Canarias recibirá 2.786 millones de los fondos europeos FEDER y FSE+ en el período 2021-2027
El primero se centra en la transición digital inteligente, conectividad digital y movilidad, mientras que el segundo invierte en derechos sociales, haciendo especial hincapié en el empleo y la formación
La Comisión Europea ha aprobado los programas FEDER y FSE+ para Canarias, que contarán con una dotación conjunta de 1.544 millones de euros que el Gobierno autónomo gestionará directamente hasta el año 2027, a lo que se suman 1.242 millones que el Estado invertirá en las Islas, con cargo a los programas plurirregionales de ambos instrumentos.
Según ha informado la Vicepresidencia del Gobierno canario, los recursos del FEDER y del FSE+ en el periodo 2021 a 2027 suponen un incremento de 266 millones de euros con respecto al anterior período (2014-2020), un 20,8% más.
El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha indicado en un comunicado que se trata de medidas “especialmente favorables”, tanto por el volumen de fondos conseguido y por mantener la cofinanciación del 85% del gasto a cargo de los fondos europeos, como por ampliar la dotación especifica RUP también al FSE+.
En total, será una inversión de 3.277 millones de euros hasta el año 2027 si se suma la contribución de las administraciones autonómica y estatal (el 15%) a los 2.786 millones.
Las decisiones de la Comisión estipulan una financiación europea de 1.097 millones para el FEDER y de 446,5 millones de euros para el FSE+. En el anterior período estas cantidades ascendieron a 997,6 millones y 279,6 millones de euros, respectivamente.
La principal diferencia estriba en las aportaciones del FSE+, que incluyen por primera vez una asignación por la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias, que asciende a 165 millones de euros.
Por lo que respecta al FEDER, las prioridades políticas establecidas por la Unión Europea son “Transición digital inteligente y conectividad digital”; “Transición verde y movilidad urbana”; “Movilidad” y “Transformación Social”.
Estos cuatro grandes objetivos políticos se desagregan en objetivos específicos, cada uno de ellos con su propia financiación ya determinada.
Así, Europa aportará 400 millones de euros al primer objetivo, que se concretarán en actividades e inversiones de I+D+I que contribuyan a una transformación económica innovadora e inteligente y a una conectividad regional en el ámbito de las TIC, así como a la creación y mejora de la competitividad de las empresas.
En el marco del objetivo de la transición verde, la UE invertirá 358 millones de euros en actividades e inversiones que contribuyan a una economía con cero emisiones netas de carbono, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible.
Completan la programación los objetivos políticos sobre la movilidad, al que se asignan 26,7 millones y sobre la transformación social, para el que se invertirán 311 millones de euros.
En cuanto al FSE+, se trata de un fondo que invierte en derechos sociales y cohesión económica, social y territorial, haciendo especial hincapié en el empleo y la formación.
En este nuevo período, el programa fusiona el anterior Fondo Social Europeo (FSE) con la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y una parte del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).
Rodríguez ha destacado que estos dos fondos constituyen una parte importante de la financiación que percibe Canarias de los presupuestos comunitarios, a lo que se suman los fondos agrarios, como el POSEICAN y el FEADER, o el Programa Interreg-MAC, hasta un total de 5.000 millones de euros.
La aprobación de los dos fondos por parte de la Comisión Europea, indica la Vicepresidencia, culmina un período de confección y elaboración de los programas, que han sido debatidos en Canarias con las organizaciones económicas y sociales más representativa y que fueron validados inicialmente por el Gobierno de Canarias el pasado verano para su remisión al Gobierno de España y a través de este a Bruselas para la aprobación definitiva.
