Óscar Hernández: “El objetivo es que la vivienda pública tenga un impacto real y directo en la vida de las personas”
Óscar Hernández. Alcalde de Agüimes
Agüimes se ha convertido en uno de los municipios que más está apostando por ampliar su parque de vivienda protegida. ¿Qué estrategia está siguiendo el Ayuntamiento para facilitar el acceso a una vivienda asequible sin perder el equilibrio entre crecimiento urbano y calidad de vida?
Siempre hemos sido muy respetuosos y comedidos con el desarrollo del municipio. Queremos seguir siendo un pueblo, crecer, pero sin modificar la realidad física del territorio.
En años anteriores promovimos suelo para autoconstrucción, buscando terrenos por debajo del precio de mercado para que los vecinos pudieran construir su propia vivienda. El problema es que, una vez que ese suelo pasa a manos particulares, aunque sea de forma legítima, entra también en las dinámicas del mercado.
La diferencia de este nuevo proyecto de vivienda pública es precisamente esa: queremos que la vivienda siga siendo siempre pública. Que el esfuerzo que hace la Administración para facilitar el acceso a una vivienda tenga un efecto permanente.
Es un modelo que ya funciona en lugares como Viena o Singapur: disponer de un gran parque público de viviendas con precios muy por debajo del mercado, donde el objetivo no sea el beneficio, sino atender una necesidad social.
La idea es que el Ayuntamiento haga las renuncias necesarias para que ese ahorro repercuta directamente en el alquiler que paga el ciudadano. Es decir, una persona puede vivir toda su vida en esa vivienda, pero no es suya, sino pública. Mientras mantenga las condiciones que le permiten acceder a ella, podrá seguir viviendo allí; si su situación económica cambia, tendría que acudir al mercado libre.
La dificultad para encontrar vivienda ya no afecta solo a los jóvenes, sino también a trabajadores esenciales y familias con ingresos medios. ¿Qué medidas está impulsando Agüimes para evitar que el problema de la vivienda termine afectando al desarrollo económico y social del municipio?
Se trata precisamente de eso. Hemos analizado la población por franjas de edad —hasta 30 años, de 30 a 60 y mayores de 60—, diferenciando también entre parejas y personas que viven solas. Y hemos trasladado esa realidad a los cupos de vivienda previstos tanto en esta primera fase como en la segunda.
¿Y cómo se traduce esto directamente para los ciudadanos? En algo muy sencillo: en su bolsillo. Tenemos establecido un precio máximo de unos 7 euros por metro cuadrado, cuando actualmente el mercado se mueve en torno a los 15, 16 o incluso 18 euros.
Por poner un ejemplo, una persona que hoy está pagando alrededor de 1.100 euros de alquiler en Arinaga podría pasar a pagar unos 350 o 400 euros, incluyendo una plaza de garaje, por una vivienda de unos 60 metros cuadrados. Ese ahorro supone, directamente, disponer de más recursos y mejorar la calidad de vida.
En definitiva, esa es la filosofía del proyecto: que la vivienda pública tenga un impacto real y directo en la vida de las personas.
Canarias necesita construir más vivienda, pero también agilizar los procesos administrativos. Desde su experiencia como alcalde, ¿qué cambios considera imprescindibles para reducir los tiempos de licencias y hacer viables nuevos proyectos residenciales?
Sí. Creo que el Gobierno de Canarias ha aprobado dos decretos ley fundamentales para agilizar los plazos y, especialmente, la tramitación de licencias.
Uno de los aspectos más importantes es que terceros puedan validar la parte técnica de los proyectos que cumplen con el planeamiento municipal. Esto permite agilizar los procedimientos sin restar competencias a los ayuntamientos. En muchos municipios no tenemos grandes retrasos; cuando un proyecto se ajusta al planeamiento, podemos hablar de una media de tres o cuatro meses. Pero esta medida puede reducir aún más esos plazos.
Es cierto que en algunas ciudades existe preocupación entre los funcionarios por una posible pérdida de competencias, pero creo que es justamente lo contrario. Un arquitecto externo tiene la misma cualificación profesional para verificar que se cumplen los parámetros técnicos que el arquitecto municipal.
Además, el decreto permite aumentar el número de plantas hasta el máximo previsto en el planeamiento sin tener que modificarlo, y aprovechar determinados suelos dotacionales que sabemos que no vamos a utilizar. Todo ello amplía la capacidad de los ayuntamientos para poner suelo a disposición y facilitar la construcción de vivienda pública.
El municipio cuenta con importantes zonas industriales y una creciente actividad económica que atrae población. ¿Cómo se planifica el crecimiento residencial para que vaya acompañado de infraestructuras, servicios públicos y espacios comunitarios suficientes?
Respetando siempre las proporciones establecidas en el planeamiento, nosotros hemos sido muy escrupulosos con este aspecto. Si la normativa establece, por ejemplo, ocho metros cuadrados por habitante de espacios verdes o equipamientos públicos, nosotros hemos procurado estar siempre por encima, llegando incluso a 12 o 16 metros cuadrados.
Nuestra filosofía ha sido evitar concentraciones excesivas de población y garantizar que existan suficientes espacios libres y servicios públicos. En aquellos casos en los que, por determinadas circunstancias, se aumenta la edificabilidad o el número de plantas y puede generarse algún déficit puntual de espacios comunitarios, lo compensamos en los desarrollos urbanísticos próximos.
De esta manera, conseguimos mantener el equilibrio del entorno y evitar una acumulación excesiva de población sin los espacios necesarios. Al final, se trata de que el crecimiento urbanístico vaya siempre acompañado de espacios libres y equipamientos suficientes para garantizar la calidad de vida de los vecinos.
“Nuestra filosofía ha sido evitar concentraciones excesivas de población”
La presión de la vivienda vacacional y el incremento del precio del alquiler están transformando muchos municipios canarios. ¿Cómo puede encontrarse un equilibrio entre el desarrollo turístico y el derecho de los residentes a acceder a una vivienda digna y estable?
No tengo ninguna duda de que existe una vinculación directa.
De hecho, nosotros no estamos concediendo este tipo de autorizaciones, pero durante la tramitación de la ley que regula la vivienda vacacional, hubo personas que construyeron edificios en determinados municipios con la intención de destinarlos a este uso. Yo, particularmente, estoy absolutamente en contra de esa práctica. Las zonas residenciales son para uso residencial.
Quien quiera desarrollar una actividad turística debe hacerlo en aquellos espacios donde el suelo esté específicamente destinado y reconocido para ese uso. Para nosotros, el suelo urbano residencial es residencial, no turístico, y vamos a ser tajantes en el cumplimiento de esta premisa.
Para finalizar, ¿cuáles son los principales objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento de Agüimes en materia de vivienda para lo que resta de 2026 y qué proyectos le gustaría dejar encaminados?
Espero poder sacar antes de que termine el año la licitación para adjudicar dos parcelas: una en Arinaga, de algo más de 3.000 metros cuadrados, destinada a unas 124 viviendas, y otra en Agüimes, de algo más de 1.000 metros cuadrados, para alrededor de 48 viviendas.
De forma paralela, a principios de 2027 queremos licitar las otras parcelas situadas en el Cruce de Arinaga, que suman unos 19.000 metros cuadrados distribuidos en diferentes parcelas.
El objetivo es que, en un plazo aproximado de dos años, podamos empezar a dar respuesta real a una de las principales necesidades que tenemos actualmente: facilitar a nuestros vecinos el acceso a una vivienda asequible.
