Muchas son las problemáticas a las que ha tenido que enfrentarse el transporte en los últimos años. Por fortuna, existen federaciones empresariales como la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias, encargadas de velar por el sector, representándolo ante las instancias del poder político y administrativo. ¿Cómo valora usted el desarrollo de estos primeros meses del año 2023?
Han sido y están siendo meses muy complicados. De por sí las legislaturas tienen dos puntos que nosotros llamamos de “inactividad administrativa y política”, que se ubican al principio cuando se acaban de nombrar los gobiernos y, por lo tanto, están comenzando a valorar los retos que tienen que afrontar. Y luego está el punto en el que nos encontramos ahora, en el cual ya se considera que están de salida con la convocatoria de las elecciones para el 28 de mayo. Esto último significa que todos los trámites que tenemos que concluir dentro de la presente legislatura hay que sacarlos a toda velocidad.
Todo ello inmersos en una situación bastante desfavorable, porque la inflación está afectando al sector del transporte de una manera especialmente cruel. Hay que tener en cuenta que el combustible, que ya venía desde el año 2022 en una subida imparable, supone más del 50% de los costes de explotación de nuestras empresas. Esto añadido al incremento de costes, como puede ser el coste laboral o de productos de financiación bancaria, tiene a nuestro sector pasando unos momentos no demasiado agradables.
Hablamos de un progresivo encarecimiento de los combustibles. ¿Han planteado a la Administración alguna vía para paliar este problema?
Sí. Hay dos vías: una Estatal y una de la Comunidad Autónoma. Empezando por la Comunidad Autónoma de Canarias, nosotros hemos de reconocer que ya desde el año pasado el Gobierno de Canarias vino aplicando una exención de los impuestos que gravan a los combustibles, en este caso en las empresas de transporte hablamos de una exención del 90%. Esta exención se planteó originariamente por un periodo de 6 meses, pero las condiciones económicas han propiciado su prorroga. El periodo actual finaliza el 30 de junio, pero ya el Gobierno de Canarias nos ha adelantado que se va a prorrogar al menos hasta finales de este año 2023, con lo cual, en ese sentido, están contribuyendo de una manera muy potente a tratar de reducir los efectos negativos del aumento de los costes.
Y luego, por otra parte, el Gobierno del Estado ha venido aplicando una serie de medidas como fueron los famosos 20 céntimos de reducción en el combustible que para nuestro sector es básico, pues somos el único sector productivo cuya dependencia de los derivados del petróleo superan el 50% de los costes de explotación, no hay ninguna otra actividad que tenga una dependencia tan fuerte como la nuestra.
Estas medidas han contribuido a reducir los efectos negativos, pero no han conseguido paliar en su totalidad los efectos negativos del incremento de los precios. Los ratios de rentabilidad de nuestras empresas se han visto reducidos al mínimo, lo que sí es verdad es que de momento han ido consiguiendo, por lo menos, compensar los costos. Con lo cual, el ejercicio de 2022 se cerró con unos márgenes de beneficio sectorial cercano al 1%, lo que es básicamente mantener la empresa viva y en este ejercicio 2023 no parece que tenga mejor pinta. Por lo tanto, estas medidas proporcionadas tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma están siendo básicas. Si no hubieran existido estas medidas en Canarias no hubiéramos conse- guido remontar la inflación.
Entiendo que las dificultades a las que debe enfrentar- se hoy un transportista son muchas y muy graves, pero si tuviera que destacar el principal problema que afrontan a día de hoy estos profesionales, ¿cuál señalaría?
Lamento decir que uno de los principales problemas que tiene el sector del transporte es la Administración Pública. Tenemos una actividad excesivamente reglada por una multitud de administraciones diferentes que, además, actúan de manera independiente tanto a la hora de promulgar sus leyes y reglamentos, como a la hora de gestionar, y luego las empresas de transporte tienen que intentar cumplir todas al mismo tiempo.
Me remito a algunas situaciones como, por ejemplo, el transporte escolar. En este año hemos tenido que llegar a dos planteamientos de paro, uno en enero y otro en abril, y el principal problema no es económico, sino la falta de gestión por parte de la Consejería de Educación en estos expedientes. Parece increíble, pero dentro de una situación inflacionista como en la que estamos que una administración se convierta en un problema grave para las empresas de transporte en guagua de Canarias es muestra evidente de esto. Otro de los elementos claros es la demandada adaptación de la normativa del tacógrafo a la realidad del archipiélago, con lo que llevamos un montón de tiempo avanzando a pasos de tortuga para que se trate de amoldar una normativa básica e imprescindible para nuestras empresas, teniendo en cuenta que en el resto de los archipiélagos de la geografía europea ninguna isla tiene en aplicación este método del tacógrafo. Un método que supone la ralentización de la gestión, mayores costes para las empresas y, por lo tanto, disminuye la capacidad competitiva de las mismas.
