Noelia García: “Invertir en transparencia es invertir en confianza en la ciudadanía”

La mayoría de las reclamaciones que nos llegan son por silencio administrativo de las entidades. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo por delante aún.

Las universidades públicas alcanzan la máxima puntuación, los cabildos obtienen una media de 9,61 y la Administración autonómica supera el 9. ¿Qué están haciendo bien estas instituciones y en qué ámbitos sigue concentrándose el mayor margen de mejora?

Lo más importante a destacar de las entidades públicas es que la inmensa mayoría cumple con las obligaciones. Solo un ayuntamiento no cumplió en ese año. Pero es verdad que todavía falta completar información para llegar a ese 10, que es la totalidad de la información que deberían contemplar.

Pero la otra parte es la que nos sigue faltando: no solo hay que tener la información publicada, sino también que, cuando un ciudadano solicita información, pueda recibirla directamente y no tenga que reclamar al Comisionado.

Los buenos resultados de los portales de transparencia contrastan con el aumento de las reclamaciones ciudadanas: en 2025 se presentaron 912, un 18 % más que el año anterior, y el silencio administrativo continúa siendo el principal motivo. ¿Existe una distancia entre publicar información y responder realmente al ciudadano cuando la solicita?

Sí, más del 80 % de las reclamaciones que nos llegan. Estamos hablando de que en el año 2025 recibimos 912 reclamaciones, mayoritariamente porque el ayuntamiento, el cabildo o la comunidad autónoma a la que se han dirigido no les han contestado.

Nosotros hacemos un trámite de audiencia a esas entidades y en torno a un 50 % ni siquiera tampoco a nosotros nos contestan. De las reclamaciones que recibimos, en torno al 70 % son estimatorias, bien totalmente, parcialmente o formalmente.

El 85 % de las reclamaciones admitidas fueron estimadas total o parcialmente. ¿Es una cifra que evidencia que las administraciones siguen denegando o retrasando información que deberían facilitar desde el primer momento?

De las reclamaciones admitidas a trámite, solo un 1 % se desestima. Es verdad que hay algunas, un 15 %, que se inadmiten y la razón básicamente es porque no solicitan una información pública. Pero cuando se trata de información pública solo se desestima un 1 % de las reclamaciones. Por lo tanto, la ciudadanía cada vez solicita información de forma más adecuada y reclama al Comisionado con razones para reclamar.

Cerca del 90 % de las resoluciones del Comisionado terminan siendo cumplidas, pero muchas veces solo después de que el ciudadano haya tenido que reclamar. ¿Qué mecanismos deberían reforzarse para que acceder a la información pública no dependa de la insistencia, del conocimiento jurídico o del tiempo disponible de cada persona?

Yo lo que creo es que, primero, las entidades públicas deberían garantizar ese derecho, es decir, deberían destinar recursos a contestarle a los ciudadanos. Nosotros intentamos combatir ese silencio administrativo formando a técnicos, pero también a responsables públicos. No cabe duda de que las prioridades las deciden los responsables políticos.

Por eso es importante que se entienda que cumplir con los ciudadanos no es solo una obligación legal, sino también una parte del buen gobierno y una inversión en confianza. Invertir en transparencia es invertir en confianza en la ciudadanía. También tienen que cumplir con la transparencia las entidades privadas que reciben fondos públicos.

El Comisionado ha comenzado a utilizar herramientas de inteligencia artificial en los procesos de evaluación. ¿Qué posibilidades ofrece esta tecnología para mejorar la transparencia y qué garantías deben establecerse para evitar errores, sesgos o decisiones que no puedan ser explicadas a la ciudadanía?

Para nosotros ha sido fundamental desde el inicio de esta legislatura facilitarle a las entidades el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Por eso tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías para facilitarles ese cumplimiento. Por ejemplo, hemos puesto un portal de transparencia estandarizado que han utilizado muchas entidades y también estamos intentando incorporar la inteligencia artificial, entrenándola con los parámetros que todas las entidades conocen, para que esa evaluación se pueda hacer de manera más sencilla, automática y continua.

Es verdad que siempre, siempre, siempre bajo la supervisión humana, porque no hay otra forma, pero nos ayuda a fiscalizar la transparencia y, sobre todo, a las entidades a cumplir con esa evaluación.

El informe vuelve a reclamar un refuerzo de los recursos humanos y técnicos del Comisionado ante el crecimiento de las reclamaciones y de sus funciones. ¿Puede el órgano seguir garantizando actualmente una respuesta ágil y eficaz o existe riesgo de que el aumento de la actividad termine desbordando su capacidad?

Somos apenas 11 personas y es verdad que anualmente aumenta el número de reclamaciones y, además, cada vez son más exhaustivas, porque hay que dedicarles más tiempo de estudio.

Estamos hablando de ámbitos muy diferenciados y de temas que hay que estudiar en profundidad para poder sacar una resolución con todas las garantías legales. Además, la ley nos dice que tenemos que resolver en tres meses y, si seguimos acumulando, la verdad es que se complica bastante.

De ahí la necesidad de que se nos dote de más personal para poder cumplir con las obligaciones que tenemos.

Su primer Plan Estratégico 2025-2029 plantea avanzar hacia una transparencia más útil, accesible y cercana. ¿Cuál debe ser el gran cambio de esta etapa: publicar más información o conseguir que los ciudadanos puedan encontrarla, comprenderla y utilizarla para exigir responsabilidades?

El plan estratégico lo que hace es ser la hoja de ruta para los próximos años y establecer cuáles son nuestras prioridades estratégicas.

De ahí la importancia de establecer un sistema metodológico de evaluación más potente, que valore de forma homogénea y precisa el grado de cumplimiento de las evaluaciones de transparencia, pero también el fortalecimiento de la organización.

Y algo muy importante, que yo creo que es el vertebrador de todo el plan estratégico, es el impulso de la cultura de la transparencia. Para mejorar no solo la cantidad de datos, sino, sobre todo, la calidad y la accesibilidad de esos datos, facilitando que cualquier ciudadano pueda comprender la información pública.

Y, evidentemente, esto lleva aparejada una modificación normativa en la que está trabajando el Gobierno de Canarias y que nosotros también intentaremos impulsar con un reglamento propio del Comisionado de Transparencia.

Después de diez años de evaluaciones, ¿cuál considera que continúa siendo la principal asignatura pendiente de Canarias en materia de transparencia y qué compromiso concreto pediría hoy a todas las administraciones públicas del Archipiélago?

Yo creo que lo fundamental tiene que ser luchar contra ese silencio administrativo y que la transparencia, como práctica generalizada, se integre en el ADN de las instituciones públicas. Me parece que son los dos aspectos fundamentales.

Básicamente, en el momento en el que estamos no podemos permitir que las instituciones se permitan el lujo de no contestar a la ciudadanía con esa información pública que solicita.

Yo creo que la ciudadanía canaria cada vez ejerce más su derecho a saber y a obtener información, tanto a través de los portales como de las solicitudes de derecho de acceso o de las denuncias por publicidad activa que puedan presentar.