A medida que se aproxima el final del año y la incertidumbre en torno a las ayudas estatales aumenta, la necesidad de un compromiso claro y sostenido por parte del Gobierno central se vuelve más urgente. Usted ha expresado su preocupación por la falta de comunicación formal sobre la continuidad de la partida de 81 millones de euros destinada a la financiación de la gratuidad del transporte público. ¿Qué pasos está tomando el Gobierno de Canarias en este sentido? ¿Esperan poder contar con esta partida en 2025?
Comenzamos a trabajar en esto a principios de año, anticipándonos a una situación que ya habíamos vivido el año pasado. A pocos meses de que expirara el decreto y sin saber si habría prórroga, tanto los Cabildos como las concesionarias se encontraban en una incertidumbre total. Imaginen el impacto que hubiera tenido para Canarias si, de la noche a la mañana, la gratuidad del transporte hubiera desaparecido.
Más allá del daño que causaría a la población en general, desde inicios de año hemos trabajado con el Ministerio. Presentamos datos que evidencian que esta medida no solo ha amortiguado el bolsillo de las familias canarias, sino que también ha fomentado una movilidad más sostenible, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente.
El propio Gobierno central, en su proyecto de ley de movilidad sostenible que se debate en el Congreso, reconoce la movilidad como un derecho. Basándonos en datos que demuestran el impacto positivo de esta medida en Canarias, hemos trabajado con el Gobierno de España para solicitar una prórroga, ya que ha beneficiado significativamente a todas las familias del archipiélago.
No obstante, el coste de la gratuidad ha aumentado a 140 millones de euros debido al incremento en el uso del transporte. ¿Cómo planea el Gobierno de Canarias gestionar esta diferencia y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo?
Esta situación es similar al descuento de residente canario. Nadie imagina que un año se cojan más aviones o barcos y, tras agotar la partida, se le quite a la población canaria el derecho al descuento de residente, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con la gratuidad del transporte.
En el resto de España, el Estado financia íntegramente los servicios de cercanías y media distancia. ¿Por qué Canarias debe ser la excepción? No es justo que restemos recursos de áreas esenciales para los canarios como la salud, la educación o las políticas sociales, cuando en el resto del territorio esto no sucede. La gratuidad del transporte es una política estatal y debe ser financiada por el Estado. Todo lo contrario, sería muy injusto y sería tratar a Canarias e inferior de condiciones que el resto del territorio.
Tras un año de legislatura parece que ha habido un cambio de conciencia, incluso a nivel político, donde la movilidad y las infraestructuras están estableciendo una simbiosis más grande que nunca. ¿Cuál es la estrategia en este aspecto? ¿Se están planificando las infraestructuras viarias canarias de acuerdo con el objetivo de movilidad?
Efectivamente. Algo que parecía muy lógico, no lo estaba siendo, no estaba teniendo impacto práctico. La falta de coordinación entre ambas áreas era evidente y generaba ineficiencias.
Por eso, en esta legislatura hemos trabajado conjuntamente para garantizar que las infraestructuras que se construyan en el futuro estén alineadas con los principios de movilidad sostenible. Hemos establecido mesas técnicas para coordinar nuestros esfuerzos y asegurar que los pliegos de contratación incluyan criterios de sostenibilidad. Este diálogo era imprescindible para abordar un tema de vital importancia. La Directora General de Infraestructura viaria, Rosana Melián, ha desempeñado un papel crucial en la implementación de medidas que incorporan criterios de movilidad sostenible y menor impacto ambiental en los pliegos de contratación de futuras obras. De esta manera, aseguramos que la sostenibilidad se convierta en un eje transversal en todos nuestros proyectos, coordinando esfuerzos entre ambas direcciones. Es fundamental evitar acciones contraproducentes que malgasten recursos y generen impactos negativos innecesarios.
Por esta razón, durante esta legislatura hemos impulsado proyectos conjuntos de movilidad sostenible de un gran impacto urbano, como puede ser la rotonda de Belén María en Gran Canaria. Hemos decidido respaldar a la Dirección de Infraestructura Vial implementando un proyecto piloto destinado a optimizar la circulación vehicular en esta zona, con el fin de minimizar las molestias inevitables que generan las obras.
Por ello le iba a preguntar, en un contexto donde la movilidad está en constante evolución, ¿podría explicarnos más sobre este proyecto piloto del que nos habla en Gran Canaria y qué modelos de movilidad se están considerando para este laboratorio?
Este primer proyecto piloto, el primero de muchos, busca identificar soluciones de movilidad adaptadas a las características y necesidades específicas de nuestro entorno.
Actualmente, estamos recopilando información a través de encuestas dirigidas a los trabajadores portuarios y a las empresas ubicadas en el Sebadal. Una vez analizados los datos, implementaremos las medidas de movilidad más adecuadas, basadas en las preferencias y necesidades expresadas por los encuestados.
Creemos que es fundamental pasar de la teoría a la práctica, permitiendo a los ciudadanos experimentar la movilidad sostenible en primera persona. Los datos obtenidos de esta experiencia piloto nos permitirán evaluar la eficacia de las medidas implementadas y replicarlas en otras áreas si los resultados son positivos. Si este proyecto piloto demuestra ser exitoso en un plazo de un año y medio, podremos replicarlo en otros centros urbanos o nodos de transporte, convirtiéndolo en una solución escalable para fomentar la movilidad sostenible entre los trabajadores.
