscientes nuestros dirigentes del daño económico que puede causar la ausencia de un nivel de certidumbre adecuado?. Porque está claro que esa certidumbre procede en gran medida de una buena seguridad jurídica, que hace que la probabilidad de inversión sea mayor y que por ello la innovación y el crecimiento económico sean sostenidos a lo largo del tiempo. Y no se pretende con esto sembrar dudas sobre un sistema, el nuestro, que es garante de libertades y un nivel de bienestar que ya quisieran muchas otras zonas del mundo, si no más bien llamar la atención sobre la necesidad de mandar un mensaje que comunique con claridad, que la aplicación de las leyes y el cumplimiento de los contratos están fuera de toda duda en nuestro país, gobierne quien gobierne tenga un color político u otro, ya que tal es la gresca política, que en algunos momentos da la impresión que ni sobre los consensos más elementales son capaces de ponerse de acuerdo.
Que se tenga la certeza de que las reglas no cambiarán de manera arbitraria, es un principio básico para que las inversiones no se pospongan, o peor aún, se trasladen a otros países, y de ahí que el mensaje conjunto de gobierno y oposición, sean estos del espectro político que sean, debería ser el de que la protección que tuvo un proyecto, una propiedad o una inversión hoy, la seguirá teniendo en lo sucesivo si lo que promulgaba y protegía nos hacía crecer y generaba riqueza y bienestar.
Y es que hay cierta evidencia empírica que avala la relación directa entre calidad institucional y certidumbre jurídica con el crecimiento económico y el bienestar de las sociedades, como por ejemplo muestran los datos del índice Rule of Law del Banco Mundial sobre aquellos países que cumplen en buena medida con esos requisitos y que muestran a su vez unos elevados niveles de inversión privada, una mayor inversión extranjera directa y también una mayor productividad empresarial. O el índice de libertad económica que arroja datos sobre la relación directa y proporcional entre mayor protección de los derechos de propiedad y menor arbitrariedad regulatoria con un PIB per cápita elevado, mejores salarios y hasta una mayor esperanza de vida derivada de unas mejores condiciones socioeconómicas.
Y aterrizando estas ideas y datos sobre nuestro país, y concretando más aún, sobre nuestra región, cabría preguntarse si en una economía tan abierta como la canaria, dada la estructura que la compone, la seguridad jurídica es un factor de competitividad más, por la necesidad de generar confianza que tienen sectores tan expuestos al exterior como el turístico, las energías renovables, la construcción de infraestructuras...etc., con horizontes de amortización a medio y largo plazo, que hacen que los inversores exijan ciertas garantías que les permitan apostar por proyectos de esa magnitud.
Y es que una Canarias fiable es una región confiable, que transmite seguridad al inversor en general y también al mercado turístico internacional.
Por ello, deberemos diferenciarnos en estabilidad normativa, rapidez administrativa, planificación territorial, colaboración público-privada y todo aquello que aleje la incertidumbre y el coste económico que ella genera.
Y es que una política de atracción de inversiones, a través de reglas claras, administraciones ágiles y eficaces, con un marco estable y perdurable en el tiempo, que evitasen el dar bandazos innecesarios, sumado a nuestras fortalezas naturales, paisajísticas o climáticas podrían hacer que mirásemos al futuro con más confianza.
