La crisis de la municipalidad: la burocracia se ha convertido en un impuesto invisible que frena el crecimiento de Canarias
La patronal reclama una reforma profunda de la gestión municipal y advierte de que los retrasos administrativos están impidiendo generar empleo, construir viviendas y aumentar los ingresos públicos sin subir impuestos
CEOE Tenerife considera urgente abordar una reforma estructural del funcionamiento de las administraciones municipales de Canarias para eliminar los obstáculos burocráticos que están limitando la inversión, la construcción de viviendas, la actividad empresarial y la capacidad de generar riqueza y empleo.
Para la Confederación, resulta contradictorio que Canarias disponga de un Régimen Económico y Fiscal propio, con instrumentos como la Zona Especial Canaria (ZEC) o la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), y que sin embargo numerosos proyectos encuentren dificultades para materializarse debido a procedimientos administrativos lentos, complejos e imprevisibles.
El presidente de la Confederación, Pedro Alfonso, señala que «no podemos dedicar años a diseñar incentivos para atraer inversiones y después dedicar otros tantos a autorizar que se ejecuten».
«El problema no es únicamente cuánto dinero somos capaces de atraer, sino cuánto somos capaces de transformar en actividad económica. Una inversión anunciada no crea empleo por sí sola. Hay que conseguir que se materialice», añade.
La burocracia también empobrece a los ayuntamientos
Uno de los aspectos que la patronal tinerfeña considera especialmente preocupantes es el impacto de los retrasos administrativos sobre las propias finanzas municipales.
Los proyectos empresariales y urbanísticos que permanecen pendientes de resolución no solo perjudican a sus promotores. También retrasan la actividad económica que podría generar ingresos públicos mediante impuestos y tasas, como el ICIO, las licencias urbanísticas o, cuando proceda, futuras bases imponibles del IBI y del IAE.
La organización considera que una gestión administrativa más eficaz permitiría ampliar las oportunidades de recaudación sin necesidad de incrementar los tipos impositivos ni exigir mayores esfuerzos fiscales a empresas y familias.
«Antes de pedir más impuestos, debemos preguntarnos cuánta recaudación estamos dejando de generar por no resolver a tiempo».
CEOE Tenerife reclama que los ayuntamientos cuantifiquen el número de expedientes pendientes, su antigüedad, la inversión asociada y las oportunidades económicas que permanecen paralizadas.
La patronal insiste en que no toda iniciativa presentada puede autorizarse, pero todas tienen derecho a una resolución motivada dentro de los plazos legales.
Vivienda: cuando la autorización tarda más que la construcción
La organización empresarial identifica el urbanismo como uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo económico y social de Canarias.
La complejidad del planeamiento, la multiplicación de informes sectoriales, la fragmentación de competencias y la inseguridad sobre los tiempos de resolución afectan especialmente a la promoción de viviendas.
«No podemos afrontar una emergencia habitacional actuando exclusivamente sobre la demanda mientras mantenemos bloqueada la oferta. La vivienda necesita suelo disponible, financiación, seguridad jurídica y plazos administrativos razonables», sostiene Alfonso.
CEOE Tenerife recuerda que los retrasos incrementan los costes financieros, introducen incertidumbre y pueden comprometer la viabilidad de proyectos que permitirían ampliar la oferta residencial.
«Cada vivienda que no llega al mercado por una demora evitable es una oportunidad menos para una familia».
La organización pide procedimientos proporcionados, coordinación entre administraciones y mecanismos efectivos de declaración responsable y comunicación previa allí donde la legislación lo permita, sin rebajar las garantías urbanísticas, ambientales o de seguridad.
Contratación pública: menos competencia y menos oportunidades para las pymes
CEOE Tenerife considera imprescindible revisar el funcionamiento de la contratación pública para facilitar una mayor participación de pequeñas y medianas empresas.
El estudio Estado de la Compra Pública en Canarias: un estudio comparativo, elaborado por investigadores de la Universidad de La Laguna, recoge una media de 2,89 ofertas por licitación en Canarias, frente a 5,04 en el conjunto de España, una diferencia del 42,7 %.
