Gloria Oramas: “Canarias lleva varios años siendo la comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad de España”
Gloria Oramas. Decana del Colegio Oficial de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife
La Justicia española afronta una profunda transformación con la implantación de los Tribunales de Instancia y la Ley de Eficiencia. Desde la perspectiva de la Procura, ¿qué balance hace de estos primeros meses de aplicación?
Aún es pronto para hacer un balance definitivo, ya que se trata de una reforma muy reciente y de gran alcance. El paso del modelo tradicional de juzgados a los Tribunales de Instancia supone una profunda reorganización de la oficina judicial y una nueva forma de trabajar para todos los operadores jurídicos.
En Canarias, la implantación concluyó en marzo de 2026 y actualmente nos encontramos en una fase de adaptación. El proceso se desarrolló en tres fases: comenzó en los partidos judiciales más pequeños, continuó en los de tamaño medio, como La Laguna, y finalizó en grandes partidos judiciales como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, donde la experiencia acumulada permitió reducir las incidencias. El objetivo de este nuevo modelo es conseguir una Justicia más homogénea, coordinada y ágil. La reforma es positiva, aunque un cambio de esta magnitud requiere tiempo y una financiación suficiente. El Gobierno de Canarias ha realizado un importante esfuerzo, pero aún son necesarios más recursos.
También ha sido fundamental la colaboración entre la Administración y los operadores jurídicos. La comisión de seguimiento creada para analizar incidencias y proponer mejoras está contribuyendo a que la implantación avance de forma más eficaz.
La figura del procurador ha evolucionado y hoy va mucho más allá de la representación procesal. Sin embargo, sigue siendo una profesión poco conocida por la ciudadanía. ¿Continúa existiendo ese desconocimiento?
Sí, sin duda. El ciudadano suele conocer la figura del procurador únicamente cuando inicia un procedimiento judicial. Es entonces cuando descubre que existe un profesional encargado de representarle ante los tribunales, controlar los plazos procesales y garantizar el correcto desarrollo del procedimiento.
Nuestra función consiste en servir de enlace entre el ciudadano, el abogado y la Administración de Justicia. Desempeñamos una labor de servicio público bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia y, al mismo tiempo, prestamos un servicio profesional al cliente en coordinación con su abogado. Por ello estamos realizando un importante esfuerzo divulgativo desde el Colegio, especialmente a través de nuestras redes sociales y distintas acciones informativas, con el objetivo de acercar la Procura a la sociedad y dar a conocer el valor que aporta al funcionamiento de la Justicia.
La digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, prometen agilizar los procedimientos judiciales. Sin embargo, todavía existen importantes dificultades técnicas. ¿Se está avanzando al ritmo necesario?
La digitalización constituye un avance imprescindible. Hoy podemos presentar escritos, recibir notificaciones, realizar gestiones con registros y desarrollar gran parte de nuestro trabajo desde el despacho, reduciendo tiempos y desplazamientos. No obstante, todavía existen problemas importantes de interoperabilidad entre plataformas, incompatibilidades entre aplicaciones e incidencias técnicas que afectan al normal funcionamiento del servicio.
Siempre digo que actualmente existen diferentes niveles de desarrollo tecnológico dentro de la Justicia española. Algunas comunidades autónomas disponen de sistemas muy avanzados, mientras que otras todavía necesitan mejorar determinados aspectos. Canarias ha dado un paso muy importante durante el último año, aunque todavía queda camino por recorrer.
La tecnología debe convertirse en una herramienta estable, segura y eficaz. Para ello resulta imprescindible contar con plataformas sólidas y con servicios de asistencia técnica capaces de resolver con rapidez cualquier incidencia que pueda surgir.
Uno de los principales objetivos de la Ley de Eficiencia es potenciar los medios adecuados de solución de controversias para reducir la litigiosidad. ¿Cree que esta cultura del acuerdo terminará consolidándose?
Llevará un proceso gradual. En España todavía no existe una cultura plenamente consolidada de resolución extrajudicial de conflictos, pero estos mecanismos representan una oportunidad para ofrecer soluciones más rápidas, menos costosas y más satisfactorias para las partes, en procedimientos sencillos.
La ley exige acreditar un intento previo de acuerdo antes de acudir al procedimiento judicial en determinados asuntos. El objetivo es que solo lleguen a los tribunales aquellos conflictos en los que realmente no ha sido posible alcanzar una solución consensuada. No obstante, todavía existen dudas sobre la forma de acreditar correctamente ese intento de acuerdo y sobre los criterios que aplicarán los juzgados para admitir esa documentación. Será necesario que la práctica judicial y el desarrollo normativo aporten mayor seguridad jurídica.
Canarias continúa reclamando mejoras en sus infraestructuras judiciales y una mayor agilidad en la respuesta de los tribunales. ¿Cuáles considera que son actualmente las principales carencias del sistema judicial en las Islas?
Canarias lleva varios años siendo la comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad de España. A ello se añade la fragmentación territorial propia del archipiélago, que genera dificultades organizativas adicionales. Las principales carencias siguen siendo la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y los retrasos en la tramitación de los procedimientos.
Además, no todas las islas disponen de los mismos recursos ni cuentan con idénticos servicios especializados, lo que repercute directamente en los tiempos de respuesta que recibe el ciudadano. Nuestro objetivo debe ser garantizar que el lugar de residencia no condicione la calidad del servicio público de Justicia. Para ello es necesario reforzar las plantillas, cubrir con mayor rapidez las vacantes, mejorar las infraestructuras judiciales y continuar invirtiendo en tecnología.
Necesitamos más tecnología, más personal y una Justicia que responda igual en todas las islas
La Procura vive un momento de transformación, con nuevas funciones y mayores responsabilidades. ¿Cuáles son las principales oportunidades para la profesión y las líneas de actuación del Ilustre Colegio Oficial de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife?
La Procura está llamada a desempeñar un papel cada vez más relevante dentro de la Administración de Justicia. Desde el Ilustre Colegio Oficial de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con el Consejo Canario de Colegios de Procuradores, trabajamos sobre tres ejes fundamentales.
El primero es la innovación tecnológica, impulsando la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, la automatización de procesos y una mayor interoperabilidad entre los distintos sistemas judiciales. El segundo es el fortalecimiento de la profesión, consolidando al procurador como un colaborador esencial de la Administración de Justicia, especialmente en la fase de ejecución de las resoluciones judiciales. Por último, queremos acercar la Procura a la sociedad mediante convenios con universidades e instituciones, acciones formativas y divulgativas, y reforzando nuestro compromiso con el turno de oficio.
Además, recientemente se ha aprobado la Ley de la Pasarela al RETA. ¿Qué valoración hace de esta reforma?
La aprobación de la Ley de la Pasarela al RETA supone un avance muy importante para nuestro colectivo, ya que permitirá a más de 80.000 abogados y procuradores mutualistas trasladar voluntariamente sus derechos económicos al sistema público de la Seguridad Social. Sin embargo, la norma mantiene la exclusión de los mutualistas ya jubilados y deja pendientes aspectos esenciales que deberán concretarse en el futuro reglamento, como la fórmula de conversión de las cotizaciones o el procedimiento para el traspaso de los fondos.
La Mutualidad de Procuradores ha transmitido un mensaje de tranquilidad, destacando que mantiene una ratio de solvencia del 194%, lo que garantiza el cumplimiento de todos sus compromisos.
En definitiva, se trata de una reforma histórica que supone un paso adelante para la profesión, aunque todavía quedan cuestiones importantes por desarrollar para ofrecer mayor seguridad jurídica al colectivo.
