El Ayuntamiento de Santa Cruz da un paso decisivo para recuperar para la ciudad el dinero del “caso Las Teresitas”

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Publicado; 28 Noviembre 2019 A las; 13:27
Patricia Hernández

 

La alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha informado este miércoles en rueda de prensa de que la Audiencia Provincial ha embargado provisionalmente dos edificios propiedad de uno de los empresarios condenados por el “caso Las Teresitas”, Antonio Plasencia, para que sirvan de garantía para afrontar la pena de la sentencia y poder así liquidar la deuda contraída con el Consistorio.

Dicha deuda asciende actualmente a más de 97 millones de euros y la cantidad “sigue subiendo por los intereses de demora”, advirtió la primera edila antes de añadir que cuando tomó posesión como alcaldesa “sólo había 100 euros en las arcas municipales relacionadas con el caso Las Teresitas”.

Según detalló Patricia Hernández, las propiedades embargadas se corresponden con la actual sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, situada en la Avenida Tres de Mayo, y otro edificio ubicado en Cabo Llanos que el Cabildo de Tenerife intentó comprar para reconvertirlo en centro sociosanitario.

En el caso de la sede de la consejería, el Gobierno de Canarias alquiló el inmueble al precio de 300.000 euros mensuales, esto es, desembolsa por él más de tres millones de euros al año, pero, según informó Patricia Hernández, a partir de estos momentos el importe de ese alquiler quedará inmovilizado en los juzgados, hasta que la justicia se pronuncie definitivamente.

Se da la circunstancia de que dicho edificio cuenta con opción a compra superior a los 40 millones de euros y el Ejecutivo actual ya ha reservado más de nueve millones de euros en los presupuestos del próximo año.

En este sentido, la alcaldesa de Santa Cruz criticó “el colmo del cinismo” que algunos representantes de Coalición Canaria muestran “cuando dicen ahora que la sede de la Consejería de Educación es de Plasencia, cuando ya lo sabían desde antes y no hicieron nada por impedirlo”. 

Con esta idea la alcaldesa aclara que no hay inconveniente en que el Gobierno canario adquiera ese inmueble, puesto que si la justicia le da la razón al Ayuntamiento, ese dinero iría a parar directamente a las arcas municipales y no a las empresas vinculadas al condenado.

En este sentido, la alcaldesa explicó que con la resolución de la Audiencia Provincial se demuestra “el entramado societario establecido para eludir el pago” por la sentencia del caso Las Teresitas y que los condenados “han movido bienes con la intención de confundir”, además de “tomarle el pelo a la justicia y la ciudadanía intentando no pagar la deuda durante años”, algo que “les ha sido fácil” porque el Ayuntamiento no pidió la ejecución de sentencia cuando procedía y “miraba para otro lado”.

NO SE DESCARTA ACCIÓN PENAL

En esa misma línea, destacó que si no se ingresa la cantidad de dinero adeudada, el Consistorio capitalino pasará de la acción civil a la penal y que eso “será pronto".

Además, Patricia Hernández añadió que se están analizando otros “negocios jurídicos de los condenados que pudieran ser constitutivos de delito” y lamentó la inacción del anterior equipo de gobierno. “No hicieron ninguna acción y el Ayuntamiento tiene el deber de investigar”, señaló la regidora municipal.  

La cantidad adeudada al Ayuntamiento de Santa Cruz que la alcaldesa se ha comprometido a luchar por devolver a los chicharreros y las chicharreras podría ser afrontada en parte con ambos edificios embargados, cuyo valor total se estima en torno a los 30 millones.

Por último, sobre el pago de la parte de la condena que corresponde al empresario Ignacio González, fallecido en la cárcel la semana pasada, la alcaldesa ha indicado que el Ayuntamiento va a proseguir con las acciones y estará muy vigilante a su herencia.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha conseguido recuperar unos dos millones de la sentencia del caso las Teresitas, pero quedan unos 97 millones de euros que le corresponden a los chicharreros y las chicharreras por devolver. Patricia Hernández se comprometió a continuar sin descanso en su objetico de recuperar la totalidad del dinero.

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