Nuestra demanda permanente es el aligeramiento de los requisitos burocráticos en el sector del transporte. Y luego, algo que nos parece increíble es que en Canarias la administración pública de transporte, tanto a nivel de Comunidad Autónoma como de Cabildos Insulares, no esté digitalizada, seguimos tramitando documentos con papeles en carpeta debajo del brazo.
En una situación de caída de ingresos, ¿se está retrasando la renovación de flotas de vehículos?
Sí, de una manera bárbara. Primero, porque el grado de confianza de las empresas respecto del futuro ha decaído de una manera muy importante. Segundo, con márgenes de beneficios tan pequeños no hay capacidad para estar renovando flota. Pero a esto, además, se han añadido algunas cuestiones de orden internacional. La conocida como crisis de los chips electrónicos unida a que países como China o la India, que son productores de acero y aluminio -elementos básicos para la construcción de guaguas y camiones- hayan pasado de ser simples productores a fabricantes de vehículos, a llevado a que ya no exportan estos materiales y, por lo tanto, las fábricas de camiones y guaguas no tienen capacidad desde finales del año 2021 de garantizarle a los compradores los vehículos que ellos quieren comprar y ni siquiera la fecha de entrega. Actualmente, en Canarias el periodo medio de entrega cualquier camión o guagua -independientemente de la marca- una vez se compra el mismo, supera los 18 meses. Y lo peor de todo es que cuando una empresa encarga un vehículo no va a saber cuál es el precio de ese vehículo hasta el momento de la entrega, porque durante ese periodo puede variar el precio al alza, según nuestras estimaciones, por encima de un 30-40% respecto al precio que tenía el vehículo cuando se hizo el encargo.
Esto está produciendo una incapacidad material de poder renovar la flota, lo que se une también a las dificultades económicas. De hecho, uno de los elementos que hemos puesto encima de la mesa al Gobierno de Canarias en las negociaciones que estamos llevando a cabo en relación a los retrasos en los pagos del transporte escolar, es que estos retrasos están impidiendo que las empresas puedan encargar ahora las guaguas que ya sabemos que nos van a ser falta para el año 2025. Un problema tremendamente importante, partiendo de la base de que las guaguas escolares a los 18 años de antigüedad -por ley- no pueden realizar ese tipo de servicios. Si no se produce una renovación de flota podríamos encontrarnos ante una quiebra sectorial.
Para terminar, ¿qué futuro le augura al transporte y qué retos afrontará el sector?
El transporte, sobre todo en Canarias, que por su lejanía y fragmentación del territorio tiene una dependencia total del transporte terrestre interior, estoy convencido de que tiene un gran futuro. Lo que pasa es que tiene grandes retos y dificultades. Uno de ellos es la modernización de las empresas, y no me estoy refiriendo solo a la modernización de los vehículos en sí, sino a la estructura empresarial. Tenemos que tratar de dar un paso hacia delante y para ello necesitamos ayuda institucional en elementos como la digitalización de nuestros servicios, hay que tratar de llevar los servicios de transporte de la parada al teléfono móvil de nuestros ciudadanos y eso conlleva un gran reto. Tenemos que tratar de homogeneizar los servicios que prestamos en toda la comunidad autónoma, me refiero por ejemplo al bono de residente canario, que hay un bono diferente, con condiciones diferentes en cada una de las islas; lo razonable sería que existiera un bono que pudiera ser utilizado en cualquier medio de transporte de cualquier isla.
No podemos olvidarnos de un pulmón económico insustituible, que son los puertos canarios. Hasta la fecha no ha habido una política clara de fortalecimiento de la logística en Canarias, ya en la pandemia se vio que los servicios de transporte de mercancías fueron los únicos que consiguieron garantizar suministro de mercaderías a la ciudadanía. En Canarias no tenemos actualmente zonas logísticas destinadas al transporte de mercancías y creemos que ese es un reto que la Comunidad Autónoma debe afrontar más pronto que tarde para poder garantizar una estabilidad a la capacidad logística dentro del archipiélago.
