15/11/2024

Vivienda y Cabildo de Tenerife firman un convenio de cooperación para mejorar la oferta pública de alquiler
V

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y se centrará en mejorar la oferta alojativa en los municipios más tensionados de la isla

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha firmado un convenio con el Cabildo insular de Tenerife para la puesta en marcha de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para la realización de actuaciones en materia de […]
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La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha firmado un convenio con el Cabildo insular de Tenerife para la puesta en marcha de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para la realización de actuaciones en materia de vivienda, concretamente en la ejecución del Plan Canario de Vivienda 2020-2025. El objetivo es el de incrementar la oferta pública de viviendas en régimen de alquiler, especialmente en los municipios más tensionados de la isla de Tenerife.
El convenio establecerá el marco general y los límites en los que se encuadran las actuaciones que se llevarán a cabo mediante convenios específicos posteriores, que concretarán las obligaciones, el presupuesto, la financiación y la titularidad de los inmuebles adquiridos o construidos.
El director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, ha destacado que “este convenio entre la Consejería y el Cabildo de Tenerife permitirá a la administración insular tener determinadas competencias en materia de vivienda en la Isla para impulsar la adquisición de suelos, la urbanización o la compra de inmuebles inacabados para ponerlos a disposición de los ayuntamientos que, a su vez, los transferirán al ICAVI para gestionarlos”.
El acuerdo establecerá la constitución de una comisión mixta, formada por representantes de la Consejería y el Cabildo, para estudiar la realidad insular, proponer actuaciones, valorar su viabilidad económica, y hacer el seguimiento y control de la ejecución del convenio.
Este tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otro período máximo de cuatro años, y se regirá por la normativa aplicable en materia de cooperación interadministrativa, contratación pública, patrimonio y vivienda.
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