Además, también hablamos de una Ley de Movilidad Sostenible, ¿cuáles son los principales objetivos que busca alcanzar esta normativa y cómo garantizará que se implemente de manera efectiva en todos los municipios de Canarias?
Esta Ley de Movilidad Sostenible será la primera de su tipo en Canarias. Nuestro principal objetivo ha sido garantizar que esta ley refleje las necesidades y aspiraciones de toda la sociedad canaria, más allá de intereses partidistas o gubernamentales. Por ello, hemos impulsado un proceso de participación ciudadana sin precedentes, invitando a todos los actores relevantes a identificar las principales carencias en materia de movilidad sostenible en nuestro archipiélago y a proponer soluciones concretas.
Actualmente, nos encontramos en la fase de sistematizar las aportaciones recibidas a través de mesas de participación técnica y ciudadana. El objetivo es elaborar un borrador de la ley que será sometido a una nueva consulta pública. Creemos firmemente en la importancia de un proceso participativo que involucre a todas las partes interesadas, desde las administraciones públicas hasta las empresas y la ciudadanía, para garantizar que la ley responda a las necesidades reales del territorio.
Cambiando de tercio, nos encontramos en un momento crucial para el futuro del transporte en las Islas Canarias, enfrentándonos a desafíos significativos como la implementación de un sistema ferroviario que promete transformar la movilidad en las islas de Tenerife y Gran Canaria. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta actualmente el Gobierno de Canarias para formar parte de la red ferroviaria estatal y asegurar la financiación necesaria para poner en marcha estos proyectos?
Actualmente estamos a la espera de la segunda reunión de la mesa técnica, en la que abordaremos el encaje jurídico necesario para obtener el reconocimiento estatal de nuestras infraestructuras. El objetivo es garantizar que nuestros proyectos maduros y con un elevado impacto social y económico puedan avanzar sin retrocesos, incluyendo la tramitación de los correspondientes informes de impacto y expropiaciones.
Nuestro objetivo es encontrar el marco jurídico adecuado para obtener el reconocimiento estatal de nuestras infraestructuras sin perder los avances logrados hasta el momento. Por primera vez, contamos con mesas técnicas donde los Cabildos y la Dirección General de Transporte pueden presentar el estado de los proyectos, identificar necesidades y buscar soluciones jurídicas que permitan no solo el reconocimiento estatal, sino también el acceso a fondos europeos, actualmente inaccesibles sin este reconocimiento.
Un segundo objetivo fundamental es asegurar una financiación plurianual estable. La planificación a largo plazo de grandes infraestructuras como las ferroviarias requiere de un respaldo económico sólido y predecible. Esperamos que la próxima reunión de la mesa técnica nos permita identificar la herramienta jurídica más adecuada para obtener el reconocimiento estatal de nuestros proyectos ferroviarios y garantizar así una financiación plurianual que permita materializar estas inversiones.
¿Ha habido algún estudio o evaluación de proyectos ferroviarios en otras regiones de España que puedan servir de modelo para la implementación del tren en Canarias?
La realidad es que no. Uno de los argumentos que siempre hemos esgrimido es que los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida anual de 5.400 millones de euros destinada, entre otras cosas, a infraestructuras ferroviarias. De esos 5.400 millones de euros, todas las comunidades autónomas, incluyendo Baleares, tienen acceso a financiación. Canarias es la única excepción.
Nuestra condición de región ultraperiférica, con su singularidad y especificidades, exige un marco normativo propio que reconozca nuestra realidad y necesidades particulares. No existe un precedente en el resto del territorio estatal que pueda servirnos de modelo o referencia.
Sin embargo, la normativa europea sí que establece condiciones específicas para los Estados miembros con regiones ultraperiféricas (RUP), como Canarias. Estos reglamentos exigen que los Estados adapten sus infraestructuras y estrategias de inversión a las necesidades particulares de estas regiones. Por ello, nos basamos en esta normativa europea para solicitar al Estado español la creación de un régimen específico para Canarias, paralelo al régimen general.
“La planificación a largo plazo de grandes infraestructuras como las ferroviarias requiere de un respaldo económico sólido y predecible”
Con la vista puesta en el futuro y resumiendo los puntos clave, María, ¿cuáles son las prioridades más importantes para modernizar y mejorar el sistema de transporte de Canarias?
Nuestra principal prioridad es situar al ciudadano en el centro de las políticas de movilidad. Hemos demostrado que la gratuidad del transporte público ha convertido la movilidad en un derecho social, permitiendo a muchas personas acceder a oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida. La cohesión social se ha visto fortalecida, al facilitar la movilidad de jóvenes, mayores y otros colectivos para fines educativos, familiares y de ocio. Es fundamental que el transporte público sea cada vez más sostenible, cómodo, seguro y puntual, fomentando así su uso y reduciendo la dependencia del vehículo privado. La movilidad debe ser entendida como un derecho social que garantice la accesibilidad y la sostenibilidad.
