La democracia: ¿una realidad actual, un proceso o una meta?
Hay preguntas que solo se formulan cuando algo no funciona. Nadie se pregunta si el agua moja. Pero cuando el grifo empieza a fallar, cuando sale turbia o cuando simplemente deja de salir, entonces sí nos preguntamos qué es el agua, para qué sirve y quién debería garantizarla. Con la democracia ocurre lo mismo. Mientras funciona, es un hecho que damos por sentado. Cuando empieza a fallar en sus engranajes más cotidianos, nos vemos obligados a preguntarnos si de verdad es la realidad que creíamos vivir, o si más bien es un proceso inacabado, o incluso una meta que quizá no hemos alcanzado del todo.
Ceuta es un buen lugar para hacerse esa pregunta. No por grandes discursos, sino por algo tan prosaico como la contabilidad de un pequeño empresario. Quien tiene un negocio en la ciudad autónoma vive, desde hace años, bajo una sensación de inseguridad jurídica que condiciona cualquier decisión: fronteras que se abren y se cierran según criterios que no siempre se explican con claridad, un entorno geopolítico volátil, y una actividad económica que depende en buena medida de un flujo comercial sometido a decisiones que se toman muy lejos de allí. Y sin embargo, pase lo que pase con la frontera, con el paso de mercancías o con la actividad diaria, el requerimiento tributario no se negocia. Hacienda no pregunta si el negocio ha estado cerrado por una crisis diplomática. El calendario fiscal no se adapta a la inestabilidad. El empresario paga, con la misma exigencia y los mismos plazos que si operara en un contexto de normalidad absoluta.
A esa exigencia constante se suma, además, una tendencia que agrava el malestar: la presión fiscal no deja de crecer. No hablamos solo de que se mantenga el mismo nivel de exigencia en un contexto inestable, sino de que ese nivel aumenta año tras año, a través de nuevas figuras impositivas, revisiones catastrales, actualizaciones de módulos o el simple efecto de una inflación que engorda la recaudación sin que se traduzca en una mejora proporcional de las condiciones para quien produce. El empresario ceutí no solo sostiene el mismo peso fiscal en medio de la incertidumbre: sostiene un peso que, además, crece con el tiempo, mientras la estabilidad que debería acompañarlo no lo hace en la misma medida. Es una doble exigencia, silenciosa pero constante: más impuestos sobre un terreno cada vez menos firme.
Esta contradicción no es un simple problema técnico de gestión pública. Es, en el fondo, una pregunta sobre qué tipo de pacto social sostiene la obligación de pagar impuestos. La teoría clásica es sencilla: se paga porque a cambio el Estado garantiza seguridad, infraestructuras, servicios y, sobre todo, un marco estable en el que la actividad económica pueda desarrollarse con previsibilidad. Es el viejo contrato fiscal que legitima la exacción. Pero cuando ese marco de previsibilidad se resquebraja, y encima se le exige más al contribuyente en lugar de menos, la presión tributaria empieza a parecerse menos a un intercambio legítimo y más a una imposición unilateral que crece sin freno visible. Se cobra más, y encima en un contexto en el que el Estado no cumple plenamente su parte del trato.
Aquí es donde conviene traer la pregunta inicial. Porque si la democracia fuera plenamente una realidad actual, cabría esperar que existieran mecanismos efectivos de control, de reclamación y de corrección cuando el pacto se rompe o se desequilibra por el aumento constante de la carga fiscal. Cabría esperar contrapesos reales: un Parlamento que fiscalizara con rigor tanto la gestión de fronteras como la evolución de la presión tributaria en territorios especialmente expuestos, una Administración que rindiera cuentas específicas, una justicia ágil capaz de resolver los conflictos que genera la incertidumbre normativa. Pero lo que observamos con frecuencia es distinto: los contrapesos formales existen sobre el papel, mientras que en la práctica el ciudadano de a pie, y en particular el pequeño empresario, se enfrenta en solitario a una maquinaria fiscal cada vez más exigente, sin que exista un canal proporcional para hacer valer su situación excepcional.
Y aquí aparece un segundo elemento que agrava la percepción de desequilibrio: el destino de esos mismos recursos, obtenidos con una presión fiscal creciente. Una parte del presupuesto público, alimentado también por lo que pagan estos empresarios en condiciones de inseguridad y con una carga tributaria en aumento, se destina a partidas de ayuda al desarrollo, cooperación internacional o fondos exteriores. No se trata de cuestionar la legitimidad de esas políticas en abstracto —la solidaridad internacional puede ser, y a menudo es, una obligación moral compartida—, sino de señalar la asimetría: se exige cada vez más dentro para que una parte de ese esfuerzo salga con facilidad hacia fuera, mientras dentro, en territorios como Ceuta, la respuesta institucional a la propia inestabilidad interna resulta comparativamente débil.
No es una crítica a la solidaridad. Es una pregunta sobre la coherencia del contrato democrático en tiempos de presión fiscal creciente. Porque una democracia madura no se mide solo por la existencia de elecciones periódicas o de instituciones formales, sino por su capacidad de escuchar y corregir cuando el sistema genera injusticias estructurales sobre colectivos concretos, exigiéndoles cada vez más sin ofrecerles, a cambio, mayor certidumbre. Si esa capacidad de corrección no llega, entonces la democracia deja de ser una realidad plenamente consumada para convertirse en lo que quizá siempre ha sido, en el mejor de los casos: un proceso inacabado, una tensión constante entre el ideal y la práctica, una meta hacia la que se avanza —o se retrocede— según la voluntad política de cada momento.
El empresario ceutí que paga cada vez más impuestos sin la certeza de que mañana podrá seguir operando con normalidad no está pidiendo un privilegio. Está pidiendo, en realidad, que el contrato fiscal se cumpla en ambas direcciones. Pensemos, por un momento, en un ejercicio comparativo: si mañana un volcán entrase en erupción en Tenerife y paralizase de facto la actividad económica de la isla —como ya ocurrió, a menor escala, con la erupción de Cumbre Vieja en La Palma—, resultaría difícilmente sostenible que la Agencia Tributaria exigiera a los negocios afectados el cumplimiento estricto de sus obligaciones fiscales en los mismos plazos y con la misma intensidad que en tiempos de normalidad. Se activarían, previsiblemente, moratorias, aplazamientos, líneas de ayuda extraordinarias. Sin embargo, en Ceuta esa lógica de excepcionalidad no llega a activarse con la misma naturalidad, pese a que la inestabilidad fronteriza es, en la práctica, una erupción de baja intensidad pero constante, sostenida en el tiempo. La diferencia de trato entre una crisis súbita y visible y una crisis crónica y silenciosa es, también, una medida de hasta qué punto los contrapesos democráticos funcionan de manera uniforme en todo el territorio, o solo allí donde la catástrofe resulta suficientemente mediática como para exigir una respuesta. Y en esa reclamación, modesta y concreta, se esconde una de las preguntas más profundas que puede hacerse cualquier sociedad democrática: si los contrapesos existen de verdad, o si solo existen para quienes ya viven en el centro del sistema, mientras los márgenes —geográficos, económicos, sociales— siguen esperando que la democracia termine de llegar.
Conviene, eso sí, matizar: quienes defienden el actual sistema de cooperación y fiscalidad recuerdan que la solidaridad internacional no compite con la atención interna, sino que ambas responden a partidas y lógicas presupuestarias distintas, y que reforzar la seguridad jurídica en Ceuta requeriría, sobre todo, decisiones de política exterior que trascienden lo puramente fiscal. Es un contrapunto que merece su propio debate.
