Rafael Martínez Muñoz: “Queremos que Arona deje de partir de cero y tenga una política de vivienda con continuidad”
Rafael Martínez. Concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Arona
El acceso a la vivienda sigue siendo una de las mayores preocupaciones en un municipio turístico como Arona. ¿Qué nuevas promociones o actuaciones tiene previsto impulsar la Concejalía para incrementar el parque público de viviendas más allá del proyecto de Marazul?
Seguimos buscando activamente suelo municipal que pueda cederse al Instituto Canario de la Vivienda para promover nuevas viviendas públicas. Además, estamos trabajando con el Gobierno de Canarias en una segunda vía: poner suelo a disposición de proyectos de vivienda asequible.
El Ayuntamiento también es propietario de algunas construcciones que llevan décadas sin uso y estamos estudiando si pueden rehabilitarse y destinarse a vivienda.
A todo ello se suma el trabajo que están realizando la alcaldesa, Fátima Lemes, y su concejal de Urbanismo, Javier Baute. Se ha pasado de una media de una o dos licencias de vivienda durante los cinco años anteriores a 547 en aproximadamente un año y medio. La vivienda privada también forma parte de la solución, porque necesitamos aumentar la oferta disponible en el municipio.
Nuestra visión es clara: cuanto mayor sea la oferta de vivienda pública, asequible y privada, más posibilidades habrá de avanzar hacia unos precios razonables. El balance todavía es insuficiente, porque la necesidad es muy grande, pero durante estos tres años se han empezado a construir unas bases que antes no existían.
El Ayuntamiento trabaja para alcanzar un acuerdo con Gestur que permita desbloquear el desarrollo de Cho-Parque de la Reina después de más de 40 años de conflicto urbanístico. ¿Confía en que 2026 sea el año en el que se cierre definitivamente este expediente y qué impacto tendría para el crecimiento residencial del municipio?
Es un asunto que está trabajando directamente el Área de Urbanismo y que arrastra más de cuatro décadas sin una solución definitiva. Hay más de una treintena de personas afectadas que llevan muchos años esperando una respuesta.
No sería responsable adelantar una fecha concreta mientras continúan las negociaciones y los procedimientos administrativos, pero existe una voluntad clara de avanzar y resolver el problema cuanto antes.
Alcanzar un acuerdo permitiría ofrecer seguridad jurídica a las personas afectadas y dar un paso importante para ordenar y desarrollar correctamente este ámbito del municipio.
El desbloqueo de las primeras licencias del Plan Parcial El Mojón supone un hito urbanístico y apuesta por un modelo que prioriza la vivienda residencial frente a la vacacional. ¿Considera que este tipo de planificación puede contribuir a equilibrar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda para los residentes?
Sí. La nueva normativa obliga a los ayuntamientos a ordenar y regular la vivienda vacacional. Muchas de las viviendas que actualmente se destinan a esta actividad podrán cumplir los requisitos establecidos, pero otras no.
En esos casos, serán sus propietarios quienes decidan qué uso darles, aunque es razonable pensar que una parte pueda volver al mercado residencial, tanto mediante la venta como a través del alquiler. Eso contribuiría a incrementar la oferta disponible.
La solución al problema de la vivienda requiere actuar desde diferentes frentes: construir vivienda pública, facilitar vivienda asequible, agilizar la promoción privada y favorecer que determinadas viviendas regresen al mercado residencial. Todo lo que permita ampliar el parque de vivienda contribuye a equilibrar la oferta y la demanda y a mejorar las posibilidades de acceso de los residentes.
“Hemos pasado de una o dos licencias de vivienda a 547 en apenas un año y medio”
El Presupuesto Municipal de 2026 refuerza las áreas de carácter social, entre ellas Vivienda. ¿Qué proyectos considera prioritarios ejecutar con estos recursos y cuáles tendrán un impacto más inmediato para los vecinos que buscan una vivienda digna?
El presupuesto específico de Vivienda no aumentó y recibimos críticas de la oposición por ello, pero la explicación es sencilla: ya existe una partida superior a los ocho millones de euros destinada a actuaciones relacionadas con vivienda.
Antes de consignar nuevos recursos, lo responsable es movilizar y ejecutar correctamente los fondos que ya están disponibles. Incrementar una partida sin haber utilizado previamente los recursos existentes no sería ni lógico ni razonable.
Entre las actuaciones que estamos estudiando se encuentra la rehabilitación integral de inmuebles municipales que llevan muchos años sin uso. Ahora debemos analizar su situación jurídica y técnica para determinar cuáles pueden recuperarse y destinarse a vivienda.
En Canarias existe un intenso debate sobre la necesidad de aumentar la oferta de vivienda protegida y agilizar los desarrollos urbanísticos. Desde la experiencia de Arona, ¿qué cambios legislativos o administrativos cree que serían necesarios para acelerar la construcción de viviendas sin renunciar a un crecimiento ordenado y sostenible?
Necesitamos menos burocracia, una mayor coordinación entre administraciones y herramientas legales que impidan que determinados expedientes se prolonguen durante décadas y afecten a varias generaciones.
Pero el elemento fundamental es el suelo. Si no existen instrumentos que permitan obtener, ordenar y movilizar suelo con mayor agilidad, será muy difícil construir la vivienda que necesitamos.
El Ayuntamiento ha impulsado la construcción de 59 viviendas protegidas de promoción pública en la parcela Marazul, una actuación con una inversión superior a los 11,4 millones de euros financiada con fondos europeos. ¿Qué supondrá este proyecto para las familias de Arona y qué garantías existen para que los plazos de ejecución previstos puedan cumplirse?
En este caso es importante aclarar que la licitación y ejecución del proyecto corresponden al Instituto Canario de la Vivienda, el ICAVI. El Ayuntamiento de Arona aportó el suelo y está colaborando en todo lo posible para que la promoción salga adelante.
La licitación quedó desierta en enero y el plazo inicial de los fondos europeos, fijado en junio de 2026, dificultaba una nueva adjudicación. El ICAVI trabaja para ampliarlo hasta diciembre de 2028 y esperamos novedades sobre la nueva licitación en las próximas semanas.
Además, desde el Ayuntamiento hemos consultado a constructoras y promotores para conocer las causas y trasladar esa información a la administración responsable.
Para finalizar, ¿cuáles son los principales objetivos que se ha marcado la Concejalía de Vivienda para lo que resta de 2026 y qué le gustaría que los ciudadanos de Arona pudieran percibir como el mayor avance en materia de vivienda antes de que finalice el año?
El primer objetivo es dotar al Área de Vivienda de personal técnico propio. Actualmente carecemos de ese perfil y es imprescindible para poder tramitar, planificar y desarrollar los proyectos con mayor agilidad.
El segundo es terminar de establecer toda la estructura administrativa y técnica necesaria. Es un trabajo que probablemente no se perciba desde fuera, pero sin esos cimientos no se pueden impulsar políticas de vivienda sólidas.
Y el tercer objetivo es avanzar en las primeras promociones de vivienda pública o asequible. No quiero prometer plazos que dependen de procedimientos complejos y de otras administraciones, pero sí tenemos claro que, una vez consigamos desbloquear la primera actuación y establecer el sistema de trabajo, las siguientes podrán avanzar con mucha más rapidez.
Lo importante es que Arona deje de partir de cero y cuente, por fin, con una política de vivienda planificada y con continuidad.