Para la patronal, esta menor concurrencia constituye una señal que exige analizar las barreras de acceso, los costes administrativos y el diseño de los procedimientos.
«Una contratación pública a la que concurren pocas empresas es una oportunidad perdida para mejorar la competencia, la eficiencia del gasto y el desarrollo de nuestro tejido productivo», afirma su presidente.
CEOE Tenerife propone potenciar la división de contratos en lotes cuando resulte viable, reducir cargas documentales innecesarias, mejorar la planificación y garantizar plazos de pago adecuados.
La organización subraya que favorecer la participación de empresas canarias debe hacerse siempre desde la igualdad de trato, la libre concurrencia y los criterios legalmente admisibles, evitando preferencias territoriales discriminatorias.
«No pedimos adjudicaciones por domicilio. Pedimos que nuestras pymes puedan competir en igualdad de condiciones y que la contratación pública contribuya a desarrollar capacidades productivas en Canarias».
88 municipios: la cercanía necesita capacidad de gestión
Canarias cuenta con 88 municipios de dimensiones, recursos y capacidades técnicas muy diferentes.
CEOE Tenerife considera necesario revisar los mecanismos de cooperación intermunicipal para que los ayuntamientos con menores recursos puedan disponer de asistencia especializada en urbanismo, contratación, asesoramiento jurídico y transformación digital.
La organización plantea reforzar los servicios técnicos compartidos, la cooperación con los cabildos y la profesionalización de la dirección pública.
«No cuestionamos la identidad ni la autonomía municipal. Cuestionamos que se exijan las mismas capacidades técnicas a administraciones que no disponen de los mismos medios».
La patronal advierte también de que la acumulación de controles y el temor a las responsabilidades pueden fomentar una administración defensiva, en la que resulta más sencillo retrasar una decisión que asumirla.
La solución pasa por combinar garantías jurídicas, criterios técnicos claros y responsabilidad efectiva sobre los plazos de tramitación.
Un plan de transformación municipal con objetivos medibles
CEOE Tenerife propone impulsar, con la participación de los ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias, un programa de modernización administrativa basado en auditorías independientes de eficiencia y planes concretos de mejora.
Las auditorías deberían evaluar los tiempos de resolución, los expedientes pendientes, la ejecución presupuestaria, la contratación pública, la disponibilidad de personal especializado y el funcionamiento real de los servicios digitales.
A partir de esos resultados, cada municipio debería disponer de objetivos verificables, calendarios de actuación e indicadores públicos de seguimiento.
La organización insiste en que digitalizar no consiste simplemente en trasladar formularios a internet, sino en eliminar trámites redundantes, mejorar la interoperabilidad y simplificar los procedimientos desde su origen.
«No necesitamos una burocracia más rápida para pedir los mismos papeles. Necesitamos una administración que deje de pedir lo innecesario».
«La productividad también tiene que llegar a las administraciones»
CEOE Tenerife concluye que el debate sobre la competitividad de Canarias no puede centrarse exclusivamente en los costes empresariales, los salarios, los incentivos fiscales o la productividad de los trabajadores.
La eficiencia de las instituciones también determina la capacidad de un territorio para prosperar.
«Llevamos años reclamando más productividad a nuestras empresas. Ha llegado el momento de exigir también más productividad a nuestras administraciones, dotándolas de los medios, la organización y los instrumentos necesarios», señala Pedro Alfonso.
La organización ofrece su colaboración para definir propuestas concretas de simplificación, modernización y evaluación de resultados.
«La mejor política de desarrollo económico no siempre consiste en gastar más dinero. A veces empieza por permitir que se ejecute la inversión que ya está esperando».
Y concluye: «Canarias no necesita renunciar a sus controles ni a sus garantías. Necesita recuperar la capacidad de decidir, resolver y ejecutar. Porque una administración que no resuelve no solo pierde tiempo: nos hace perder futuro».
